442 falsos positivos entre 2004 y 2007 en Antioquia. En 26 de ellos las víctimas fueron niños. Casi todos eran campesinos, personas con discapacidad, en estado de indefensión, presas de la pobreza. Fueron víctimas de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas; los estigmatizaron, los presentaron como guerrilleros muertos en combate cuando eran solo civiles inocentes.
Por estos hechos, el pasado 19 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de Operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército, a 25 oficiales y 10 suboficiales más y a dos terceros civiles. La magistrada Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, habló de las pruebas que sustentan las imputaciones y lo que sigue para el proceso.
Antioquia es el departamento con más falsos positivos del país, ¿cómo fueron los años de esta imputación?
“Antioquia reúne una cuarta parte de las víctimas. Lo que encontramos es que en Antioquia esos hechos comenzaron a incrementarse desde 2002 y luego aún más en 2004, 2005, 2006. De hecho, 2004 es el año pico. El Oriente fue especialmente afectado y uno de los ejes de la jurisdicción de la Cuarta Brigada es el Oriente con el Batallón Jorge Eduardo Sánchez, el Bajes”.
¿Cuáles pruebas tienen contra los cuatro generales imputados?
“Lo que encontramos investigando en archivos de la Cancillería, los ministerios de Defensa y el Interior, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos es que muchas instituciones del Estado nacional y territorial, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Organización de Naciones Unidas, el Comité Institucional de Derechos Humanos de Antioquia le habían enviado comunicaciones directas, cartas formales a esos comandantes militares, donde les preguntaban por casos de desaparición forzada e incluso se referían a que estaban apareciendo personas reportadas como bajas en combate que habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Hubo informes públicos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, durante 2004, 2005, 2006, que se refieren a hechos ocurridos en jurisdicción de la Cuarta Brigada”.
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¿Qué han establecido del modus operandi en lo que ustedes reconocen como política de facto de conteo de cuerpos?
“Encontramos que los comandantes pusieron en marcha en los teatros de operaciones militares una política de facto, es decir de hecho, en la práctica de conteo de cuerpos, donde el indicador por excelencia del éxito era la baja, el reporte del muerto. Esa política estaba dotada de un músculo fuerte de incentivos, medallas, permisos, felicitaciones; y por otro lado de regaños, amenazas y presiones a quienes no reportaban muertos. Esa política desató el patrón macrocriminal. La mayoría de víctimas fueron campesinos del Oriente, pero también del Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, señaladas arbitrariamente, sin ciclo de inteligencia, de ser guerrilleros, auxiliadores o colaboradores de las guerrillas”.
¿Y cuál fue el papel de los dos terceros civiles imputados por ayudar en estos crímenes?
“Encontramos que las unidades militares se sirvieron de redes criminales de reclutadores para traer víctimas de otros territorios y ser asesinadas en Antioquia. Las personas eran traídas engañadas con falsas ofertas de trabajo desde, por ejemplo, la zona cafetera hasta Medellín, para ser ejecutadas en la jurisdicción de la Cuarta Brigada. La red de reclutadores se comportaba como una verdadera organización criminal, tenía división del trabajo, funcionaba como una máquina muy organizada y cobraba por víctima conseguida entre $2 y $3 millones”.
Uno de los hechos más graves son las ejecuciones de niños, ¿cómo fue ese patrón?
“Más de 20 víctimas fueron niños y niñas, sobre todo del Oriente, en Granada, Sonsón, que tuvo presencia importante de grupos guerrilleros. Todos los que no se desplazaron eran estigmatizados por las unidades militares como personas que auxiliaban a la guerrilla. Muchachos muy jóvenes, que no participaban en hostilidades, desarmados, en estado de indefensión, fueron señalados arbitrariamente de ser colaboradores de la guerrilla y asesinados para ser presentados falsamente como bajas en combate”.
El auto habla de tortura a víctimas directas y familiares, ¿cuáles hechos están confirmados?
“Encontramos 41 víctimas de tortura, especialmente se trataba de campesinos del Oriente antioqueño. Estas personas fueron pateadas, amarradas, golpeadas con las armas, presionándolos para que dieran información sobre supuestos guerrilleros o entregaran material de guerra o a guerrilleros que supuestamente tenían escondidos”.
La situación era tan grave que el entonces gobernador Aníbal Gaviria convocó una reunión, ¿qué se sabe de ese encuentro?
“Eso es un hito, lo recuerdan muchos comparecientes y testigos, un hito en el conocimiento sobre la ocurrencia de estos crímenes. El gobernador Aníbal Gaviria convocó una reunión de altísimo nivel, donde fueron delegados de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Defensa, todos los miembros del Comité Institucional de Derechos Humanos de Antioquia y Naciones Unidas. Naciones Unidas expuso casi 30 casos que tenían muy bien documentados, y luego la Procuraduría advirtió que podrían ser más de 100 casos, y allí estaban los comandantes militares. De hecho, el propio general González Peña nos narró esa reunión, relató haber estado allí; él afirma que se enteró de este fenómeno en la reunión, pero tenemos pruebas de que esas instituciones se habían dirigido directamente a él y había recibido alertas, informes y comunicados años atrás”.
Además de esa reunión, ustedes hablan de notas de la época de EL COLOMBIANO que sirvieron de material para la imputación, ¿qué encontraron?
“Encontramos que el periódico EL COLOMBIANO siguió las alertas, denuncias e informes que hacían organizaciones de la sociedad civil u organismos como la ONU o la Defensoría. Muchas noticias de EL COLOMBIANO dan cuenta de investigaciones de la Fiscalía y que recogen hechos concretos en Antioquia y también la reacción de los generales a esas denuncias y alertas. Hay una noticia específica que se refiere a cómo el general Rodríguez Clavijo desestimó esas denuncias como una expresión de lo que él llamaba la guerra jurídica contra el Ejército, decía que las instituciones públicas eran idiotas útiles de la guerrilla porque le hacían el juego dándole credibilidad a esas denuncias”.
¿Hasta qué punto reconocieron estos hechos los imputados en las versiones que han rendido?
“Las 41 personas imputadas, entre ellos los cuatro generales, rindieron versión voluntaria ante la evidencia que les presentamos en las diligencias. Algunos aportaron verdad, algunos confesaron en la versión, otros no. En el caso de los generales y otros coroneles aportaron documentos muy valiosos. Todos los imputados tienen 30 días hábiles para decidir si reconocen o si se van por la vía adversarial con todas las garantías”.
En la primera imputación del subcaso el general Mario Montoya no aceptó, ¿cómo va su proceso?
“Él fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación porque no reconoció su responsabilidad. Luego él intentó una nulidad, la sección de apelaciones resolvió que esa nulidad era improcedente y, por ello, hacia finales del año pasado, el caso del general Montoya fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación. Otros siete imputados en ese caso reconocieron su responsabilidad y están pendientes de la audiencia pública de reconocimiento. Sobre una decisión del general Montoya escapa a mi comprensión, porque la decisión sobre qué sigue en el proceso del general Montoya, si es acusado o no, es una decisión de la Unidad de Investigación y Acusación y la remisión de nuestra parte a la UIA ocurrió hacia finales del año pasado”.
¿En concreto qué falta en la investigación del subcaso Antioquia por falsos positivos?
“La investigación a profundidad en el territorio antioqueño está terminando. Tenemos pendiente escuchar algunas versiones importantes de la Brigada 14 en el Magdalena Medio, pero ya estamos llegando al fin sobre la investigación en Antioquia”.