Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las piedras angulares de su Gobierno.
Recientemente se conoció que durante su primer mes en el poder, su administración ya logró la detención de más de 20.000 inmigrantes indocumentados, esto según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Sin lugar a duda, la política antimigratoria de Trump es agresiva y él está sumando esfuerzos para llevarla a cabo. La cifra supera significativamente el nivel de arrestos que se registraron durante el gobierno de Joe Biden, quien en su último año como líder de la Casa Blanca reportó alrededor de 33.000 detenciones en comunidades migrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) intensificó las redadas tras la toma de posesión de Trump. La estrategia del magnate es efectiva y pone a las agencias en sincronía. El ICE, por ejemplo, publicó diariamente los totales de arrestos durante las primeras dos semanas de su mandato, enviando un mensaje a los demás indocumentados del país.
El endurecimiento de la política migratoria también ha traído consigo medidas drásticas que han sido cuestionadas por miembros de las agencias. Entre ellas, una orden para que los agentes de ICE rastreen y deporten a miles de menores inmigrantes que ingresaron a EE.UU. sin sus padres, enfrentando a niños y niñas a al complejo proceso de expulsión.
Los cuestionamientos a tales medidas no tienen lugar para Trump, la semana pasada fue destituido el director temporal del ICE, esto a raíz de cuestionamientos que el hombre hizo a las estrategias que usa su agencia para atrapar inmigrantes.
Además de estas redadas y persecuciones, la administración Trump evalúa la posibilidad de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una polémica norma creada durante tiempos de guerra que le otorgaría la capacidad de deportar a ciertos inmigrantes sin necesidad de un debido proceso.
Aunque la aplicación de esta ley se encuentra en fase de discusión dentro de varias agencias gubernamentales, fuentes cercanas al Gobierno aseguraron a CNN que la Trump está decidido a buscar la forma de aplicarla y a acelerar su implementación.
El principal objetivo que tiene el magnate para poner en marcha esta ley, sería perseguir a los miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional de origen venezolano que recientemente designado como organización terrorista extranjera. Esta medida podría allanar el camino para deportaciones masivas sin las garantías legales habituales.
Sin embargo, pese al afán de la Casa Blanca por pisar fuerte, varias de las acciones migratorias de Trump han encontrado obstáculos en los tribunales. Con jueces y estados que se oponen a algunas de sus iniciativas, proyectos como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento se han visto truncados por ahora.
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Entre los casos más recientes, un juez federal en Seattle bloqueó una orden ejecutiva que suspendía las admisiones y el financiamiento para refugiados. Lo que da cuenta de la polarización y la oposición que hay a las políticas migratorias de la administración republicana.
Para Trump, los retos legales hacen parte de “la burocracia” y él y sus miembros del Gabinete siguen defendiendo su postura con firmeza. En su discurso inaugural, el líder fue contundente y reiteró su compromiso de endurecer las políticas migratorias para combatir lo que considera una crisis en la frontera sur. “Necesitamos proteger nuestro país de aquellos que entran de manera ilegal y representan una amenaza para nuestra seguridad”, declaró el mandatario.
La situación para los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja. El mandatario además anunció un nuevo formato de registro que deberán llenar todos los indocumentados mayores de 14 años en su país. Advirtiendo que quien sea detenido y no haya completado el formato se podría enfrentar no solo a la deportación, si no a multas por hasta 5.000 dólar y seis meses de prisión.