El alcalde Galán sigue en su cruzada en contra del polémico proyecto de resolución de Minambiente que se mete de lleno con el ordenamiento de Bogotá frente a las áreas protegidas y plantea importantes limitaciones para importantes proyectos de infraestructura.
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El burgomaestre se mostró visiblemente contrariado por el documento gubernamental, al cual calificó como falto de transparencia, visibilidad y concertación. Adicionalmente, advirtió sobre posibles medidas legales para contrarrestar lo que considera un “bloqueo” del Gobierno a la capital.
Según destacó Galán, la acción del ejecutivo afecta incluso obras que estaban ya incluidas en el ordenamiento de la ciudad desde la alcaldía de Gustavo Petro y que son consideradas estratégicas para el contexto del área metropolitana de Bogotá.
“El Gobierno se ha puesto en la tarea de bloquear a Bogotá, presentar una demanda contra la Boyacá hasta el norte para tratar de frenarla aunque, curiosamente, estaba en la MEPOT (modificación excepcional del POT) del presidente Petro cuando fue alcalde y ahora la demandan para que no se pueda hacer”, señaló en entrevista con Noticias Caracol.
Galán indicó que la falta de claridad en la resolución deja mucho a la interpretación y no específica qué autoridad va a tomar las decisiones que emanen del análisis técnico en cuanto al lineamiento de las zonas de protección ambiental, lo que afectaría radicalmente proyectos como la expansión de la Autopista Norte.
“No es absurdo pensar que este Gobierno quiera frenar proyectos, porque le ha puesto trabas al metro, tiene frenada la Autopista Norte, que es una obra estratégica de la ciudad y está en manos de la Ani y la Anla. No ha avanzado con la Alo Sur, que fue adjudicada en 2021 y es fundamental para Bogotá”, manifestó el alcalde.
¿Qué dicen las constructoras sobre la resolución del Ministerio de Ambiente para Bogotá?
Camacol Bogotá y Cundinamarca advierte que la resolución ambiental del Ministerio de Ambiente amenaza con bloquear 2.930 hectáreas de suelo urbanizable en Bogotá y la Sabana, poniendo en riesgo la construcción de 360.000 viviendas, incluidas Viviendas de Interés Social (VIS), que representan el 65 % de los proyectos afectados.
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Esta medida impactaría directamente a miles de familias que buscan acceso a vivienda formal, además de detener 60 planes parciales clave para el desarrollo ordenado de la región.
El gremio señala que el proyecto fue elaborado de manera unilateral por el Gobierno Nacional, sin participación ciudadana ni concertación con autoridades locales. Desde la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, también se critica que la resolución ignora dinámicas sociales, demográficas y económicas cruciales para una visión sostenible.