La desigualdad de género sigue siendo un obstáculo en el acceso a una jubilación digna en Colombia. Diversos estudios han demostrado que las mujeres enfrentan mayores dificultades para pensionarse y, cuando lo logran, reciben en promedio un 28% menos que los hombres.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las mujeres colombianas tienen un 37% menos de probabilidades de pensionarse en comparación con los hombres.
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Además, solo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilación recibe una pensión, frente al 22,5% de los hombres.
En zonas rurales, la situación es aún más crítica, ya que las oportunidades laborales formales para las mujeres son considerablemente menores.
La desigualdad salarial también incide en esta problemática. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres impacta directamente en el monto de las cotizaciones y, por ende, en el valor de la pensión final.
A esto se suma la edad de jubilación: mientras los hombres deben cotizar hasta los 62 años, las mujeres se retiran a los 57, lo que reduce sus años de aportes al sistema.
Otro factor determinante es el trabajo de cuidado no remunerado. Según datos del DANE, en 2024 las mujeres dedicaron cuatro veces más tiempo que los hombres a estas tareas, lo que limita su participación en el mercado laboral formal y su capacidad de cotizar para la vejez. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la tasa de participación laboral femenina en Colombia es del 51%, en comparación con el 75% de los hombres.
Ante este panorama, el ahorro voluntario se presenta como una solución para reducir la brecha. Estudios de Protección han demostrado que una mujer de 25 años que destine el 10% de su salario mensual al ahorro voluntario podría incrementar su pensión en un 41%. No obstante, la cultura del ahorro sigue siendo baja en el país: según Asobancaria, solo 4 de cada 10 ciudadanos destinan parte de sus ingresos a su jubilación.
La problemática requiere una solución estructural que contemple el fortalecimiento de la educación financiera, el cierre de la brecha salarial y políticas públicas que permitan una mayor equidad en el acceso al sistema pensional.