Esa debilidad institucional del Estado ha permitido que surjan bandas criminales que les cobran a los vendedores ambulantes el “derecho” a ubicarse en determinadas zonas de la ciudad.
Ante esta realidad, la Alcaldía expidió el Decreto 315 de 2024, que busca reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público y la explotación económica de su infraestructura pues, muchas veces, salvo contadas excepciones, no hay ninguna retribución a la ciudad por parte de las ventas ambulantes, la comida callejera, los locales comerciales que sacan su mercancía a la calle y hasta los talleres mecánicos que no tienen ningún inconveniente en realizar sus actividades en la vía pública.
Todo el que hace del espacio publico su medio de subsistencia reclama derechos sobre un bien que es de uso común y no particular. Tan es así, que han encontrado en las sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho al trabajo el mejor argumento para justificar la ocupación indebida del espacio público.
De allí que el decreto genere tanta tensión y molestia, en particular, en los vendedores ambulantes, quienes de entrada siempre se oponen a cualquier iniciativa que los afecte o modifique su statu quo.
No se trata de prohibir la presencia de ventas ambulantes en el espacio público, se trata de organizar y regular las actividades económicas que se desarrollan en él; de impedir que siga gobernado por mafias y bandas criminales
No se trata de prohibir la presencia de ventas ambulantes en el espacio público, se trata de organizar y regular las actividades económicas que se desarrollan en él; de impedir que siga gobernado por mafias y bandas criminales; de evitar que siga sucio y desordenado; y, sobre todo, de recuperar el sentido social y urbano de las aceras, parques, plazoletas y puentes peatonales.
Operativos del Dadep para controlar el espacio público invadido por informales DadepLos protocolos que acompañan el decreto van en esta línea, e incluyen también la posibilidad de usar el mobiliario que tiene la ciudad para estos fines.
Sacar adelante este decreto será complicado para la administración, pues se vienen días difíciles en donde no faltarán las marchas y bloqueos sobre el transporte público, y más aún en un escenario donde hay muchos intereses económicos y políticos de por medio.
Administraciones pasadas omitieron este problema por los costos políticos y las afectaciones de orden público que esto conllevaba. Tan es así, que la política de espacio público nunca fue relevante en la agenda de la ciudad.
Importante la iniciativa que quiere sacar adelante la administración Galán, pero esta debe estar acompañada de un fortalecimiento institucional de las entidades a cargo, como es el caso del Dadep y el Ipes, instituciones de segundo nivel y con escaso margen de maniobra.
El espacio público es un tema transversal y estratégico para recuperar la confianza ciudadana y la seguridad.
Es mejor actuar ya, de lo contrario, los problemas que hoy se tienen, seguramente se van a trasladar a las estaciones de la Primera Línea del Metro.
ÓMAR ORÓSTEGUI
Director Govlab
Universidad de La Sabana