Si de obsesiones se trata, al del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la reforma a la salud: su proyecto más resistido y en el que él más ha empeñado capital y esfuerzos políticos. Tanto así, que puso al frente del Ministerio del Interior —responsable de mover su agenda en el Congreso— a Armando Benedetti, investigado por corrupción, señalado por violencia de género y disociador de su gabinete. Con todo y eso, en una semana al frente del cargo logró sacarle esta reforma, que llevaba más de dos meses estancada en el Legislativo.
Aún así, más allá de la victoria política por la que la Casa de Nariño sacó el carro de bomberos, lo cierto es que este proyecto aunque venció en la Cámara de Representantes no convenció a sus críticos dentro y fuera de la política. Persisten las advertencias de riesgos perjudiciales para el sistema de salud y, lo más importante, para la vida misma de los colombianos.
Como a la reforma aún le quedan por superar dos debates más en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado, estas alertas seguirán haciendo ruido y esperando por una respuesta del Gobierno y las cabezas de las entidades de salud del Estado.
Diferentes expertos y especialistas en salud consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que de lo más controversial de lo aprobado hasta ahora será la cantidad de funciones nuevas con las que quedará la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).
Esa entidad tendría a cargo 27 funciones, el manejo directo de los $90 billones del sistema y algunas tareas que actualmente ejecutan las entidades promotoras de salud (EPS), como pagarles a hospitales y clínicas por los servicios prestados a los usuarios y las auditorías de las facturas que estas le envíen cobrando por estos. O la de constituir un fondo para la atención de catástrofes, epidemias y contingencias financieras.
Como lo advierte el investigador en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, esa entidad se convertiría en “un monopolio público del sistema que estará en cabeza de un líder de origen político”, lo cual dejará al sector dependiendo de “la moral pública porque pasará a manejar un volumen de recursos públicos grande y lo harán con un software que será creado desde cero”.
No obstante, a pesar de quedar como un “monstro” de entidad pública, la plata que tendrá para ejecutar sus responsabilidades no será más de la que actualmente tiene, lo cual limita, por ejemplo, su capacidad de contratar más funcionarios de planta para una tarea titánica que tendrá: hacer auditorías aleatorias, que es el proceso de revisar que las cuentas que le cobren correspondan realmente a los servicios prestados a la gente.
Actualmente, la Adres tiene entre 200 y 300 trabajadores de planta y 600 contratistas, pero no todos hacen esa tarea y con un sistema de salud que tiene una frecuencia de uso de entre 300 y 800 millones al año, aun cuando las auditorías sean aleatorias, será una tarea para la que se quedarán cortos, haciendo un ejercicio de simples matemáticas. Y menos aún, si se le suma otra de sus nuevas funciones, que es la de contratar a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —clínicas y hospitales— directamente en todo el país, que son cerca de 60.000. ¿Cómo harán 900 trabajadores para semejante responsabilidad?
En respuesta a esa pregunta, el profesor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, advierte que “son muchas operaciones y la capacidad actual no es para atender con oportunidad todas”. Lo anterior con el agravante de que el tiempo que gaste la Adres cogiendo cancha para hacerlas eficientemente es harto, pues “las curvas de aprendizaje son lentas mientras asume esas responsabilidades”. Una curva que, hablando de tiempo cuando se habla de salud, pueden costar vidas.
Para la persona que consume servicios de salud constantemente el cambio de modelo será un aprendizaje, por decir lo menos, pues la ruta para pedir una cita, solicitar un examen y hacerse una valoración médica cambiará. Así lo advierte el investigador Jiménez sobre una posible “fragmentación del sistema”, que es cuando se dividen tareas que antes tenía una entidad entre varias.
En plata blanca, las instancias que se articularán para que una persona pueda ir al médico son un centro de atención primaria en salud (CAPS), la Entidad Gestora de Salud y Vida (EGSV) y las Secretarías de Salud, que tendrán a su cargo organizar la red de mediana (cirugías simples, consultas con especialistas) y alta complejidad (atenciones con mayor especialización médica como cardiología o reumatología), que se agruparán en Redes Integrales e Integradas Territoriales de Servicios de Salud (RIITS).
Lo anterior quiere decir que, después de que el paciente sea visto por un médico general en el CAPS, puede ser remitido a un hospital de las RIITS para que lo atiendan en un sitio de mayor nivel, según la orden médica. En esa remisión del CAPS a las RIITS mediará la EGSV.
En ese contexto, advierte Giovanni Jiménez, “no hay claridad de quién es el responsable del tránsito del paciente en el sistema para saber, por ejemplo, a quién entutelar cuando le nieguen un servicio. El paciente es el que va a padecer esos problemas porque va a ser distinto a lo que está acostumbrado”.
Por su parte, Enrique Peñaloza pone de presente otro reto logístico y económico de esta reforma: la atención primaria en las zonas rurales, que son los equipos de salud que desde el año pasado el Gobierno tiene yendo de casa en casa. “Si bien la atención primaria es algo de lo que se viene hablando desde 1978, el reto con la reforma es “de mayor complejidad y requiere de una capacidad logística y un recurso humano importantes con la que el país no cuenta. Eso crea una restricción de la capacidad instalada que puede tardar mucho años en dar respuesta”, expone.
Quedará en manos del Senado —en donde el ministro Benedetti asegura tener los votos para terminar de aprobar esta reforma— abordar estas y las demás controversias que genera el proyecto y de la que Giovanni Jiménez augura que disparará el gasto en salud con unos recursos que, como en todo el mundo, son finitos y que “llevará el sistema a una crisis”.