Este martes, por convocatoria del Gobierno Nacional, se harán varias movilizaciones “a favor de las reformas” propuestas por la administración Petro, por lo que desde la Presidencia se ha anunciado un día cívico, algo que ha generado divisiones e inclusive incertidumbre sobre si a un empleado le pueden descontar el día o incluso despedir en caso de no asistir al sitio de trabajo.
Desde la semana pasada, como respuesta al hundimiento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el gobierno de Gustavo Petro ha planteado la idea de convocar a una Consulta Popular en donde “el pueblo será quien decida si se debaten o no las reformas presentadas por el Gobierno Nacional”.
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En este mismo tono, también desde la Casa de Nariño se ha hecho un llamado a que las personas salgan a calles a marchar “en favor de las reformas”, algo que, para asegurarse que todos los funcionarios del Estado colmen las calles, se ha decretado un día cívico a nivel nacional.
Sobre dichas movilizaciones, algunas centrales obreras, organizaciones sociales y sindicatos han anunciado que saldrán a las calles, mientras que algunos mandatarios locales han anunciado que no se acogerán al día cívico anunciado por Petro.
Este cruce de indicaciones ha generado una incertidumbre en algunos sectores y para algunos empleados, especialmente para los educadores quienes trabajan en colegios públicos pero están afiliados a organizaciones sindicales como Fecode, que no solo ha confirmado que apoyarán las marchas sino que han anunciado una media jornada de trabajo este martes.
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La incertidumbre surge debido a que son varias ciudades y departamentos los que han rechazado el llamado del presidente y no implementarán el día cívico, casos como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Arauca, Montería y Cartagena se bajaron del bus, al igual que las gobernaciones de Antioquia, Córdoba y Santander.
Inclusive, los mandatarios de estas ciudades han confirmado la normalidad de las actividades en sus dependencias, incluyendo instituciones educativas y jardines infantiles.
“Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar”, fue lo que anunció el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X. Sin embargo, en declaraciones a medios también respondió sobre quienes decidan salir a marchar y no se presenten en su lugar de trabajo.
“Como ha ocurrido en el pasado, nosotros los invitamos a que cumplan, es decir, a que en contra jornada puedan participar en las manifestaciones, pero aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, niñas y adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en su pago”, advirtió el mandatario distrital.
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Un pronunciamiento similar sobre el funcionamiento de las entidades adscritas al conglomerado público de la Alcaldía de Medellín hizo Federico Gutiérrez.
“Mañana en Medellín trabajaremos con normalidad. Garantizaremos el acceso a la Educación para 310 mil niños, niñas y jóvenes en nuestras 421 sedes educativas, de igual forma garantizaremos el funcionamiento de Buen Comienzo para más de 80 mil niños y niñas”, expresó el alcalde medellinense.
Ante esos pronunciamientos, el presidente respondió que “ningún maestro será sancionado mañana por ser libre”, además desde el día en que anunció las movilizaciones expresó que “nadie podrá despedir a quien vaya a las calles a movilizarse por sus derechos laborales y del trabajo”.
Sobre lo decretado por el presidente Gustavo Petro, cabe aclarar que un día cívico no es lo mismo que un día festivo, por lo tanto no aplica para todo el mundo.
En el caso de los trabajadores de una empresa privada, si su empresa no se acogió al día cívico, deberá cumplir con la jornada laboral estimada, pues en caso de no hacerse presente esto se tomará como abandono de trabajo, algo que en la normatividad colombiana es causal de despido con justa causa, por lo tanto, si una persona que trabaja en el sector privado desea asistir a una de las marchas, debe contar con la autorización de su superior.
Los días cívicos los puede decretar un alcalde, gobernador o presidente, sin embargo, en caso de hacerlo, estos solo aplican para los empleados de la rama ejecutiva que estén bajo la subordinación de sus dependencias.
De acuerdo con varios expertos laborales consultados por medios nacionales, el presidente tiene la autonomía para decretar un día cívico si así lo considera, sin embargo, los departamentos y municipios gozan de autonomía política y administrativa, por lo que similar al poder que tiene el jefe de Estado para decretar estos días, los mandatarios regionales tienen la autoridad para decidir si se adhieren o no a este.
Solamente cuando este se considere necesario para el cumplimiento de un fin constitucional real o para atender una necesidad de interés público a nivel local, deberán acogerse a la medida.
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