A través de sus redes sociales, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, denunció que varias de sus mascotas fueron maltratadas y asesinadas en hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades.
Según alertó el magistrado, los hechos ocurrieron en una finca ubicada en zona rural de Huila, así como en otra finca en el departamento de Cundinamarca, donde tres de sus perros fueron envenenados, mientras que una yegua fue atacada con arma blanca, respectivamente.
Prada expresó su dolor por lo ocurrido, al tiempo que lo calificó como “actos crueles” y advirtió que “no lograrán intimidarnos”.
Puede leer: Renuncia de Lorduy abre boquete para “engavetar” investigación contra campaña de Petro en el CNE
“He denunciado ante las autoridades dos actos crueles que nos llenan de dolor: en Huila envenenaron a nuestros tres perros y días después, en Cundinamarca, asesinaron con arma blanca a Pasarela de Los Cauchos, la yegua de mis hijos. No lograrán intimidarnos”, dijo.
En diciembre pasado, Prada fue elegido como presidente el CNE con el espaldarazo del Centro Democrático. Prada, junto al magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, fue quien lideró la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro y que, en conclusión, encontró una aparente violación de topes que suma 5.300 millones de pesos.
El 7 de septiembre de 2022 Prada tomó posesión de su cargo como magistrado del CNE. Su elección había generado polémica porque, a la par que ejerce sus funciones, enfrenta un proceso por cometer posiblemente la manipulación de testigos. Lo anterior, por su vinculación al caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En septiembre pasado, en medio de la investigación del CNE contra la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, la familia de Prada tuvo que abandonar el país por cuenta de amenazas.
Según pudo establecer EL COLOMBIANO en ese entonces, se trata de los hijos menores y la esposa del magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) quien, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), es uno de los ponentes del proceso que pidió formular cargos a la campaña por presunta violación de los topes en más de $5.355 millones.
Fuentes de primera mano le confirmaron a este diario que la determinación la adoptó Prada buscando proteger a sus familiares de eventuales ataques o agresiones.
Prada también es investigado por presunto soborno a testigos por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del mismo lío judicial por el que fue llevado a juicio el expresidente Álvaro Uribe. En este caso, Prada habría terminado involucrado por supuestamente querer favorecer a su líder político.