Luego de semanas de reuniones preparatorias y encuentros con comunidades, el sexto ciclo de negociación entre el Gobierno y el autodenominado ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc-EP’, disidencias cuyo principal cabecilla es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, ya tiene fecha definida. Así lo confirmó Camilo González Posso, jefe de la delegación del Ejecutivo en la mesa, en entrevista con EL TIEMPO.
(Además: Gobierno reactivó el mecanismo de verificación del cese del fuego con las disidencias de Calarcá).
El negociador también se refirió a las posibilidades de extensión de la tregua, la cual pierde vigencia el 15 de octubre, y al rol que desempeñará la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, en la mesa tras su designación como facilitadora de paz en el proceso.
Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz del Gobierno ante las disidencias.
Milton Díaz. EL TIEMPO
¿Finalmente cuándo será el sexto ciclo y qué temas se tratarán durante esas plenarias?
Desde la semana pasada hemos realizado reuniones con el bloque Gentil Duarte en el Catatumbo, también reuniones en la zona del Yarí y seguimos en este proceso de consulta para iniciar la plenaria en la mesa esta semana y trabajar hasta la otra con miras al 15 de octubre, que es la fecha en la que llega el final del cese del fuego. El aplazamiento ha tenido que ver con varias circunstancias. Teníamos la intención de iniciar el 4 de octubre, pero vimos la urgencia de hacer reuniones preliminares por bloques y de consulta para llevar las cosas preparadas a la plenaria.
¿En dónde será el ciclo?
Será en Bogotá. Vamos a estar desde el viernes.
¿La postura del Gobierno es extender el cese del fuego?
Dentro de la delegación del Gobierno, y en las conversaciones con delegados del Estado Mayor de los bloques que están en la mesa, hemos hablado de la importancia de hacer una prórroga. Tenemos una serie de iniciativas andando que yo creo que nos permiten afirmar que con una prórroga, ojalá lo más larga posible, se podrán tener resultados. Por ahora debemos hacer la evaluación.
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Hay mandatarios departamentales como el gobernador de Antioquia que piden que esa tregua no se extienda, ¿tendrán en cuenta esas opiniones a la hora de plantear la prórroga del cese del fuego?
Creo que hay que hacer justamente una evaluación más detallada sobre las posibilidades de avanzar hacia la paz y en beneficio de las comunidades. Creo que sería bueno ampliar el diálogo con el gobernador para que compartamos informaciones. Él tiene una visión muy valiosa y creo que podríamos tener una conversación fructífera en el sentido de fortalecer la idea de que es mucho mejor avanzar en generar condiciones que permitan disminuir las afectaciones a la población y al mismo tiempo tener mayor presencia institucional en los territorios. Eso nos puede dar un ambiente mucho más tranquilo para construir la agenda del acuerdo de paz.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, ha lanzado varias críticas a la política de paz del presidente Petro.<br>
Gobernación de Antioquia y Presidencia
¿Usted ha hablado con el ministro de Defensa sobre la posible ampliación de ese cese del fuego?
Sí, hemos estado trabajando durante toda esta semana no solo con él, sino con varios ministerios como el de Ambiente y Agricultura, además con varias entidades de gobierno e incluso con funcionarios del Ministerio de Interior porque al final este proceso debe contar con una gran acción y un gran respaldo institucional. Lo mismo ha ocurrido en las diferentes regiones que hemos visitado. Nos hemos reunido con gobernadores y con alcaldes en Norte de Santander, Antioquia y además en un Consejo de Seguridad estuvieron alcaldes del Caquetá y del Huila.
Estos espacios nos dan pautas y nos ayudan a escuchar a las comunidades de las zonas afectadas. Las autoridades territoriales también nos hacen saber que hay un sentimiento de que deben hacerse correctivos, pero que en lo fundamental se debe mantener ese proceso con la mesa funcionando, con un cese del fuego verificado, con un mecanismo fuerte y un cumplimiento estricto, y sobre todo, con un cumplimiento de los compromisos del Derecho Internacional Humanitario.
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¿Cómo ha afectado este proceso el declaratorio de guerra de las disidencias de Iván Mordisco a las de Calarcá?
Eso nos preocupa muchísimo porque se han intensificado esos enfrentamientos y en un corto período se han vivido situaciones muy graves, sobre todo en los enfrentamientos en San José de La Fragua y hacia Putumayo, los cuales han dejado 22 homicidios cometidos de una forma terrible, según nos han informado. También hay situaciones gravísimas de enfrentamientos en el norte de Antioquia y en el Bajo Cauca antioqueño con resultados fatales entre ellos los casos de ocho miembros de las Fuerzas Militares víctimas de las minas, el desplazamiento de firmantes en el bajo Caguán y de comunidades enteras en la zona del Guayabero, en Meta. Los enfrentamientos entre grupos afectan a la población civil, incrementan el uso de minas antipersona y frente a eso lo que se plantea es que las diferentes mesas funcionen para buscar simultaneidad en el desescalamiento y acuerdos bilaterales entre los grupos armados que están en diálogo con el Gobierno o que pretenden algún tipo de reconocimiento.
¿Es decir que no le cierran la puerta a volver a negociar con las disidencias de 'Mordisco'?
En declaraciones recientes del alto comisionado Otty Patiño se habló de que esa hipótesis, sobre posibles diálogos, está abierta, pero que se requieren manifestaciones reales, de voluntad y de no afectación de la población civil para que se puedan pensar en un futuro en realizar algún tipo de acercamiento con estos sectores.
Alias 'Iván Mordisco' durante un encuentro del 'Estado Mayor Central' en Caquetá.
EFE / Ernesto Guzmán
Hace unas semanas se expidió una resolución en donde se nombraba a cuatro nuevos voceros, todos ellos envueltos en la polémica por estar armados en las camionetas de la UNP. ¿Por qué se tomó esa decisión y qué rol tendrán en la mesa?
Ellos tenían en trámite la solicitud de suspensión de orden de captura, incluso para algunos de ellos ya estaba levantada la orden de captura, pero quedó mal formulado el nombre. Lo que se hizo fue retomar ese camino, pero como están en procesos judiciales, se cambió la figura de delegados representantes a la de gestores. Sobre sus funciones, son las que están establecidas en la ley, es decir, son personas que están asociadas a estos grupos y que se les reconoce para que cumplan un papel que facilite y que ayuden a la construcción de los acuerdos para la paz. Los gestores de paz no son personas que se escojan por estar ausentes o evadidos de procesos judiciales, sino porque hicieron una manifestación expresa y hay una posibilidad real, que es evaluada por el Gobierno y por un juez, de contribuir a la paz.
También fue designada como facilitadora la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. ¿Ella qué rol jugará?
Ella ha sido reconocida mediante resolución como facilitadora, lo que quiere decir que ella puede desarrollar sus buenos oficios con el bloque de Jorge Suárez Briceño para establecer la efectiva voluntad de paz de este grupo y contribuir con recomendaciones. Tendrá un rol crucial para que efectivamente estos acuerdos se encaminen en beneficio de la población y no como otro espacio para que estos grupos busquen pretextos de fortalecimiento y de afectación de la gente.
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Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, le había solicitado al Gobierno meses atrás poder participar en esta mesa de negociación.<br>
@RafaelaCortesZ
¿Pero ya habló con ella?
Sí, ya hemos tenido varias reuniones con la señora gobernadora. Con ella estuvimos en reuniones en la mesa con presencia de los delegados del bloque Briceño y de Calarcá en Puerto Rico. Fue una delegación de ocho secretarios del despacho de la Gobernación que nos acompañaron primero en Puerto Concordia y luego en Puerto Rico. Yo creo que es una persona que conoce su territorio, es muy respetada en todos los sectores, tiene una voz enérgica y de exigencia de respeto al Derecho Internacional Humanitario y a la población. Creo que eso la convierte en una persona con muchas posibilidades de contribuir a que este proceso sirva realmente para el país.
Quedan menos de dos años de Gobierno, ¿cree que lograrán un acuerdo antes de 2026?
Desde el punto de vista de un cronograma técnico, yo creo que tenemos posibilidad de llegar a un buen puerto y a un punto de no retorno. Hemos avanzado en hacer una serie de diseños para la transformación territorial y para que la institucionalidad entre de la mano con el proceso de paz a territorios, digamos, tremendamente marginados y muy controlados por actores armados. Estamos fortaleciendo los mecanismos de verificación y las instancias locales de la tregua. Es un asunto crucial, en este periodo y en el cese del juego, que demos un salto hacia adelante en la construcción de los contenidos del acuerdo de paz. Creo que ese es el gran reto para el próximo período: avanzar de modo que la población del país y en general todos los sectores que nos acompañan puedan constatar que se están dando pasos hacia un acuerdo final.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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Camilo A. Castillo