Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le profirió cargos por presunta violación de topes en su campaña a la Presidencia, Gustavo Petro indicó en su cuenta de X que empezó el golpe de Estado.
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Posterior a ese pronunciamiento, el jefe de Estado hizo una alocución presidencial en la que si prospera la investigación del CNE, esta sería la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. "Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos", dijo Petro.
Uno de los debates jurídicos que se abrió es si el CNE -como órgano administrativo y electoral- es el competente para proferir cargos en contra de un jefe de Estado, que en este caso tiene a Petro reclamando que debe respetarse su fuero integral. Y otro escenario que se abrió fue si con lo que pasó -que tiene una interpretación distinta en el CNE, que sí cree que puede atribuirse tal función-, se puede hablar de que inició un golpe de Estado.
El presidente Gustavo Petro en su alocución del 8 de octubre, en la que rechazó la imputación en su contra por el CNE.
Presidencia
EL TIEMPO consultó a varios juristas para hablar de si la decisión tomada por siete magistrados -contra dos- de abrir investigación formal por supuesta violación de topes de 5.300 millones de pesos puede traducirse en el comienzo de un golpe de Estado.
El director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, resaltó que "ese discurso presidencial le quita total potencialidad al llamado acuerdo nacional, que debería tener como premisa el respeto a la institucionalidad. Lamentablemente, las palabras viscerales contra los otros órganos del poder público cuando no amparan lo que se considera una inmunidad presidencial, desdeñan de su función a nivel de ser el representante de la unidad nacional".
Según Herrera, primero se dieron comentarios contra la Corte Suprema, luego el Consejo de Estado y después la Corte Constitucional.
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Gustavo Petro, presidente de Colombia; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña presidencial; Juan Carlos Lemus, auditor del partido Unión Patriótica, y María Lucy Soto, auditora del movimiento político Colombia Humana.
Archivo particular.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Charry afirmó que por ahora se abrió una investigación, y que toca esperar a que se conozcan los formalismos de la decisión. Eso sí, resaltó que "no creo que se trate de golpes blandos o nada por el estilo, me parece un distractor, lo que habría que ver es que haya transparencia para la opinión pública de cuáles son las cifras que se dice que violaron el tope de la campaña, y cuáles son los argumentos de la defensa del presidente Petro".
El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, por su parte, señaló que el pronunciamiento del Presidente en su cuenta X, deslegitimando la investigación y señalando que ha comenzado un golpe de Estado "es una actitud antidemocrática; que pretende desviar la investigación; e indica claramente que ante la imposibilidad de defenderse, se acude a desacreditar los investigadores. Lánguido aporte presidencial a la estabilidad de nuestra democracia".
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada del CNE fueron los ponentes de la decisión contra la campaña de Petro.
CNE
Por último, Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, le contó a este diario que como estableció el Consejo de Estado, "en nuestro ordenamiento jurídico el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar campañas presidenciales y para proferir sanciones administrativas. Puede y debe investigar y sancionar posibles hechos irregulares de campañas que ganaron la Presidencia. Las campañas ganadoras no tienen fuero especial".
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Eso sí, el experto añadió que este alto tribunal también aclaró que la única vía para iniciar un proceso de pérdida de investidura del Jefe de Estado es a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. "A pesar de las declaraciones del señor Presidente, no estamos ante un golpe de Estado sino ante el funcionamiento normal de las instituciones. Desde la Fundación para el Estado de Derecho, hacemos un llamado urgente a todos los involucrados a que respeten las vías institucionales y se sometan a los procedimientos establecidos por la Constitución y por la ley", cerró Caro.
Ahora se espera si el abogado Héctor Carvajal como defensor del jefe de Estado tomará algún camino jurídico pronunciándose ante la decisión que en mayoría tomó el CNE, la cual deja la puerta abierta a alguna sanción a los miembros de la campaña como Ricardo Roa -presidente de Ecopetrol-, Juan Carlos Lemus y María Lucy Soto.
Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
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Carlos López y ana maría cuesta