Hay advertencias que cuando se cumplen generan una sensación de impotencia al constatar que no se hizo la tarea para evitar un desenlace lamentable. Algo así ocurre con la situación de la salud en Colombia, cuyo deterioro ha llevado a numerosos ciudadanos a ejercer su legítimo derecho a la protesta en demanda, por ejemplo, de medicamentos que les son vitales. Así viene de ocurrir con los pacientes aquejados de enfermedades huérfanas que se congregaron en días recientes ante el ministerio del ramo para exigir soluciones prontas. No son los únicos, como muestran estadísticas oficiales.
Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, en abril de este año el número de reclamos radicados ante la entidad llegó a 154.267, la cifra más alta desde cuando se comenzó a sistematizar la información. El 90 por ciento fue justamente por aquello que supuestamente se quería disminuir a la mínima expresión: las barreras de acceso.
Lo peor es que, desde entonces, el sistema no se recupera. Incluso reconociendo el tímido descenso de los últimos meses, los guarismos siguen siendo muy elevados: el de agosto fue de 144.558 reclamos, el mayor registrado para ese periodo.
Aunque se puede hablar de causas múltiples, el deterioro está relacionado con la más reciente oleada de intervenciones, que cobijó a siete EPS, comenzando por varias de gran tamaño. Tales instituciones agrupan a cerca de 25 millones de personas, de las cuales una proporción importante expresa su descontento.
Cerrarles el espacio a los operadores privados no sirve para mejorar un sistema de salud en cuidados intensivos.
Otro reflejo del empeoramiento generalizado lo exhibe la organización Así Vamos en Salud, según la cual también hay récord de tutelas por vulneración del derecho a la salud. Ante el incumplimiento de los procedimientos establecidos, a la gente no le queda más salida que acudir al sistema judicial para exigir soluciones rápidas.
Frente a lo sucedido, el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, dijo en redes sociales que la causa es que ahora el organismo a su cargo tiene más canales disponibles para recibir reclamos. Curiosa argumentación, si se tiene en cuenta que en mayo instaba a los usuarios a no presentar su queja ante el ente sino ante las mismas EPS.
Todo apunta a que la explicación correcta está relacionada con asuntos de fondo. Es conocido que por medio de las intervenciones el Gobierno ha implementado algunos de los pilares de la reforma que defiende. Para citar un caso, el giro directo de dineros del presupuesto con destino a hospitales, clínicas y otros eslabones de la cadena viene en aumento, pero los desbalances financieros persisten y son los más altos registrados.
Es verdad que muchos problemas vienen de antes. También lo es que cualquier gobierno habría tenido dificultades para sortear una crisis descrita como crónica. El problema es que el diagnóstico basado en la ideología es errado. Cerrarles el espacio a los operadores privados no sirve para mejorar un sistema de salud en cuidados intensivos, cuyo estado se ha agravado por efecto de las decisiones recientes del Ejecutivo.
Ojalá el Congreso, que estudia el proyecto gubernamental que desea darles fuerza de ley a sus propuestas, tome nota de lo sucedido e impulse los correctivos necesarios. Porque este es, para muchos colombianos, un asunto de vida o muerte.
Editorial El Tiempo