Una semana después de que el presidente Gustavo Petro estuviera en México en el acto en el que el mandatario saliente de ese país, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), le entregó el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum, el jefe de Estado colombiano planteó la polémica iniciativa de la elección popular de jueces que Amlo sacó adelante, pese a las serias dudas que eso arroja sobre el principio democrático de la separación de poderes, los riesgos que conlleva al exponer al país a la corrupción y a las tensiones que provocó con Estados Unidos y Canadá.
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Ocurrió en la Casa de Nariño, este lunes 7 de octubre, durante la posesión de Elizabeth Becerra como nueva magistrada del Consejo de Estado. En uno de esos discursos en los que el mandatario se enciende, dijo, aunque de manera dubitativa, y algo confusa: “Yo soy el campanazo de que el pueblo no lo permite [“aguantar eterno la desigualdad, la exclusión”], si no es que se ha querido escuchar, porque a veces no se quiere escuchar el voto popular. Y es una discusión actual, permanente. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido, tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. Pero eso no es, y no sé si esa sea a lo mejor el camino, pero eso no resulta porque sí”.
Después sobreaguó y dejó más clara su idea, dando a entender que no ve imposible esa iniciativa para Colombia. “Resulta porque América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental y vital que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida, porque no son estáticas; las instituciones no son estáticas”, dijo ante varios magistrados de las altas cortes, un auditorio inmejorable para escuchar el planteamiento sobre la justicia, sustentado en lo que sería la verdadera razón: “No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente”.
Por ahora, la idea solo se puede entender con lo que pasó en México, primer país del mundo en implantar la elección popular de todos sus jueces, una iniciativa que produce incertidumbre en círculos políticos y económicos. Esa elección de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, por voto directo permitirá, a juicio de Amlo, limpiar de corrupción al poder judicial y dará “ejemplo” al mundo. Esta selección de 7.000 jueces y magistrados, unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Sin embargo, varios magistrados de la Suprema Corte de México, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advirtieron que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico en un país ahogado por los carteles delincuenciales. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó su “grave preocupación” por el impacto de la norma sobre la independencia judicial y el Estado de derecho, mientras que Estados Unidos y Canadá advirtieron del daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado T-MEC, lo cual tensionó las relaciones entre los tres países norteamericanos.
Situación en México esboza la figura de Gustavo Petro
Lo curioso es que Amlo impulsó esa reforma constitucional en el marco de su enfrentamiento con la Suprema Corte mexicana, que le había bloqueado iniciativas para ampliar la participación estatal en el sector eléctrico y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares. No se puede dejar de hacer un paralelismo con el presidente Petro por sus resquebrajadas relaciones con las altas cortes colombianas, a las cuales ataca con recurrencia por las decisiones que toman en derecho y afectan sus iniciativas, y porque prefiere la democracia participativa, la directa, la de la gente en las calles, antes que la representativa. Por eso, no ve mal que los ciudadanos elijan los jueces, pese a los riesgos que esto conlleva.
De hecho, antes de ser aprobada la reforma en México, Amrit Singh y Adriana García escribieron un ensayo en The New York Times bajo el título ‘¿Elegir jueces en México? Mala idea’, en el que anticipaban que esa iniciativa de Amlo politizaría el poder judicial “hasta dejarlo irreconocible, incapaz de controlar el abuso de poder” porque “institucionalizaría el poder que grupos de interés podrían ejercer sobre todo el poder judicial”.
“Elegir a los jueces podría incentivarlos a tomar decisiones para ganar votos y satisfacer a los grupos políticos en lugar de resolver imparcialmente los casos basándose únicamente en los hechos y la ley”, advirtieron las autoras. “Un poder judicial capturado políticamente e incapaz de proteger los derechos de propiedad de manera imparcial sería un desastre para la confianza empresarial y la inversión privada nacional y extranjera”. Pero fueron más allá y alertaron algo más inquietante aún: “Podría abrir la puerta al control del poder judicial por parte del crimen organizado y socavar los cimientos mismos del Estado de derecho en México”.
Y, de nuevo, como dibujando un curioso bucle de la historia, Singh y García hablaron de Amlo, pero en el trasfondo de la situación que esbozaron se podría ver también la figura del presidente Petro: “[…] La amenaza de la propuesta judicial al Estado de derecho no se produce en un vacío. El gobierno de López Obrador ha atacado a otras instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral, que supervisa las elecciones, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales. También ha atacado a las agencias nacionales independientes que supervisan los temas de antimonopolio y comunicaciones”.
Finalmente, para darles más impacto a sus argumentos, citaron a John Paul Stevens, exjuez de la Suprema Corte de Estados Unidos, que le dijo al Colegio de Abogados de ese país que las elecciones judiciales eran “profundamente imprudentes” y eran como “permitir que los aficionados al fútbol elijan a los árbitros”.