Todos los países de América Latina viven realidades diferentes, pero el narcotráfico pone en el mismo plano a varios de ellos. Ha hecho coincidir, por ejemplo, los casos de México y Colombia, golpeados por los carteles de las drogas. En los últimos años, las dos naciones, gobernadas por presidentes de izquierda, se han caracterizado por la manera como han decidido enfrentar ese flagelo, y que se puede resumir por la estrategia de “abrazos, no balazos”, que impulsó el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), que recién dejó el cargo el pasado primero de octubre.
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A Amlo lo sucedió Claudia Sheinbaum, su pupila y exalcaldesa de Ciudad de México, que se comprometió a mantener esa criticada estrategia de no confrontar a los delincuentes impulsada por su mentor, que optó por emplear la política social para atacar al crimen desde la raíz. Para defender su estrategia, el gobierno de Amlo, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aseguró el año pasado que revirtió la tendencia al alza en asesinatos que tuvieron el sexenio de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con una baja de 12 % en los homicidios dolosos comparando 2018 con 2023.
Otros datos, sin embargo, ofrecen una perspectiva diferente, como los de la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), según los cuales en ese país se siguieron matando en promedio a 80 personas cada día, y se registran “más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”. El país llegó también a niveles récord de víctimas de extorsión, mientras que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que en años como 2021 se dieron cifras sin precedentes de desplazamiento interno forzado.
Asesinato en México del que Colombia debería tomar nota
Una prueba de esa violencia, incubada a instancias de la estrategia de “abrazos, no balazos”, la acaba de recibir la recién posesionada presidenta de México y se podría entender como el saludo del narco a su mandato. Escasos tres días después de que Sheinbaum asumiera el poder fue asesinado y decapitado Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, con tan solo seis días en ese cargo. Tres días antes, también había sido ejecutado su secretario de ayuntamiento, Francisco Tapia. Y el 29 de septiembre había sido asesinado el exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la Policía Estatal Ulises Hernández Martínez.
“Sobre el lamentable suceso del presidente municipal [alcalde] de Chilpancingo […] se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil, y por supuesto hacer las detenciones correspondientes”, dijo Sheinbaum en su comparecencia matinal ante los periodistas, siguiendo también el estilo de Amlo en sus ‘Mañaneras’. “Se está viendo si es necesario atraer el caso para la fiscalía general de la república”. Y destacó, eso sí, que la Chilpancingo “no aparece entre los municipios con mayor número de homicidios”.
Pero Guerrero, uno de los estados más pobres de México, sí es uno de los más afectados por la violencia de los carteles narcotraficantes, con 1.890 asesinatos en 2023. Esas organizaciones criminales aprovechan la ubicación estratégica del estado en la costa sobre el Pacífico. Solo en ese estado delinquen, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el ‘Cartel Jalisco Nueva Generación’ (CJNG), la ‘Familia Michoacana’, ‘Los Granados’, ‘Los Arreola’, ‘Los Maldonado’, ‘Los Viagras’, ‘Los Tlacos’, Los Bandera’, ‘Los Ardillos’, ‘Los Tequileros’, ‘Carteles Unidos’, ‘Los Rusos’, ‘Cartel de Coborca’, ‘Los Añorve’ y ‘Los Carrillo de Teconapa’. Claramente tienen copado ese estado.
En medio de esa vorágine se cometió el pavoroso asesinato de Arcos Catalán, cuya cabeza fue dejada en el capó de su vehículo, un patrón común en los homicidios del narco en ese estado, con particular ocurrencia en el otrora paraíso turístico de Acapulco, en donde, según Tlachinollan, solo en junio de este año hubo 77 asesinatos. En julio pasado, ese centro de derechos humanos se preguntaba: “¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿Qué pasa con la guardia nacional? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?”.
El brutal asesinato de Arcos Catalán se convierte ahora en el incómodo epígrafe del plan de seguridad para México que deberá presentar este martes Sheinbaum, uno de cuyos mayores retos será enfrentar la violencia de los carteles del narcotráfico. Por ahora, la presidenta solo atinó a apelar a un lugar común, al seguir comentando el asesinato del alcalde de Chilpancingo, sin mayores referencias a las víctimas: “Vamos a trabajar en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia, investigación, en coordinación con las y los gobernadores”, dijo.
En Colombia, masacres y crecimiento del ‘Clan del Golfo’
Colombia, en medio de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro —para muchos, una versión criolla de la estrategia de “abrazos, no balazos” de Amlo— también padece esos ‘huracanes de violencia’ que lamentan en México, así como el crecimiento de las organizaciones criminales. Solo en la madrugada del sábado 5 de octubre fueron ejecutadas tres masacres en las que asesinaron a nueve personas, tres de ellas, menores de edad. Ocurrieron en los municipios de Ábrego y Playa de Belén (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander), sin que se conozcan mayores detalles de los autores ni las motivaciones. Tres días atrás, cuatro personas fueron masacradas en Yondó (Antioquia).
En las últimas horas también se conoció el más reciente informe de la fundación Ideas para la Paz, que da cuenta del crecimiento y expansión de la principal banda narcotraficante del país, el ‘Cartel del Golfo’, con la que el mandatario intenta dialogar, lo mismo que con otros grupos que también tienen como una de sus principales actividades el narcotráfico, entre ellos, el Eln y las disidencias de las Farc ‘Estado Mayor Central’ y ‘Segunda Marquetalia’, cuyo objetivo no es ya derrocar al Estado, sino controlar amplios territorios del país para llevar a cabo sus acciones ilegales, como están haciendo, por ejemplo, los carteles narcos en el estado mexicano de Guerrero.
De acuerdo con el documento, el ‘Clan del Golfo’, que también se hace llamar ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) para darse un barniz político que le permita acceder a una negociación y no a un sometimiento a la justicia, ha experimentado un aumento del 95 % en su número de integrantes desde 2018, pues pasó de 3.632 miembros a 7.062 en julio de 2024, lo que lo sitúa como el actor armado más numeroso del país. Además, ha ampliado su influencia de 179 municipios en 10 departamentos en 2018 a 238 municipios en 16 departamentos en 2024.
Por otra parte, en lo relativo a su estructura, el ‘Clan del Golfo’ pasó de 22 frentes organizados en cuatro bloques en 2018 a 32 frentes en seis bloques, en julio de 2024. Eso constituye un aumento del 23 % en su capacidad armada entre 2023 y 2024, con un claro fortalecimiento en la región del sur de Bolívar y la creación del ‘Bloque Magdalena Medio’, que delinque en el oriente de Antioquia. La delicada situación derivada de esta expansión provocó la recomendación de Ideas para la Paz de estrategias urgentes y efectivas para combatir a ese grupo armado, pues además de afectar la seguridad en las regiones donde delinque, plantea graves desafíos a la gobernabilidad y al Estado de derecho en el país.