En la audiencia preparatoria del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe, su abogado defensor, Jaime Granados, ha denunciado la presunta alteración o borrado de más de 100.000 archivos del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. Monsalve, exparamilitar, ha sido decisivo en las acusaciones que señalan a Uribe de manipulación de testigos, en uno de los juicios más mediáticos de Colombia que inició en el año 2018.
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La defensa contrató un equipo forense especializado para revisar los dispositivos, obtenidos como pruebas por la Fiscalía tras recibirlos de la Corte Suprema de Justicia. Según Granados, se detectó la eliminación de aproximadamente 102.000 archivos: 77.000 del computador y 25.000 del celular de Monsalve. “Este análisis de datos es un proceso complejo que arrojó resultados iniciales el viernes, y fueron presentados ante el Tribunal”, explicó Granados, añadiendo que aún no se ha determinado quién, cómo, cuándo o dónde fueron borrados estos archivos.
Siga la audiencia preparatoria de juicio al expresidente Álvaro Uribe:
El acceso a las pruebas y las solicitudes de la defensa
Granados subrayó que el acceso completo y directo a las pruebas era fundamental para la defensa. Señaló que la entrega de las memorias USB por parte de la Fiscalía, completada apenas el 30 de septiembre, ha generado retrasos significativos en el análisis de las pruebas. Además de esta denuncia, Granados ha solicitado que en el juicio se incluyan los testimonios de Diego Cadena, abogado de Uribe que mantuvo reuniones con Monsalve en la cárcel, y del exministro Andrés Felipe Arias. El abogado Cadena esta siendo investigado por estos mismos hechos en otro proceso judicial.
El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión reciente, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de Uribe. Ordenó a la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá que continúe con la audiencia preparatoria, permitiendo a la defensa presentar y oponerse a las pruebas solicitadas por la Fiscalía. Esta decisión surge luego de que la defensa argumentara que la jueza había negado una solicitud de prórroga.
El Tribunal Superior de Bogotá resolvió la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de Álvaro Uribe Vélez contra la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que solicitaba “Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de Álvaro Uribe Vélez y, en consecuencia, se deje sin efecto todo lo actuado, a partir de la orden judicial del 2 de octubre de 2024, inclusive, mediante el cual el Juzgado 44 negó la solicitud de prórroga y siguió adelante con la audiencia preparatoria”.
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Luego de analizar la acción de tutela el Tribunal Superior de Bogotá decidió:
“Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción de Álvaro Uribe Vélez.
Y ordenar a la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, programe la continuación de la audiencia preparatoria, en la cual concederá a la defensa la oportunidad de descubrir, enunciar y solicitar los medios de prueba con los que soportará su teoría del caso; así como de oponerse a las que solicitó la fiscalía, conforme con lo expuesto en las consideraciones de este fallo”.
En uno de los apartes los magistrados expresaron: “La juez pudo permitirle al defensor sustentar la nulidad y adoptar la decisión que correspondiera mediante un auto susceptible de recursos; eso hubiera evitado la acción de tutela que ocupa la atención de la sala”.
Contexto del caso
El caso contra el expresidente Uribe se originó tras una denuncia del senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe y a su hermano Santiago, de manipular testigos para desvirtuar sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Aunque la Fiscalía ha intentado archivar el caso en dos ocasiones, en esta ocasión la entidad acusó al expresidente por lo que sigue enfrentando el proceso judicial.
El juicio contra Álvaro Uribe ha capturado la atención del país desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia inició la investigación basada en acusaciones de que su abogado, Diego Cadena, habría sobornado a exparamilitares para obtener testimonios favorables en el caso de Uribe contra Cepeda.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso pasó a la Fiscalía General, que en dos ocasiones solicitó el archivo del caso. Sin embargo, en ambas oportunidades, las solicitudes fueron rechazadas, manteniendo viva la acusación.
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Las próximas audiencias, programadas para el 23, 24 y 31 de octubre y 7 y 8 de noviembre, serán clave para definir el futuro del proceso.
Con este juicio, Uribe se ha convertido en el primer expresidente colombiano en ser procesado penalmente, y su caso continúa atrayendo la atención nacional e internacional. La audiencia en curso, en la que la defensa liderada por Jaime Granados presentará pruebas clave, en este prolongado litigio contra el reconocido político y expresidente de Colombia.