A solo unos pasos del glamouroso malecón de Guatapé, en un terreno invadido de hierba crecida, ondea una bandera dispuesta como forma de marcar territorio por parte de un grupo de beneficiarios —¿o perjudicados?— de un proyecto de vivienda fallido.
Al lado del estandarte, una pancarta pequeña dice “Apartamentos Las Magnolias” y alrededor hay un sinnúmero de avisos pequeños soportados en estacas de madera en los que un nutrido conjunto de familias dolidas por la falta de avance en el proyecto desfogaron sus sentires. Uno por ejemplo afirma: “Queremos que aquí se construya el proyecto Las Magnolias como debió ser desde el año 2020”; en otro, adornado por una casita que en vez de puerta tiene un corazón rojo, alguien escribió: “Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo”; otro suscrito por la familia Muñoz Giraldo apela a la fe religiosa: “Gracias a Dios por un lugar que puedo llamar hogar”, y otro más beligerante, sin firma, reclama: “Nuestra casa es un derecho, no un juego. Exigimos se respete nuestro derecho de una vivienda digna”.
La abogada Andrea Jaramillo, quien se ha convertido en vocera de esas y otras familias, incluidos sus propios padres, cuenta de qué se trata todo esto. Relata que en 2019, el último año de la alcaldía de Hernán Darío Urrea, se ideó el proyecto de vivienda de interés social (VIS) Las Magnolias y le dio vía con la resolución 421. Añade que avanzó hasta asignar el terreno, hacer estudios de suelo, diseños, contratar una fiducia, elegir a las 104 familias que disfrutarían de un vividero propio allí y designó una firma constructora. Muchos beneficiarios alcanzaron a dar los $6 millones de cuota inicial, lo cual ya les daba cierto aire de propietarios. Pero llegó 2020, se posesionó Juan Pérez y casi a la vez el covid-19 puso a pensar al mundo en sobrevivir antes que levantar muros. De manera que en 2022, cuando la humanidad despertó del letargo de la pandemia el panorama era distinto. La constructora había renunciado.
En apariencia casi nada avanzó; en enero de 2024 se posesionó otro alcalde, David Esteban Franco, y el proyecto pasó a llamarse Fénix, en alegoría al ave que resurge de las cenizas, aunque los indicios dan para pensar que a la iniciativa se le rompieron las alas. No hay obras y el proceso está frenado.
En medio de todo esto han surgido todo tipo de versiones: que el proyecto no fue viable por la carestía del acero y los otros materiales, que el terreno resultó inestable, que no todos los beneficiarios pagaron la cuota inicial a tiempo, que el primer constructor designado no obtuvo un préstamo y que además reculó porque habría visto que la obra le iba a salir más cara.
Los damnificados le achacan la parálisis a una falta de voluntad política porque el creador del proyecto, Correa (Centro Democrático) era de una corriente política diferente de sus sucesores (liberales) y que por eso, en cambio, otros proyectos de vivienda sí van viendo la luz mientras este no.
También plantean que podría haber intereses particulares de por medio en el lote, que está en un sitio estratégico, a solo una cuadra del parque y es vecino de donde los astros del fútbol Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina levantan un complejo comercial que solo en su primera etapa invierte 17 millones de dólares.
En mayo, varias familias le pidieron a Andrea Jaramillo que las representara. Desde entonces tratan de desenredar la madeja. Han tramitado derechos de petición, conformaron asociación, organizaron actos simbólicos y no descartan demandas.
Pleito para largo
El 17 de julio se reunieron en el predio en torno a un arroz con leche, guadañaron, cada uno expuso sus sueños con la vivienda y plantaron la bandera, la valla y los mensajes para que a nadie se le ocurra disponer de un terreno que consideran de ellos.
El 23 de agosto en una sesión del Concejo de Guatapé les dieron la mala nueva de que Las Magnolias o Fénix no tiene futuro. El alcalde Franco relató que el primer frenazo fue la renuncia de la constructora en 2021 porque aparentemente no logró el cierre financiero. Para ese momento, ya se habían ocasionado gastos por $30 millones con Alianza Fiduciaria, la encargada de administrar los recursos, y fue necesario hacer hasta colectas para pagarlos con el fin de que devolviera el terreno al dominio del municipio con el fin de iniciar de nuevo, algo que ocurrió en 2023. En 2024 entró él en escena, contrató otra fiduciaria y se contactó con Comfama para que estructurara un nuevo proyecto, gerenciara y construyera.
En todas estas, el costo total pasó de $89 millones a más de $130 millones y posteriormente a $179 millones, según explica Blanca Dolly Ríos, una de las destechadas. Pero de acuerdo con Franco, en marzo pasado la caja de compensación le manifestó que tocaba actualizar los linderos y que posiblemente habría problemas de estabilidad de suelos a juzgar por una consulta de los estudios de edificaciones aledañas. En esta parte hay algo que no cuadra, porque una presentación del proyecto de 2019 asegura que en la formulación se contó con expertos, y habla de que hubo estudios de suelos y de que se contó con el aval técnico de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), de la Gobernación.
Así las cosas, construir no era viable con los topes que establece la VIS, de máximo 135 salarios mensuales, es decir poco más de $175 millones de hoy. Las viviendas de los alrededores tienen un valor comercial aproximado de $275 millones.
La salida era hacer los estudios de suelos pertinentes, pero, según Comfama, el pago debía salir del mismo proyecto o que los financiara la Alcaldía, como normalmente sucede, según explicó para este artículo Francesco Orsini, el responsable de Hábitat en Comfama.
“No acepté porque si los estudios salían bien continuaba (la obra) pero si salían mal entonces quién respondía por ese recurso”, aseguró Franco, quien defiende que si a él o a su antecesor les hubiera faltado voluntad, como dicen los perjudicados, no hubieran hecho todas las diligencias demostradas.
Lo cierto es que el proyecto entró en un cuello de botella y en medio están más de un centenar de familias de escasos recursos que reclaman que la Alcaldía de Guatapé les responda, porque hay, en su concepto, un acto administrativo vigente (la Resolución 421 firmada por el exalcalde Urrea cuatro días antes de salir) por el cual adquirieron el derecho y los dos últimos alcaldes les debieron cumplir antes de emprender otros proyectos de vivienda.
El común denominador entre los beneficiarios-perjudicados es que son arrendatarios, poco pudientes y anhelan tener un sitio propio.
Por ejemplo, Ester Sofía Zuluaga, de 67 años, ha vivido siempre de arriendo porque los oficios de su marido, Manuel José Naranjo, no les permitieron ahorrar para hacerse propietarios. Muestra con entusiasmo una imagen en su teléfono móvil con los edificios que hoy existen solo en el papel y señala el apartamento que ya tenía asignado en el segundo piso de la primera torre. La promesa era que les entregarían en obra gris, pero con baldosas y cocina enchapada.
“Lo más triste es que mi mamacita murió pidiéndole a Dios que me diera una casita, porque de 9 hijos yo soy la única que no tiene dónde caerse muerta y que vivo de lo que mis hijitos me den”, contó.
Tal vez por eso, como los demás, a pesar de las evidencias sigue apegada a la esperanza de que todavía el sueño puede hacerse realidad.
Sin embargo, al ser interrogado, el alcalde Franco aceptó que por ahora no existen esperanzas de reactivar Fénix porque tampoco hay más terrenos ni otra caja de compensación a la vista que se le mida al reto. Que lo único es tratar de priorizar a algunos en proyectos que están en ciernes. Es decir, que no hay alternativas para las 104 familias que quedaron colgadas de la brocha.