Pese a la muy publicitada campaña de la Política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en Colombia los delitos contra los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado van en aumento. Hasta ahora, los esfuerzos del Gobierno y sus insistentes acercamientos con los grupos armados ilegales no han frenado la ejecución de prácticas injustas como el reclutamiento de menores de edad.
Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que en el país, además de la gravedad del hecho criminal, preocupa el subregistro de este fenómeno. Y es que las familias, sobre todo indígenas, sienten temor de denunciar el secuestro de sus hijos o hijas por las represalias del grupo criminal.
Según la Defensoría, en 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento forzado en todo el país, y hasta julio de este año se reportaron 159 casos, por lo que se estima que 2024 cerrará con uno de los registros más altos de los últimos años.
El organismo advirtió sobre la gravedad de la situación para los pueblos indígenas, a quienes los grupos armados han sometido a todo tipo de acciones criminales, como el reclutamiento, desplazamiento, abusos, homicidios, confinamientos, entre otros.
Para atender esta situación, la Defensoría, la Fiscalía General, el ICBF y otras autoridades han conformado mesas de prevención al reclutamiento en varios departamentos del país.
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“Lo que se pretende allí es implementar un ‘botón de aviso’ para los casos de reclutamiento y mejorar la documentación de los mismos. Cada vez estas mesas funcionan mejor, porque las comunidades confían más en reportar estos hechos”, dijo la defensora.
Insistió, además, en que existe un subregistro de alrededor de más del 30 % en el reporte de este delito. “No logramos tener una política pública que permita el rescate de los niños y niñas y su traslado sin que tengan que asumir esa responsabilidad las mismas comunidades o los entornos cercanos. No se puede dejar toda la carga en la familia o en las comunidades, debe haber buenas políticas”, añadió la funcionaria.
Admitió que en el país hacen falta “mecanismos para enfrentar las amenazas de reclutamiento y que el Estado tenga la capacidad, por ejemplo, de ubicar a los menores en lugares seguros y garantizar su bienestar sin que se desescolaricen o se vulneren sus derechos”.
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La semana pasada, el organismo denunció que solo en el departamento del Cauca, entre enero y agosto, se registraron 190 casos de reclutamiento forzado.
“Hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas Nasa, son llevados a otros lugares del Cauca o departamentos vecinos, y no solo les asignan funciones de combate, sino también labores de inteligencia, vigilancia, cobro de extorsiones o captación de otros menores para ingresar a las filas”, señaló Marín Ortiz.