“Mi vida familiar, personal, laboral, un proyecto de vida que tenía, se vio afectado por un caso en el cual yo no tenía nada que ver, al cual resulté vinculado por la presión gestada por el capitán Mojica, quien indicó que eran órdenes de arriba, órdenes de los jefes, que era un caso de Presidencia, que si me iba a ir en contra de Presidencia, que si me iba a ir en contra del Gobierno”.
Con estas palabras, pronunciadas con un nudo en la garganta, se expresó el suboficial de policía Fredy Alexánder Gómez, adscrito a la Sijín de Bogotá, durante una audiencia pública en el caso de las chuzadas ilegales perpetradas contra Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro.
En la diligencia, el subintendente Gómez señaló que actuó bajo presión en la trama de corrupción y montaje judicial con la cual sometieron a Meza a chuzadas e interrogatorios ilegales, tras acusarla de robar dinero en la casa de Sarabia, quien es la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Les pidió perdón a las personas afectadas por los procedimientos irregulares, y afirmó que se trató de “una decisión tomada bajo presión y coaccionada por algunos de los superiores, quienes actuaron de manera no acorde con la ley y la ética policial”.
Aseveró que “no tengo conocimiento de los acontecimientos ni detalles relacionados con los hechos que dieron inicio a la investigación del hurto, ni de cómo se recolectó la información para dar inicio a las investigaciones. Solo sé que fui una víctima más bajo la premisa de cumplir órdenes, utilizada por mis superiores, quienes en el afán de querer caminar la investigación cometieron irregularidades en las que terminé involucrado”.
En palabras de Gómez, “solo fui un peón sacrificado en el afán que tenía el capitán Óscar Mojica de dar un resultado. Estoy arrepentido por todos estos hechos, puesto que se afectó la vida de personas como la señora Marelbys Mesa, el señor Johnson Pineda, y hubo un desgaste de la justicia”.
El caso en cuestión comenzó en enero de 2023, cuando se conoció que del apartamento de Laura Sarabia se habían perdido documentos y una gruesa suma de dinero, cuyo monto ha cambiado de versión en versión. Como sospechosas del supuesto hurto fueron señaladas la niñera Marelbys Meza y la empleada doméstica Fabiola Perea.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, a partir de ese asunto comenzó una serie de actuaciones irregulares de parte de varios uniformados, que interceptaron los teléfonos de las dos mujeres, usando como justificación un reporte falso que las señalaba de ser integrantes del cartel narcotraficante Clan del Golfo; luego fueron sometidas a interrogatorios con polígrafos, en los cuales las maltrataron psicológicamente.
En el marco de las investigaciones y el escándalo que suscitaron, se produjo la muerte en extrañas circunstancias del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República. Sucedió el 9 de junio de 2023, cuando al parecer se suicidó de un disparo dentro de una camioneta oficial, en Bogotá.
Laura Sarabia, sospechosa de haber ordenado las interceptaciones ilegales, abandonó la jefatura del gabinete presidencial en este momento, pero luego el presidente Gustavo Petro la designó como directora del Dapre. La funcionaria ha rendido testimonio en la Fiscalía, pero no ha sido vinculada formalmente como indiciada. En cada interrogatorio se ha declarado inocente.
Por el hecho están acusados el subintendente Gómez y el supuesto informante Rafael Ricardo Santos Puentes, por el delito de fraude procesal; y ya fueron condenados a 10 años de cárcel el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, por fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
También fueron imputados el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de Palacio, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexánder Sacristán Bohórquez, por la supuesta comisión de peculado por uso, abuso de función pública, constreñimiento ilegal y acceso abusivo a sistema informático agravado.
“Siempre busqué actuar de la mejor manera, regido a las leyes, sin embargo es difícil estar en medio de una disputa de poderes”, concluyó Gómez.
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