La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Andrés Idárraga, continúa su andanada de acciones legales para enfrentar lo que considera como irregularidades cometidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la licitación de un contrato para la logística de las elecciones atípicas de noviembre.
Con un nuevo oficio, la administración de Petro e Idárraga continúa su rencilla con la multinacional, a la que señala de monopolizar algunos procesos de contratación. En términos del documento, el Gobierno considera que Thomas Greg y la Registraduría incurrieron en “prácticas restrictivas de la competencia” durante la contratación.
La idea del secretario es que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue si durante el procedimiento la entidad fijó a su voluntad los precios de la adjudicación para influenciar “a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios”.
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En el texto de seis páginas, enviado al Grupo de Prácticas Restrictivas de la Superintendencia, la Secretaría aseguró tener hallazgos de “conductas presuntamente constitutivas de hechos de corrupción que podrían tener incidencia penal, fiscal, disciplinaria y administrativa”, que habría cometido el órgano electoral.
La lista de argumentos es prácticamente la misma que la entidad asesora de la Presidencia ha aseverado en el transcurso de toda la licitación: Que la Registraduría presuntamente amañó los requisitos para entregar el contrato con el fin de que las condiciones se ajusten únicamente a lo que un consorcio integrado por Thomas podría ofrecer.
Esta misma semana, la Secretaría presentó ante la Fiscalía y la Procuraduría una denuncia en contra de los funcionarios que participaron en la adjudicación de un contrato de más de $41 mil millones entre la Registraduría Nacional y un consorcio del que hace parte Thomas Greg & Sons.
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El documento, de 66 páginas, le muestra al ente penal y al disciplinario unos hallazgos que la Secretaría considera irregulares Para la entidad adscrita al despacho del presidente Gustavo Petro, “podrían llegar a configurarse conductas tipificadas en el derecho sancionatorio del Estado” por parte de la Registraduría.
Idárraga había anunciado la semana pasada que acudiría a las autoridades luego de la entrega de un contrato para que la unión temporal Distribución de Procesos Electorales 2024, Disproel 2024, liderada por la multinacional constantemente cuestionada por el mandatario, coordinara la logística de las elecciones de noviembre de este año.
Las votaciones atípicas ocurrirán el 17 de noviembre, cuando quienes habitan en 43 municipios voten por sus Juntas Administradoras Locales, y una semana después, el 24 del mismo mes, cuando habrá consultas para conformar dos nuevas áreas metropolitanas en el país. Disproel fue el único posible proveedor que se presentó ante el ente electoral.
“El pasado viernes, la Registraduría, pese a las alertas de la Secretaría de Transparencia, y frente al Ministerio Público, la Procuraduría, decidió adjudicar un nuevo contrato de $41 mil millones para seguir haciendo lo que pareciera que en Colombia nadie más puede hacer”, afirmó Andrés Idárraga en un video en su cuenta de X.
Según el secretario, un alto funcionario de la Registraduría que hizo parte de la estructuración del contrato fue “contratista de Thomas Greg hace menos de cuatro años”. En su publicación, Idárraga no detalló de quién hablaba; en la denuncia, conocida por Colprensa, se menciona seis veces a Alejandro Alberto Campo Valero.
Campo es el gerente de Informática del órgano electoral, y fue designado como uno de los estructuradores del proceso contractual. “Cuenta con antecedentes de vinculación a empresas del sector privado, como GSE, INDRA y Thomas Greg, por lo que podría afectarse su imparcialidad como supervisor y estructurador”, se lee en el texto enviado a la Fiscalía.
Una de las peticiones de Idárraga es que la Fiscalía investigue al gerente y “la posible existencia de una relación entre el ingeniero Alejandro Alberto Campo Valero con la entidad a la que se adjudicó el contrato”, con el fin de “determinar si, eventualmente, hay lugar a un presunto interés indebido en la celebración de contratos”.
La segunda razón para la denuncia del Gobierno es que Thomas Greg ha “distorsionado los precios del mercado para generar precios artificialmente altos para hacerse una nueva ganancia”, según lo dicho por Idárraga en redes. El secretario enfatizó que la compañía “sabía que este nuevo contrato, este veintiochoavo (sic) contrato, iba a quedar en su poder”.
“No se evidencia un análisis de las variaciones y diferencias sustanciales por precios unitarios o precios totales que aplicó el contratante para garantizar que los precios se ajusten a un análisis que obedezca valores de mercado, que no dé lugar a un encarecimiento innecesario del proceso de selección”, asevera la denuncia.
El secretario de Transparencia manifestó que las falencias de la Registraduría llevaron a una vulneración de varios principios de la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en especial del principio de economía, que implica austeridad y que las entidades del Estado eviten gastar de más.
“Como consecuencia de la violación del principio de economía, estamos hablando de que no hubo una libre concurrencia de más oferentes para garantizar el deber de los funcionarios, en este caso, el deber de selección objetiva”, dijo Idárraga en su publicación refiriéndose a que no hubo más posibles proveedores en el proceso.
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Thomas Greg & Sons, el grupo ASD y la empresa de seguridad Transbank se quedaron con un millonario contrato entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. A través de la unión temporal Distribución Procesos Electorales (Disproel), vieja conocida del órgano electoral, obtuvieron un convenio de más de $41 mil millones.
Disproel es un consorcio que cambia levemente de nombre cada año que se presenta ante la Registraduría. El de esta ocasión es Disproel 2024, y el del año pasado, Disproel 2023. Durante la temporada de elecciones del año pasado, la entidad estatal le adjudicó a Disproel un contrato de $1.006 billones para la logística de los comicios.
El objeto de la licitación de entonces era “contratar una solución integral de servicios logísticos, tecnológicos e informáticos para la organización de los procesos electorales a realizarse”. El de este año es exactamente el mismo. Tanto en 2023 como en 2024, Thomas Greg, a través de la unión, fue el único posible proveedor en la convocatoria pública.
La licitación se llevó a cabo con un proceso de selección abreviada cuestionado ampliamente por el presidente Gustavo Petro. A través de su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, el Gobierno le pidió el 7 de octubre a la Registraduría suspender la audiencia de adjudicación al respecto por unas cuatro razones.
Con una carta enviada al despacho del registrador nacional, Hernán Penagos, Idárraga alegó plazos que no permitían la participación de potenciales contratistas que no hubiesen ejecutado un contrato similar con la Registraduría. Además, indicó que la entidad electoral limita el acceso de otros oferentes distintos a la multinacional.
“Se identifica que la experiencia específica requerida podría cerrar las condiciones de acceso”, dijo el secretario, pues “exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos diez años, en el caso de Colombia, estaría limitado a contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
En respuesta, la Registraduría aseguró que se trató de un proceso público sin ninguna preferencia. Y para tratar de blindar su desarrollo, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que este 18 de octubre hizo presencia en la audiencia de adjudicación con el delegado para la Vigilancia Preventiva Marcio Melgosa.
Un día antes de la entrega formal del convenio, la Secretaría de Transparencia publicó en redes sociales una especie de informe sobre la contratación de la empresa Thomas Greg & Sons con la Registraduría Nacional en los últimos dieciséis años, un balance que sirvió para que el presidente Petro cuestionara nuevamente a la multinacional.
El documento señaló que entre 2007 y 2023 la empresa recibió $4,432 billones en designaciones para ejecutar contratos de la Registraduría. En veintiséis de veintisiete procesos licitatorios, aseguró la Secretaría, Thomas Greg “fue el único oferente que presentó propuesta”. La compañía se agrupó en veintitrés uniones temporales creadas en ese período.
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“Así se escrutan las elecciones en Colombia”, reprochó en su cuenta de X el jefe de Estado. Los convenios han tenido como objeto la entrega de kits electorales, la impresión de documentos y tarjetas, el empaque y la custodia de los documentos que cada mesa debe tener, o proveer “los bienes y servicios necesarios” para consultas interpartidistas.