Los últimos días de octubre y el inicio de noviembre serán claves para las reformas y proyectos que el Gobierno de Gustavo Petro quiere aprobar ante el Congreso. Durante esta semana desfilarán en el Legislativo las discusiones sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), la reforma a la Salud y la reforma a la Justicia.
Para este lunes está planillado un nuevo debate del SGP, una reforma constitucional que están en la recta final de su trámite en el Congreso y que, en el tablero, cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en Senado y pasar a la Cámara de Representantes.
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Ese articulado busca que los departamentos, distritos y municipios sean más autónomos en el manejo de sus recursos y desde el Gobierno Nacional hicieron un llamado para que el Congreso le camine a la aprobación. Sin embargo, gremios y expertos han advertido por el riesgo fiscal que traería la inminente aprobación.
Bajo la ley actual, el Gobierno gira 23,8% de los ingresos corrientes de la nación, y la reforma propone que ese monto suba a 46,5%, durante la próxima década.
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“Desde una perspectiva fiscal, el aumento en las transferencias proyectado en la reforma del SGP tendría un impacto negativo progresivo en el balance fiscal, elevando el déficit al 6,4% del PIB para 2036, en comparación con el 3,1% en el escenario actual. Como consecuencia, la deuda del gobierno superaría el límite del 71% del PIB establecido por la regla fiscal, lo que podría desencadenar una crisis fiscal. Esta situación incrementaría el costo del endeudamiento, afectaría negativamente el crecimiento económico y contribuiría a un aumento del desempleo y la pobreza”, advirtieron desde Fedesarrollo.
La pretensión de la reforma es caminar hacia la descentralización para fortalecer a las entidades territoriales a través de más recursos y responsabilidades. En la práctica, tendrían un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de sus propios proyectos.
“El país necesita más autonomía territorial y necesita cerrar las brechas entre los territorios. El centralismo exacerbado en Colombia se ha convertido en una amenaza a la unidad territorial del país”, fue la insistencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
La reforma a la Justicia todavía no tiene ponencia para su primer debate, sin embargo, esta semana será clave en las discusiones de pasillo y de oficina en el Congreso. Es un articulado que iniciará las discusiones con polémica.
Ya un grupo de cien legisladores firmaron para eliminar el artículo del borrador que propone beneficios de rebaja de penas para quienes incurran en delitos graves contra los niños, niñas y adolescentes.
La reforma a la justicia es una apuesta conjunta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; de la fiscal Luz Adriana Camargo y de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La discusión arrancará por la Comisión Primera.
“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país y este porcentaje tiene colapsado a los jueces. Necesitamos repensarnos muy bien, cuál es el sistema de justicia que tenemos, cómo equilibramos el problema de eficiencia con el problema de justicia desde el punto de vista retributivo”, señaló la fiscal Camargo.
La reforma a la Salud tendrá un nuevo intento para salvarse ante el Legislativo. Para esta semana está programada la radicación de su ponencia para el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
El contenido de la ponencia será crucial para determinar si el articulado cumple con el visto bueno para transitar en los cuatro debates que requiere para convertirse en ley. La no satisfacción de los congresistas llevaría –otra vez– al naufragio del archivo.
El Gobierno, por su parte, evalúa la posibilidad de radicar la reforma con mensaje de urgencia. Es una posibilidad que deberán contemplar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y del Interior, Juan Fernando Cristo.