El Consejo de Estado admitió una demanda contra una resolución proferida por el presidente Gustavo Petro en la que nombra gestores de paz a líderes de las disidencias del Estado Mayor Central, entre ellos, alias Firu, quien en julio fue uno de los disidentes de las Farc sorprendido en una caravana de la UNP (Unidad Nacional de Protección) en Antioquia en la que llevaban dinero en efectivo y armas.
Según la demanda, en poder de este diario, debe ser declarada nula la resolución en tanto es “contraria a la Constitución, al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a los precedentes de la Corte Constitucional”.
En el recurso, interpuesto por un ciudadano llamado Santiago Suárez Morales, se reclama por medidas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de las disidencias, “asegurando que los individuos designados como gestores de paz sean sometidos a un proceso penal justo y que cumpla con los principios de verdad, justicia y reparación”.
A finales de agosto pasado, en el marco de su política de “paz total”, el Gobierno Petro nombró a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, como gestor de paz, junto a otros disidentes de las Farc. Así quedó consignado en la Resolución 345 del 30 de agosto de 2024 firmada por el jefe de Estado.
La medida, según el documento, está vigente por seis meses y cubre todo el territorio nacional. En total son cuatro disidentes del Estado Mayor Central de las Farc-EP, como se autodenominan, los que se cobijan con la medida.
En coordinación con la oficina del Comisionado de Paz, estos “gestores de paz” tendrán algunos funciones: “Las personas designadas firmarán un acta ante el Consejero Comisionado de Paz donde se comprometen a asistir a las diligencias judiciales cada vez que sean requeridas, construir un plan de trabajo y rendir un informe mensual sobre sus actividades dirigido a la Oficina del Alto Consejero para la paz (sic)”.
Alias Firu viajaba en la caravana con otros dos cabecillas del EMC: Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien era el segundo al mando de esta estructura y actualmente abandera la facción negociadora con el gobierno; y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, líder del frente 18.
Los tres fueron interceptados por el Ejército en un retén en la vereda Porcesito, de Cisneros (Nordeste antioqueño). Allí permanecieron por más de ocho horas tras negarse a bajarse de los vehículos al demostrar, con documentos, que no tenían órdenes de captura.
En ese momento, los escoltas relataron en exclusiva a EL COLOMBIANO cómo fueron los momentos de tensión cuando un grupo de uniformados del Ejército los detuvo y les apuntó a la caravana de más de siete camionetas con fusiles largos.
Aseguran que todo el operativo fue ordenado con absoluta reserva por parte de la UNP desde Bogotá y agregan que nunca les dieron listados de nombres ni la identidad concreta de las personas a las que estaban escoltando.
“Nos dijeron que nos presentáramos en Bogotá, luego nos delegaron unas misiones y ahora ni siquiera nos quieren pagar los viáticos. Ellos nos dieron armamento, nos asignaron todos los elementos y los vehículos el mismo día cuando nos citaron. Nos asignaron a una comisión de paz, un colectivo. Eso es el desplazamiento, el acompañamiento, todo, la labor de nosotros como tal”, dijo uno de los líderes de los esquemas que habló con este periódico.