Se confirmó que Luis Carlos Leal Angarita saldrá de la Superintendencia de Salud y que lo más probable es que habrá un “enroque” con el director del Instituto Nacional de Salud (INS), Giovanny Rubiano García, para que intercambien sus puestos. Así las cosas, Leal estuvo al frente de la entidad por ocho meses, tiempo en el que no estuvo lejos de la polémica ni menos de la visión del Gobierno sobre el sistema de salud y su visión contra las entidades promotoras de salud (EPS).
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Entre el 23 de febrero y finales de octubre de este año, la gestión de Leal estuvo marcada por intervenciones a EPS, el pedido de dos aseguradoras de retirarse del sistema de salud, videos panfletarios en sedes de gestores farmacéuticos y dos circulares que regulan prestaciones de salud a las mujeres que quieran practicarse un aborto y a los niños y niñas transgénero.
En medio del manejo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado al sector salud, el rol de de la Supersalud —la entidad encargada de vigilar a las EPS— ha sido un bastión para ganar terreno en el manejo del sistema por medio de las intervenciones forzosas administrativas.
Cuando llegó al cargo (a finales de febrero luego de que Petro lo posesionara con la orden de aplicar la reforma a la salud en las EPS sobre las que tenían control), tres aseguradoras estaban bajo esa figura: Emssanar, intervenida en julio de 2022 (en el Gobierno de Iván Duque); Savia Salud, intervenida en mayo de 2023; Asmet Salud, intervenida también en mayo de ese año, y Famisanar, intervenida en septiembre de 2023.
A finales de octubre de este año, cuando se confirma su salida, a esa lista se sumaron otras tres EPS: Sanitas, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS). Todas fueron intervenidas por la superintendencia en el lapso de ocho días, entre el 2 y el 10 de abril. En el caso de Sanitas se iniciaron acciones legales por parte de la aseguradora por considerar que la decisión fue arbitraria, pero hasta ahora ninguna se ha decidido de fondo y se han negado las medidas cautelares que pedían suspender la intervención.
Con esas siete EPS intervenidas, actualmente 25,1 millones de los afiliados al sistema de salud están bajo responsabilidad del Gobierno, que representa el 58,2 % del total de 43,1 millones.
En su paso por la Supersalud, Luis Carlos Leal también tuvo que enfrentar dos anuncios que dejaron a millones de usuarios en ascuas: que las EPS Compensar y Sura, dos de las más grandes y bien calificadas históricamente, solicitaron su liquidación para salirse del sistema de salud, argumentando que la crisis financiera los tienen asfixiados y no pueden seguir garantizando la atención médica de sus afiliados.
Compensar explicó que tomó esta determinación debido “a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema”, lo cual “afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado”.
Por su parte, Sura pidió retirarse con un programa de desmonte progresivo y señaló que “la inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado”.
Sura —que pidió su desmonte progresivo— y Compensar —que solicitó su liquidación total y voluntaria— tienen 5,3 millones y 2,2 millones de afiliados, respectivamente. Ese número de usuarios corresponde al 17,4 % de los afiliados del sistema. Actualmente, la superintendencia no les ha respondido se admite o no estas peticiones.
Recordada es la estrategia mediática y de redes sociales que hizo el funcionario a finales de agosto cuando hizo visitas sorpresa de inspección, vigilancia y control a las sedes de Audifarma en Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades, bajo la premisa de que el desabastecimiento de medicamentos en el país se trata, según él, de una estrategia de negligencia malintencionada por parte de algunos gestores farmacéuticos.
En esas visitas su intención era indagar qué estaba pasando con la no entrega de medicamentos a los pacientes, hablar con los usuarios que estuvieran esperando turno en esos sitios, increpar a las personas que estuvieran trabajando en esos momentos y, como colofón, lanzar la tesis anterior de que “no es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar”.
Como contamos en estas páginas, esa afirmación contradice información de otras entidades del Gobierno, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Ministerio de Salud.
En los ocho meses de gestión de Leal se expidieron dos circulares en materia de garantizar acceso a servicios de salud con enfoque de género.
La primera fue el 15 de agosto cuando la Supersalud reglamentó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en cumplimiento de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Con esa circular, la entidad señaló, entre otras cosas, que las mujeres podrán acceder de forma libre y gratuita a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en cualquier entidad de salud a la que acudan, y en caso de que no cuenten con los mecanismos para practicar el procedimiento, deberán redirigir la solicitud hasta otra institución en donde cuenten con los elementos necesarios.
Por otro lado, el 23 de septiembre publicó un documento en la que planteó una atención diferencial a la población transgénero, que ha tenido barreras de acceso para servicios y medicamentos, dadas algunas características precisas de sus condiciones y necesidades de salud, así como habló de la identidad de género desde los tres años.
Esta circular desató controversia en sectores conservadores porque cita una sentencia de la Corte Constitucional que señala que la identidad de género comienza a los tres años. Es la T-218 de 2022. Esta última estudió la autonomía de los niños, niñas y adolescentes para la toma de decisiones con relación a su vida y libertad, incluyendo su sexo y la reafirmación de su identidad sexual. La sentencia dice de manera concreta que el reconocimiento de género es un proceso que en los niños y niñas puede empezar a los tres años.
Por ese documento, se hicieron varios plantones de protestas frente a la sede de la Superintendencia de Salud en Bogotá en la que pidieron su renuncia y que se retirara esa circular.
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