En el corazón de las selvas de Colombia el conflicto armado está dejando en la mitad al medio ambiente y a las personas que buscan protegerlo. Un informe reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 233 casos de daños ambientales graves en los últimos dos años. Lo que quiere decir que cada tres días se registra un atentado contra la naturaleza.
Estos hechos alarmantes son encabezados por el Clan del Golfo, uno de los grupos más activos en la minería ilegal, que ha devastado grandes áreas de bosque en el Bajo Cauca y Chocó para las actividades de extracción de oro.
En un reciente comunicado, Iris Marín Ortiz, la Defensora del Pueblo, evidenció una situación que suma preocupación al tema, los defensores y líderes comunitarios que cuidan el medio ambiente también están siendo víctimas de los grupos armados. “¡Es hora de que se priorice la protección del medio ambiente en las negociaciones de paz!”, dijo Marín, quien también hizo un llamado a las autoridades para que protejan a los líderes ambientales.
Según la Defensoría, la situación está lejos de mejorar: en un reciente informe del Centro de Investigación Popular (CINEP), afirman que el Clan Del Golfo está coptando a la población para promover la deforestación, la minería ilegal, la contaminación de ríos y la expansión de los cultivos ilícitos.
“Le permiten a la gente estar en las tierras, pero sin tener el derecho de usarlas y administrarlas. O también está ocurriendo que están comprando las tierras, pero no necesariamente bajo amenazas, sino que ofrecen precios atractivos. Y hay que tener en cuenta el nivel de pobreza de la población, entonces acceden a vender terrenos”, dice el CINEP.
Además, informaron que los armados “están tratando de cooptar a los líderes sociales para mover sus apuestas. Obligan a la gente a que pida proyectos de desarrollo como carreteras, conectividad y energía, pero acá sabemos que lo hacen para moverse más fácil”.
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En esos informes, la Defensoría detalló el impacto devastador que la minería ilegal y otras actividades tienen en ecosistemas como el río Atrato y la Selva del Darién, que son considerados claves en el equilibrio ambiental.
“Instamos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para proteger a quienes están en riesgo por su labor en defensa del ambiente y los derechos humanos”, dijo la Defensoría en el comunicado emitido el marco de la COP16.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro, los problemas ambientales no han cesado. El presidente ha reafirmado en varios foros internacionales su compromiso con la biodiversidad, pero la realidad parece superar las iniciativas.
Los grupos armados ilegales no solo están dejando daños ambientales incalculables, también permean con sus economías a las comunidades, lo que hace más difícil que haya un cambio en las actividades de estos grupos.