Lo que comenzó como un sueño para la médica Claudia Céspedes y su familia, se terminó convirtiendo en una pesadilla y hasta en una amenaza para su integridad física y la de sus padres. Esta profesional de la salud trabajó durante décadas en extensos turnos, con el único propósito de conseguir los recursos económicos para comprar el lugar ideal para vivir con sus padres, una pareja de adultos mayores, y que no tuvieran que preocuparse por pagar arriendo. Con esta premisa, de estar en un lugar adecuado y con todas la comodidades, la doctora Claudia vio un atractivo proyecto de vivienda en el exclusivo sector de Rionegro (Antioquia), que era promocionado por la reconocida Fundación Compartir, de la que hacen parte en su junta directiva importantes personas de la vida nacional, quienes incluso muestran su estrecha admiración por el fallecido constructor Pedro Gómez, creador del centro Comercial Unicentro, en Bogotá. El proyecto en papeles y en video se adaptaba a lo que Claudia estaba buscando. Un moderno complejo habitacional estrato 5, con zonas verdes, rodeado de naturaleza, piscina, campo de juegos para niños, una amplia recepción y ubicación estratégica en el barrio San Antonio, con salida hacia el municipio de La Ceja.La fundación-constructora afirmó que el moderno complejo habitacional estaría completamente listo en 2019, promesa que la empujó a hacer la compra de dos apartamentos en 2017, uno para ella y el otro para sus padres, uno de los cuales presenta complicaciones de salud porque sufre de apnea del sueño y por eso necesita un sitio tranquilo para vivir. “Nos convencieron presentándonos los beneficios de la piscina, del salón social, de los juegos infantiles, de los cerramientos del complejo habitacional y una ubicación estratégica”, señaló Céspedes. Para el año 2017, la doctora invirtió en su apartamento 170 millones de pesos. Por ese valor la constructora le ofreció, además del apartamento, dos parqueaderos y un depósito.Parecía una oportunidad que no podía desaprovechar, pues prometía también una alta valorización. Su apartamento consistía de dos habitaciones, sala comedor, cocina y dos baños. Con esas bondades, y luego de varias conversaciones familiares, Claudia y su esposo decidieron comprar el primer apartamento. Después ella con sus hermanos optaron por invertir sus ahorros en un segundo apartamento para sus padres, para el cual tuvieron que desembolsar 230 millones de pesos. El esfuerzo valía la pena. El sueño de la doctora Claudia de vivir en un reconocido sector de Rionegro lo compartía también Jhon Méndez, un alto oficial de las Fuerzas Militares, quien buscaba un espacio tranquilo para vivir junto con sus padres. Al igual que Claudia, Jhon decidió invertir en el moderno complejo habitacional Mirasol, de la reconocida Fundación Empresa Privada Compartir, que en su página de internet aún mantiene publicado el proyecto de vivienda.“Llevo nueve años de dolores de cabeza”, dijo Méndez. Según cuenta el hoy frustrado propietario, optó por hacer la inversión en 2016 para que sus padres, de 70 y 75 años de edad, pudieran vivir en un sitio tranquilo mientras él estaba de comisión por la dinámica propia de su trabajo. “Me prometieron un proyecto de vivienda con todas las de ley, me dijeron que iban a construir seis torres en el Valle de los Santos, con fachadas imponentes, acabados de última generación, zonas comunes amplias y modernas. Un proyecto habitacional ultramoderno”, dijo el militar. Desilusión Pero la desilusión para estos propietarios se dio con el paso de los años, luego de haber decidido invertir en el proyecto de la Fundación Compartir, pero empezaron a ver que todo lo que les habían prometido se comenzaba a quedar en el papel y sus ahorros desaparecían.En la actualidad, el proyecto está prácticamente en obra gris y sin nadie que responda. Según Céspedes y Méndez, la fundación ya los notificó que no va a invertir un centavo más en el proyecto. Para expertos en temas de construcción como Sandra Forero, expresidenta de Camacol, la Fundación Compartir no puede dar la respuesta de dejar el proyecto a medias. Indicó que los propietarios tienen varias vías legales para hacer que se les respeten los derechos y les cumplan con lo prometido. “La Fundación no puede alejarse de la responsabilidad con estos compradores, y ellos pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la oficina del consumidor, que regula esta clase de proyectos”, afirmó. Asimismo, dijo Forero, las alcaldías municipales están en la obligación de abrir procesos y ayudar a los propietarios de los apartamentos a través de la oficina de planeación. “Debe haber un tema de control de vivienda a donde la comunidad pueda acudir y la alcaldía está en la obligación de atenderlos”, añadió. Drama eternoHoy, después de nueve años, según los afectados, el moderno y sofisticado complejo habitacional solo está en el render que les presentaron los vendedores. La fachada actual de las torres no es ni un destello –dicen los propietarios– de la que les prometieron. Vivir allí para ellos es un riesgo en todos los sentidos, aseguraron que la fundación les dejó botada la obra. No cuentan con servicios públicos legalizados, cada mes tienen que hacer vaca para pagar los recibos de agua y luz que son de la obra, más no de los apartamentos. No pueden usar las zonas comunes esenciales y no esenciales porque no fueron terminadas, al igual que la piscina. El oficial del Ejército denunció además que la vida de sus padres que habitan allí se ve amenaza porque el complejo habitacional no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, pues hay cables tirados, cajas de luz destapadas, huecos en el piso y permanentes cortes de luz que impiden el uso del ascensor, obligando a sus familiares a subir a pie 15 pisos. Una situación similar vive la doctora Claudia, quien aseguró que su salud mental y la de sus familiares se ha visto afectada desde que decidieron invertir en este proyecto de vivienda de la Fundación Compartir. “Mi papá tiene 84 años de edad, sufre de apnea del sueño y requiere de un equipo que funciona con luz; como no tenemos los servicios legalizados, en cualquier momento nos cortan la electricidad”, indicó. Los propietarios de Mirasol se sienten doblemente engañados, pues aseguran que de dicha fundación hacen parte importantes personajes de la vida nacional como Jorge Cárdenas Gutiérrez, padre del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. SEMANA se contactó con el exministro Cárdenas para conocer la versión de su padre sobre su participación en dicha fundación e indicó que estaba seguro de que su papá no tenía nada que ver con los problemas de la Fundación Compartir, pero reconoció que formaba parte de ella. Victoria Mendoza es otra propietaria de un apartamento en Mirasol. Tiene 71 años, trabajó toda su vida como empleada de una empresa y los ahorros que tanto logró con el sudor de su frente los invirtió en el apartamento en el que esperaba vivir tranquilamente. Acostada desde una cama ajena donde se recupera de una cirugía, narró a SEMANA la pesadilla que ha sido el haber invertido en el proyecto de la Fundación Compartir. La compra la hizo en 2016 con la ilusión de tener un sitio digno para vivir, pero esa añoranza se fue al piso al ver que la constructora les dejó tirado el proyecto. A Mendoza como a las anteriores familias les entregaron el apartamento, pero el resto del proyecto quedó a medias. Para completar la desdicha de esta adulta mayor, su apartamento se inundó quedando en pérdida total. En la actualidad vive de “arrimada”, como ella misma lo dice, en la casa de una familia y tratando de recaudar cinco millones de pesos para pagar la póliza para que le puedan responder por su apartamento, dinero que debería ser asumido, según ella, por la Fundación Compartir, pero desde allá le respondieron que no contaban con los recursos.“Yo también me siento estafada por completo. Trabajé toda mi vida para tener un sitio digno para vivir, junté todos mis ahorros, lo pagué de contado, y hoy no puedo vivir allí. Esto me ha generado todo tipo de problemas de salud y económicos”, indicó Mendoza. SEMANA intentó ubicar a los responsables de la Fundación Compartir para conocer la versión, se comunicó por teléfono, a los correos electrónicos, incluso a los de notificaciones judiciales y hasta visitó la sede de la entidad con la sorpresa de que ya habían recogido todo, ya no existe. Al igual que sucede con los ahorradores, no hay quién responda.