Este martes, la Suprema Corte de México tiene al país en vilo mientras decide el futuro de la reforma que busca instaurar la elección popular de jueces. Esta iniciativa, impulsada por el Congreso bajo la presidencia de López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegura combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, fuertes críticos aseguran que esto pone en riesgo la independencia de los jueces y podría dejarlos expuestos a la influencia del crimen organizado.
La reforma, que convertiría a México en el primer país en elegir a todos sus jueces en las urnas, ha generado un choque de poderes. La presidenta Sheinbaum ya dejó claro que no hay vuelta atrás: “Estamos preparados para una u otra decisión”, afirmó, mientras anunciaba que las elecciones de 2025 y 2027, en las que los jueces serían elegidos por voto popular, se realizarán de todas formas.
Para anular la reforma, se necesitan ocho votos de los 11 magistrados de la Suprema Corte. Y aunque este número no parece difícil de lograr, la decisión no es tan sencilla, ya que el Congreso, de mayoría oficialista, eliminó recientemente la facultad del máximo tribunal para revisar enmiendas constitucionales. Lo que deja en el limbo la posibilidad de que la Corte invalide la elección popular de jueces.
El ministro Juan Luis González ha propuesto una modificación parcial de la reforma, que dejaría en pie la elección popular solo para los magistrados de la Suprema Corte, pero no para jueces de tribunales inferiores.
Según González, la carrera judicial en los tribunales inferiores es esencial para preservar la independencia y el profesionalismo en las cortes. Esta propuesta ha contado con el respaldo de decenas de funcionarios judiciales, que han mantenido manifestaciones frente a la sede de la Corte en el centro de Ciudad de México.
La reforma ha generado preocupación en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el acuerdo T-MEC. Ambos países han advertido que una elección popular de jueces podría eliminar la independencia judicial, lo que podría tener consecuencias en las relaciones comerciales y en la revisión del tratado entre los tres países.
La presidenta Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, consideran que la corrupción en el poder judicial no puede solucionarse únicamente con cambios administrativos, sino que requiere de una intervención más profunda.
Sin embargo, sus detractores opinan que el problema de la corrupción judicial debe abordarse fortaleciendo las fiscalías y mejorando la capacidad investigativa, y no sometiendo a los jueces a un proceso electoral que podría ponerlos en riesgo de ser presionados por el crimen organizado.
El debate continúa y, aunque ocho magistrados de la Corte ya han mostrado su oposición a la reforma, aún queda en duda si esta reforma logrará imponerse o si la Corte hara uso de poder para dar solución a la crisis.