La Corte Suprema de Justicia reveló nuevos y escandalosos detalles en la apertura de investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por el desfalco de millonarios recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
En un documento de 38 páginas, conocido por El Colombiano, se recogen los testimonios de los exdirectivos de la Unidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalan la participación de congresistas y funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro en un esquema de corrupción que desvió grandes sumas de dinero a través de contratos públicos.
El documento también menciona a María Clara Name, hija del senador Iván Name, cuyo nombre no había sido vinculado anteriormente.
Olmedo López describió cómo coordinó con Iván Name la entrega de 3 mil millones de pesos, que el senador habría recibido como soborno para respaldar las reformas gubernamentales.
Precisó que Name estaba al tanto de la procedencia de los fondos, que aparentemente utilizó para financiar la campaña de su hija María Clara Name al Concejo de Bogotá en 2023.
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“Name Vásquez conocía claramente que el origen de los recursos que le serían entregados, es decir, los 3000 millones pactados, tenían su origen en el patrimonio público de la UNGRD, pues así se pactó en el desayuno, donde además del aforado, estuvieron presentes Olmedo López, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz”, reveló la Corte con base en el testimonio de López.
El presidente del Senado deberá responder por lo acordado en ese desayuno, realizado el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama de Bogotá, en el que también participó Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones, quien fue delegada como emisaria para entregar la maleta con el soborno, una vez López lo sustrajera de los contratos de la entidad que lideraba.
“Yo era el garante de ese apoyo económico para la campaña de su hija. Si algo fallaba en la consecución de los fondos, era porque este director había fallado en el direccionamiento de los recursos públicos”, expresó López.
El exdirector, además, comentó que, aunque era la primera vez que conversaban, la relación entre él, Name y Ortiz se fortaleció rápidamente durante la reunión. “Aquí nace una gran relación”, dijeron a la salida del encuentro.
Ratificó que Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), estaba detrás de la planeación de este esquema corrupto, que desvió recursos destinados a la atención de comunidades afectadas por desastres naturales.
De hecho, afirmó que fue durante una reunión con Sandra Ortiz y Carlos Ramón, que recibió un mensaje de Iván Name con el número de contacto de su hija, María Clara. “Recuerdo que el número que me envía el senador Ivan Name en su pantallazo. Cuando uno abre, lo que encuentra es la foto de la campaña de la hija. Creo que también para mí eso era un mensaje muy diciente, ¿no?”, señaló Olmedo ante la Corte Suprema.
“Cuando estábamos los 3 conversando, Carlos Ramón, Sandra y Olmedo, se notó la importancia de ese apoyo económico para el senador Iván Name y lo que eso significaba para él. Y también lo que eso significaba para el Gobierno respecto a las posiciones y a lo que estaba en juego en el Congreso de la República con él como Presidente”, afirmó.
Desde que estalló el escándalo, los exdirectivos de la UNGRD, han reiterado que la empresa criminal que se tomó la Unidad cumplía la función de desviar altos montos de dinero para usarlos como soborno a políticos y así favorecer, sobre todo en el Congreso, las iniciativas del Gobierno.
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“Al despedirnos en la reunión lo que le escuché al senador Iván Name, fue “gracias por el apoyo”. Entonces quedó claro para mí que ya era la consolidación de un acuerdo entre lo que Sandra había hablado con él y el doctor Carlos Ramón con la despedida de agradecimiento, y ya no me correspondía otra cosa, que ya salir a buscar el recurso de los 3.000 mil millones de pesos”, dijo el exdirector de la Ungrd.
Una vez Carlos Ramón González, amigo cercano del presidente Gustavo Petro, resultó salpicado en el escándalo, renunció a su cargo como director Nacional de Inteligencia, en el cual había sido puesto tras su paso por el DAPRE. Antes de él, Sandra Ortiz ya había renunciado por los mismos hechos.