A través de un comunicado, divulgado este miércoles, Nueva EPS se defendió de los señalamientos que el día de ayer hiciera la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia que apuntaban a que la entidad, en proceso de intervención forzosa desde abril de este año, habría manipulado cifras sobre su estado financiero.Lo que reveló la senadora es que las pérdidas de la Nueva EPS alcanzarían los 4,4 billones de pesos el año pasado y no 411 mil millones de pesos, como aseguró el agente interventor de la entidad para ese entonces, Aldo Cadena. Además, los pasivos de la entidad en 2024 superarían los 12,6 billones de pesos.Uno de los puntos que señala el comunicado es que desde abril pasado, “momento en el que se inició la intervención administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha informado abiertamente a la opinión pública de las pérdidas presentadas en el 2023, por aproximadamente 5 billones de pesos, representados en un número de facturas sin procesar”. De acuerdo con la Nueva EPS —la más grande del país, con más de 11 millones de usuarios y la que se espera sea el modelo de cara a la nueva reforma a la salud del Gobierno nacional—, “una vez inició el proceso de intervención, el Agente Interventor advirtió que los estados financieros correspondientes a la vigencia 2023, no fueron entregados por la administración saliente del periodo en cuestión con las formalidades exigidas por la ley, hechos que puso en conocimiento a los entes de control. Lo que llama la atención es que esa “administración saliente” a la que hace referencia la entidad fue la de Aldo Cadena, gerente nombrado por el presidente Gustavo Petro y que estuvo pocas semanas en el cargo hasta que se instauró el proceso de intervención que desde entonces ha sido liderado por el agente interventor Julio Rincón. Según explica Nueva EPS, la firma auditora Deloitte & Touche no certificó los estados financieros del 2023. Y dichos estados financieros, “a pesar de que fueron provisionalmente ajustados, no han sido certificados por el agente interventor, considerando que la información de la Nueva EPS entre los años 2018 y 2023, está siendo evaluada por una auditoría forense contratada. Estos serán certificados cuando se tenga una certeza de los mismos. El país requiere que estos sean conocidos”. Para la entidad, los estados financieros se han presentado oportunamente, por lo que considera que se ha dado cumplimiento “a los compromisos adquiridos con la Superintendencia Nacional de Salud, siendo septiembre del año 2024 el último mes de reporte. Los cuales no están firmados por ser provisionales y están en investigación”. Añade que bajo la Resolución 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, la Supersalud designó al Contralor para “la medida de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa, persona que cuenta con todas las facultades para revisar y contar con toda la información financiera irrestrictamente”. En ese sentido, añade la entidad, “si bien ha sido notorio el incremento de diferentes requerimientos de información, Nueva EPS reitera su compromiso en poner a disposición de los entes de control y la opinión pública, todo soporte que de cuenta de la transparencia en la gestión y en el manejo de los recursos destinados a la salud de los afiliados”.