Pese a una ligera disminución respecto al año pasado, el impacto económico de los desastres naturales en 2024 sigue siendo importante. Sobre esto, Aon, consultora global de riesgos, destaca que la brecha de protección sigue exponiendo a países y comunidades ante fenómenos climáticos cada vez más delicados.En el informe, Q3 Global Catastrophe Recap, la empresa destacó que las pérdidas económicas globales por desastres naturales hasta septiembre alcanzaron los 258.000 millones de dólares, una cifra que, si bien es 7% menor al promedio del siglo XXI (276.000 millones), sigue estando por encima de lo esperado en un año de relativa calma. Así mismo, el dato es inferior a los 351.000 millones registrados en el mismo periodo de 2023, lo que marca una reducción significativa, aunque insuficiente para aliviar las preocupaciones sobre el impacto económico y social de estos eventos.Por otro lado, en cuanto a las pérdidas económicas aseguradas, Aon reporta que estas alcanzaron los 102.000 millones, superando el promedio del siglo actual de 79.000 millones de dólares. Sin embargo, persiste una amplia brecha de protección del 60%, lo que significa que solo una fracción de los daños ha sido cubierta por seguros. Esta diferencia pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas economías, especialmente en regiones con baja penetración de seguros.Lina Toro, CEO de Reaseguros para Colombia, Ecuador y Perú en Aon, señaló sobre esto que aunque la industria de seguros ha cubierto una mayor proporción de las pérdidas este año, la gestión de riesgos climáticos sigue requiriendo una acción concertada por parte de las organizaciones y los gobiernos para reducir la exposición a futuros desastres.Brasil y Chile, los más golpeados en la región.América Latina ha mostrado ser una de las regiones más vulnerables ante los eventos climáticos extremos. En Brasil, las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul se han convertido en uno de los desastres más costosos del año, con pérdidas económicas estimadas en 5.000 millones de dólares. La magnitud de las lluvias superó todos los pronósticos, afectando a miles de personas y generando daños a la infraestructura, la agricultura y el comercio local.Por otro lado, Chile enfrentó una de las temporadas de incendios forestales más destructivas en años recientes, con pérdidas calculadas en 1.000 millones de dólares. Las llamas arrasaron con miles de hectáreas, destruyendo viviendas y cultivos, y poniendo en jaque a los servicios de emergencia del país. Estos eventos reflejan cómo el cambio climático está exacerbando la severidad de los desastres, haciendo cada vez más difícil predecir y mitigar sus efectos.En Colombia, el panorama no es menos preocupante. El fenómeno de La Niña ha traído consigo lluvias intensas, afectando infraestructuras críticas y perjudicando actividades agrícolas en gran parte del territorio. Según el Ideam, se espera que las precipitaciones continúen con probabilidades de entre el 45 % y el 70 % en noviembre, particularmente en las regiones Andina y Caribe. Esta situación eleva el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones, afectando tanto a comunidades rurales como a centros urbanos.Las lluvias ya han causado interrupciones en el transporte y daños en carreteras, dificultando el acceso a mercados y afectando la cadena de suministro de alimentos. Los productores agrícolas han reportado pérdidas significativas, especialmente en cultivos de café, cacao y plátano, lo que podría impactar los precios de estos productos en el mercado local.A pesar de que el número de víctimas mortales ha sido el más bajo en 37 años, con 13.000 muertes reportadas hasta septiembre, el informe de Aon destaca que la frecuencia de eventos extremos sigue aumentando. La cobertura de seguros ha mostrado mejoras, pero la amplia brecha de protección evidencia la necesidad de desarrollar políticas más robustas y fomentar una cultura de asegurabilidad, especialmente en regiones con alta exposición a desastres naturales.Expertos coinciden en que es fundamental fortalecer las estrategias de mitigación, adoptar tecnologías predictivas y mejorar los modelos de evaluación de riesgos para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático. Además, se necesita una mayor colaboración entre el sector privado y los gobiernos para cerrar la brecha de protección y garantizar que más personas y empresas estén cubiertas ante futuros eventos catastróficos.