Ante las graves inundaciones en el Chocó, que han dejado a más de 30 mil personas afectadas, el departamento se convierte en una de las regiones más vulnerables frente a los efectos de las torrenciales lluvias que ha impactado a más del 80% del territorio por la reciente emergencia.
Los municipios de Bojayá, Alto Baudó, Bahía Solano y Litoral han sido los más perjudicados, detalló la Gobernación de Chocó.
Según diversos informes, las condiciones geográficas, sociales y estructurales del Chocó contribuyen a que las emergencias en esta región sean especialmente devastadoras y de alto impacto para la comunidad.Relacionado: Petro suspendió su participación en la COP29 por emergencia en Chocó: “Es un colapso climático”
Los reportes de la Defensoría del Pueblo y de otros organismos, recogidos por la organización Manos Visibles, han mostrado varios factores que contribuyen a que el cambio climático y sus consecuencias sean especialmente desastrosos para esta región.
La Defensoría del Pueblo había identificado la “movilidad humana forzada” como un fenómeno cada vez más común en Colombia, y especialmente en Chocó, como consecuencia de la emergencia climática.
Este desplazamiento ocurre cuando las personas deben abandonar sus hogares en busca de condiciones más seguras y mejores medios de vida. En 2024, la Defensoría reportó que, de los 13 eventos asociados al cambio climático que se monitorearon, más de 27,434 personas fueron desplazadas en Chocó y otros departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, siendo el 77% de los eventos causados por inundaciones severas.
La constante necesidad de migración interna debido al clima deja a estas comunidades en una situación de desventaja y riesgo constante, sin acceso a recursos y servicios básicos.
Además, la Defensoría del Pueblo indicó en junio de 2024 que en los primeros cinco meses del año los departamentos de Nariño y Chocó fueron los que más registraron confinamientos masivos forzados, con seis cada uno debido al conflicto armado.
“La suspensión de las hostilidades no ha significado la disminución de acciones violentas. En algunos casos redundó en el aumento de confinamientos en departamentos como el Chocó”, señala el Ministerio Público.
La gestión de residuos sólidos es otro de los problemas críticos que agravan la situación en Chocó. La región cuenta con 25 botaderos a cielo abierto, que representan el 31.65% del total nacional, y carecen de medidas adecuadas para evitar la contaminación de suelo, aire y agua, según informó la Defensoría en agosto de este año.
Estos sitios de disposición final de residuos, que ya han superado su vida útil, representan una amenaza directa para la salud de las comunidades y el medio ambiente, incrementando los riesgos de enfermedades relacionadas con la contaminación.Lea aquí: Militares encontraron semisumergible en construcción del ELN en Chocó
Según resumió la organización Manos Visibles, el impacto de las inundaciones en Chocó ha afectado drásticamente el acceso a la educación para miles de niños y jóvenes. Más de 20,000 menores han visto su educación interrumpida debido a las lluvias, desbordamientos y destrucción de infraestructura escolar, según la Defensoría del Pueblo (2023).
La destrucción de caminos y escuelas aísla a los estudiantes de los centros de aprendizaje y reduce su acceso a la protección social, dejándolos expuestos a mayores riesgos de vulnerabilidad y deserción.
La falta de seguridad estructural de las viviendas en el Chocó es uno de los factores que agravan las consecuencias de las emergencias climáticas. Según un informe del Ministerio de Vivienda (2023), consultado por Manos Visibles, seis de cada diez viviendas en esta región están construidas con materiales no resistentes a las inundaciones, como madera sin tratar.
Esta condición implica que miles de familias se ven expuestas a perder sus hogares en cada temporada de lluvias. La fragilidad de estas construcciones aumenta la cantidad de personas desplazadas, que buscan refugio temporal y luchan por reconstruir su vida tras cada desastre.
Las inundaciones no solo destruyen viviendas e infraestructura, sino que también contaminan las fuentes hídricas, dejando a las familias sin acceso a agua potable.
Según UNICEF (2023), menos del 25% de la población rural de Chocó tiene acceso regular a agua segura. Las condiciones de saneamiento también son precarias, y la contaminación del agua afecta de forma directa la salud de las comunidades, que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, en las zonas rurales de esta región, la falta de centros de salud agrava las emergencias relacionadas con enfermedades propagadas por el agua y la falta de saneamiento adecuado.
Con menos de un centro de salud disponible por cada 10,000 habitantes (Ministerio de Salud, 2023), las comunidades enfrentan barreras enormes para recibir atención médica oportuna durante las emergencias climáticas.
Ante la grave situación que enfrentan estas comunidades, el Gobierno y la Defensoría del Pueblo solicitaron la creación de un corredor humanitario para permitir el ingreso de asistencia de emergencia a las áreas más impactadas por la emergencia, esta medida busca garantizar la atención en medio del paro armado del ELN.
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