Esta semana se tiene previsto que se radique en el Congreso la ponencia para arrancar la discusión de la reforma a la justicia. Si bien el proyecto no dejó de levantar roncha por el controvertido artículo 7 –que daba vía libre a rebajas de penas para abusadores y agresores de menores de edad–, finalmente fue retirado. Sin embargo, ello no implica que el proyecto esté exento de polémicas.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el senador Carlos Fernando Motoa, uno de los ponentes, se refiere a los acuerdos que permitieron eliminar el artículo, reconoce que hay otros puntos controversiales y admite que, aunque no es una reforma integral, sí permite avanzar en mejorar el Sistema Penal Acusatorio.
¿Qué discusión tuvieron los ponentes para llegar al acuerdo de eliminar el artículo 7?
“Hoy se dice que un proceso para esta clase de delitos, por la dificultad que tiene para las víctimas y para el mismo proceso investigativo, demora cerca de ocho a 10 años. Y eso muchas veces genera revictimización o incluso, abandono del caso por parte de las víctimas si han logrado sobrevivir.
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Esto lo quiero poner en contexto porque, si bien es cierto tomamos la decisión de no respaldar esa propuesta, los autores tenían buena fe y unos criterios de política criminal que tienen también fundamento. Pero lo que primó es la rigurosidad. Los que hemos tenido esa responsabilidad debemos acertar”.
Es decir, insistir en ese punto era un desacierto y podría malograr una reforma que se está esperando desde hace años...
“Fuimos consistentes en algo que ha sido un horizonte de decisiones del Congreso y es ser muy diligentes en las condenas y sanciones a los autores de delitos contra menores.
Hace cerca de tres años votamos la cadena perpetua para violadores y homicidas de menores. Sin embargo, ese instrumento que consideramos válido para dar una protección mayor y enviar un mensaje disuasivo, la Corte Constitucional nos lo tumbó. Por ello, exploramos otras alternativas”.
¿Contemplaron que la Corte tumbara el artículo 7?
“Lo que buscaban los autores era un principio de oportunidad o allanamiento a cargos. En eso la Corte no creo que tuviera inconveniente.
Hemos aprobado esas normas que pueden ser duras porque vemos que los delitos siguen ocurriendo, el impacto en la sociedad es dramático y, desafortunadamente, las rutas de prevención no se están dando en debida forma.
Los ponentes somos responsables y ya hemos realizado, por autonomía propia, una audiencia pública para socializar el proyecto. A ello se suman reuniones con la Corte, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Hemos tratado de trabajar en esta reforma tratando de acertar en los objetivos de la misma, que es que el Sistema Acusatorio tenga esos principios que la desarrollan de manera muy precisa y que se pueda avanzar”.
¿Cuáles son esos principios?
“Pronta respuesta de la autoridad judicial, celeridad en las sentencias o justicia premial. Por ello, se tomó la decisión de retirar ese artículo 7. Eso ya quedó cerrado. No se va a volver a revivir. La decisión fue cerrar la puerta y mandar un mensaje de coherencia”.
¿Frente a la eliminación del artículo 7 hubo una decisión unánime o alguien se opuso?
“Esto no fue un tema de una sesión únicamente. Fueron tres reuniones entre ponentes y autores, sumado a una audiencia pública, así como encuentros entre ponentes. Fue un asunto muy trabajado y debo manifestar que fue un tema en el que se logró consenso, tanto con los ponentes y los autores. Pero, insisto, tampoco existía una propuesta descabellada por parte de los autores de esta iniciativa”.
También hay mucho ruido con el tema de extinguir la acción penal haciendo uso, entre otras, de una “indemnización integral”. ¿Cómo funcionará eso?
“Eso ya existe. El Sistema Acusatorio tiene tres grandes soportes, uno de ellos, es la reparación integral. Cuando se repara el daño objeto del delito se puede extinguir la acción penal. Hay muchos de estos delitos que están en el Código Penal que permiten desistimiento. Si eso ocurre es porque está avalado un acuerdo entre la víctima y el imputado.
Lo que se quiere es que en los casos de delitos contra el patrimonio económico, contra derechos de autor o lesiones personales culposas, pues que haya desistimiento”.
Usted propuso que haya unas condiciones para que cese el proceso legal, como que el beneficiario no sea reincidente...
“No puede existir la reparación integral cuando se han cometido delitos similares en los cinco años anteriores. En ese caso, no aplica. No se trata que el delincuente pague y pague, y quede libre. Si el responsable tiene antecedentes durante los cinco años anteriores no procede esa posibilidad de la extinción penal”.
Hay otro tema que ha generado preocupación y son beneficios para responsables de delitos como extorsión o financiación del terrorismo. ¿Cómo aplica?
“Son delitos en los que hoy no se permite ninguna clase de acuerdos de principios de oportunidad, ni ninguna posibilidad de llegar a que un cómplice delate a los otros autores o integrantes de la banda.
Hemos decidido, acogiendo lo dicho por la Fiscalía y la Corte Suprema, que en esos delitos se permita, si la colaboración es eficaz para desmantelar bandas, una rebaja de la pena de hasta el 25%. Es única y exclusivamente para desmantelar las bandas dedicadas a la extorsión o el terrorismo”.
¿Cómo ve el ambiente en el Congreso y en la opinión pública para el trámite de la reforma?
“Se han presentado varias reformas y no han salido adelante. Esta, hay que reconocerlo, no es una reforma integral, pero sí se acerca a mejorar el Sistema Acusatorio. El objetivo es disminuir impunidad y resarcir a víctimas para tener un sistema más ágil”.
¿Y dentro de la Comisión Primera sí están los votos?
“La reforma cuenta con los votos. Como todo, tiene posibilidad de mejorar y estaremos atentos a hacerlo. Hemos trabajado para sacar adelante el mejor proyecto posible”.