El recién electo presidente, Donald Trump, quien ya ha enfrentado múltiples desafíos legales, está ad portas de su más complejo obstáculo judicial en su camino hacia la Casa Blanca.
Esta vez, el caso en cuestión está relacionado con un pago secreto de 130.000 dólares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, con el objetivo de comprar su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016.
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El juez Juan Merchan, de ascendencia latina y encargado del caso en Manhattan, acaba de retrasar hasta el 19 de noviembre su decisión para dictar la sentencia, lo llamativo es que, en este dictamen, podría desestimarse el juicio.
Este plazo adicional se da luego de que los abogados de Trump pidieran suspender la resolución, amparados en un fallo reciente de la Corte Suprema que otorga inmunidad a los expresidentes por actos realizados en el marco de su mandato. La jugada es clara: aprovechar los márgenes legales y el tiempo para alinear su regreso a la Casa Blanca con una posible salida en limpio de los tribunales.
El pago a Stormy Daniels, realizado en plena campaña electoral en 2016, se convirtió en uno de los puntos clave que le valieron a Trump la condena por 34 cargos de falsificación contable en mayo de este año.
Sin embargo, el exmandatario, quien siempre ha negado la relación extramatrimonial, ha jugado a favor de los plazos, logrando que los otros juicios en su contra se posterguen hasta después de las elecciones. Con su victoria el 5 de noviembre, Trump confía en que sus problemas legales se disuelvan al ritmo de su regreso al poder.
Pero la situación no es tan simple. Este juicio contra Trump es el único que no ha logrado retrasar más allá de 2024, lo que lo convierte en un verdadero lío judicial para el presidente electo. De hecho, la defensa había solicitado al juez Merchan que desestimara el caso, basándose en la reciente jurisprudencia que podría eximirlo de responsabilidad por actos cometidos mientras estaba en campaña.
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Si Merchan decide desestimar el caso, el magnate ganaría una batalla importante, sin necesidad de que se impusiera una sentencia en su contra. Sin embargo, si el juez decide continuar con el proceso, lo más probable es que Trump recurra la decisión, lo que generaría un nuevo retraso mientras asume el cargo el 20 de enero.
El exfiscal Randall Eliason explicó en sus redes que, cualquier condena a prisión o incluso prisión domiciliaria tendría que esperar a que se resuelvan las apelaciones y, sobre todo, hasta que Trump termine su mandato.
Por ahora, el presidente electo continúa denunciando que las acusaciones en su contra son parte de una “caza de brujas” política, diseñada para empañar su figura y obstaculizar su regreso a la Casa Blanca.
Aunque, en teoría, Trump podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel por los cargos de falsificación contable, muchos expertos consideran que la posibilidad de encarcelarlo parece cada vez más remota. Encerrar a un presidente en funciones sería una maniobra muy compleja.
Lo cierto es que, mientras Trump se prepara para volver al poder, su horizonte judicial parece despejarse, al menos por ahora, si sabe usar la ley y luego apela a su inmunidad diplomática. En cuanto asuma la presidencia, tendrá la potestad de nombrar a un nuevo fiscal general que podría remover a Jack Smith, el fiscal especial que lleva dos de los casos federales contra él.
Además, podría ejercer su poder para dar órdenes a la Fiscalía de retirar los cargos en su contra, basándose en una política interna que evita procesar a un presidente en funciones. Sin embargo, algunos expertos advierten que esa política no debería aplicarse a casos que ya están en curso, como los de Trump.Siga leyendo: ¿Quién es Stormy Daniels, la mujer que puso contra las cuerdas a Donald Trump?