Por cuenta de la controvertida aprobación del texto de la reforma pensional en la Cámara de Representantes en junio pasado, este martes la Veeduría Nacional del Partido Conservador sancionó a siete congresistas de esa colectividad.
Se trata de los representantes Jorge Alexander Quevedo, Gerardo Yepes, Alfredo Ape Cuello, Ruth Amelia Caycedo, Daniel Restrepo, Ciro Rodríguez y Fernando Niño. Según la investigación, apoyaron con su voto la proposición de acoger el texto que semanas atrás había aprobado el Senado, pese a que no había un acuerdo de bancada.
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A mediados de junio pasado, al filo del cierre de sesiones ordinarias, la plenaria de la Cámara aprobó una controvertida proposición que permitió que –de manera exprés y sin mayor discusión–, la reforma pensional pasara a sanción presidencial.
Teniendo en cuenta que era el último debate del proyecto, los representantes –tras discutir y aprobar la ponencia que le daba vía libre a la iniciativa– estaban obligados a estudiar, analizar y darle el visto bueno al texto que fue aprobado por el Senado en segundo debate en abril pasado. Lo anterior, con miras a armonizar el texto del Senado con la ponencia de la Cámara.
Sin embargo, cuando apenas se examinaban alrededor de cinco o seis artículos del texto, se sometió a votación una polémica proposición para que se acogiera sin mayor detenimiento lo aprobado en Senado. Lo anterior, al parecer, debido a los apretados tiempos legislativos, teniendo en cuenta que si el proyecto no se aprobaba antes del 20 de junio sería archivado por tiempos.
Los siete congresistas del Partido Conservador fueron señalados de darle vía libre a esa proposición, por lo que la Veeduría les abrió investigación disciplinaria y, pasados cinco meses, decidió sancionarlos. Además, los responsabilizó por votar positivamente el título y pregunta del proyecto.
Si bien los investigados argumentaron que había un acuerdo dentro de la bancada para votar favorablemente, la Veeduría logró determinar que lo único que había era una convocatoria a una reunión de bancada para definir el voto.
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“No entiende esta Veeduría las razones por las cuales los investigados quieren hacer valer una simple convocatoria como un acuerdo de bancada, tratando de inducir en error al despacho”, explicó el organismo.
Aunque los investigados buscaban el archivo del proceso, la Veeduría concluyó que “existen los fundamentos probatorios suficientes” para sancionarlos. Por ello, determinó que no tendrán derecho a voz y voto en la Cámara durane 90 días, y serán separados de toda actividad del Partido Conservador por el mismo lapso. Se advierte que la sanción podría ser prorrogable otros 90 días.
La Veeduría indicó que los investigados no fueron a ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, fueron citados a versión libre para que expliquen sus razones.