A la novela de la pelea por poder en el Gobierno que supuso la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud aún le hacen falta varios pedazos. Si bien el funcionario no ha dado declaraciones públicas sobre su renuncia al cargo, hay más elementos que permiten mostrar que esto tuvo que ver con su último acto como superintendente y con los movimientos que se están haciendo en esa entidad desde que se posesionó Giovanni Rubiano en remplazo de Leal.
Para esta nota, EL COLOMBIANO habló con dos fuentes que conocen el sector salud del país por dentro y con otra fuente que ocupó un alto cargo en la Supersalud durante la gestión de Luis Carlos Leal.
Las dos primeras coincidieron en que es un secreto a voces que la investigación sobre la presunta desviación de recursos de la salud a paraísos fiscales por parte de cuatro entidades promotoras de salud (EPS) —tres de estas intervenidas y manejadas por el Gobierno— propiciaron que le pidieran la renuncia. La tercera, que pidió no ser identificada, confirmó que “sí tuvo que ver con esa denuncia que se hizo producto de la investigación” y que detrás de esa decisión estuvo un alto funcionario del ministerio del ramo.
Esta misma persona, que trabajó en una de las siete delegaturas de la superintendencia, confirmó que fue la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, la que le pidió su renuncia el mismo día (22 de octubre) que Leal presentó la denuncia ante la Fiscalía por los hechos de desvío de dineros de la salud, pero sin darle alguna explicación.
Otra de las fuentes que habló con este diario contó que desde entonces, el ahora exsuperintendencia quedó muy afectado por la decisión que tomó Presidencia y que hasta llegó al llanto por el enojo. La noticia de su salida se conoció recién una semana después y hasta quedó el registro de su despedida de la entidad, como lo contamos en estas páginas el 1 de noviembre pasado.
Sin embargo, el Gobierno no quería dejarlo como una rueda suelta que pudiera hacerles daño. Por eso, le ofrecieron hacer un enroque para que él llegara a la dirección del Instituto Nacional de Salud (INS) y Giovanni Rubiano quedara en la Supersalud. Lo segundo se oficializó el miércoles pasado cuando el presidente Gustavo Petro lo posesionó, pero lo primero está quieto. Al parecer, el también exconcejal de Bogotá no le sonó el ofrecimiento y dijo no. Varios medios de comunicación dieron por hecho que llegaría a la gerencia del Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio (Fomag) y que Tomás Prasca, quien está en ese cargo, dirigiría el INS.
Hasta el cierre de esta nota, el Fomag no confirmó ni negó esa información. Pero dos de las fuentes antes referenciadas pusieron en entre dicho esa posiblidad por un factor no menor: que no puede pasar de ser vigilante a vigilado, pues entre los actores de salud a los que la superintendencia vigila está el Fomag, que es el encargado del régimen de salud de los profesores.
De hecho, luego del cambio de modelo que hizo el Gobierno esa entidad, bajo las órdenes de Leal, impuso en mayo de este año una medida cautelar contra ese Fondo y la Fiduprevisora (que administra los recursos del magisterio). Incluso, en julio abrió un proceso sancionatorio contra esa fiduciaria por los problemas en la prestación de servicios. “Él no tiene nada seguro en este momento”, dijo la persona que trabajó con él. Amanecerá y veremos.
Por otro lado, dos de las fuentes señalaron un posible distanciamiento entre el exfuncionario y su madrina política, la exministra de Salud Carolina Corcho, de quien fue discípulo en su trayectoria como activista. Incluso estuvo presente en el evento en Casa de Nariño en el que se presentó la reforma a la salud, en febrero de 2023. Ese detalle pasaría inadvertido de no ser porque su presencia en el Gobierno era considerado una cuota de Corcho en medio de la división que hay en el sector entre ella y el actual ministro Guillermo Jaramillo.
La exministra no se ha pronunciado públicamente sobre la salida de Leal de la Supersalud ni lo hizo cuando EL COLOMBIANO la buscó con ese fin para esta nota. Lo único que ha dicho al respecto lo hizo en una entrevista con el medio regional Noticias Viva de Pasto, en donde dijo: “el Gobierno tendría que tener más acciones, me parece que la Superintendencia de Salud debería ser contundente en la resolución de peticiones, quejas y reclamos. No podemos tener un aumento de la tutela en un 40 % cuando el sistema de salud está intervenido”.
Finalmente, la persona que trabajó junto al exsuperintendente contó que en esa entidad pidieron la renuncia de todos los funcionarios, pues ya están sobre la mesa las hojas de vida de las personas que llegarán con Rubiano. No obstante, a la única que no se la pidieron fue a la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Gómez Consuegra, quien es esposa del ministro Guillermo Jaramillo. Entre sus funciones está hacer intervenciones forzosas para administrar a los hospitales y clínicas y sugerir los honorarios de interventores y contralores de los prestadores de servicios.
Esta fuente la describe como la funcionaria que mantiene informada al ministro (su esposo) sobre los procesos importantes que se llevan a cabo en la superintendencia sobre el cambio de agentes interventores en las IPS, con lo cual “no permite que haya independencia entre la super y el ministerio”.
Giovanni Rubiano fue subalterno del ministro Jaramillo cuando fue secretario de Salud en la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, en donde el hoy superintendente fue su subsecretario y director administrativo y financiero.