El próximo 18 de noviembre, la plenaria del Senado elegirá el reemplazo en la Corte Constitucional de Antonio José Lizarazo, quien culmina su periodo en febrero de 2025. La terna, presentada por el Consejo de Estado, está integrada por los juristas Claudia Dangond Gibsone, Jaime Humberto Tobar y Miguel Efraín Polo Rosero y aún no están del todo cantados los votos de todas las bancadas.
EL COLOMBIANO consultó a varios legisladores y el común denominador es que se trata de una terna con destacable trayectoria académica, por lo que van a pesar otras razones para elegir quién ocupará una nueva silla en el alto tribunal por un periodo de ocho años.
No es cualquier cargo. El saliente togado Lizarazo, un jurista de origen liberal quien militó en El Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, dio su voto a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. También ha emitido sentencias relacionadas con la protección de las comunidades étnicas y migrantes. Es amigo personal del actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo –con quien trabajó antes de ingresar a la Corte– y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
¿Quiénes son los ternados?
El Consejo de Estado, después de un juicioso proceso de entrevistas y revisión de hojas de vida, presentó tres candidatos, dos hombres y una mujer, que es Claudia Dangond Gibsone, una experimentada abogada que ya había sido finalista para integrar la Corte en 2020 y 2022. Dangond aspiró al Senado por el Partido Conservador en 2014 y contará con el apoyo de esa bancada, según confirmó este diario. Efraín Cepeda, actual presidente de esa Corporación es de origen conservador y se ha distanciado de varias decisiones del Gobierno.
El abogado Jaime Humberto Tobar es socio de una firma de abogados y también es profesor universitario como Dangond. Tobar es experto en arbitraje y conciliación y fue conjuez del Consejo de Estado.
Pero el integrante “sorpresa” y por el cual hay controversia en el Senado y en la misma Corte Constitucional es Efraín Polo Rosero, magistrado auxiliar de ese mismo alto tribunal y parte del equipo de Vladimir Fernández, el poderoso exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro.
Polo ya había sido magistrado auxiliar de otros cuatro togados, pero algunas fuentes al interior de la Corte le dijeron a este diario que es el que menos años de experiencia como abogado tiene, pues se graduó en 2002 de abogado en la Universidad Javeriana y que estos cargos deberían ser ocupados por juristas de mayor edad que estén finalizando su vida laboral. Pero otras fuentes señalan, en defensa de Polo, que Vladimir Fernández no cambió al equipo que estaba en su despacho cuando llegó y el ternado inició como auxiliar judicial y ha escalado profesionalmente en la Corte.
”No es ficha del Gobierno formalmente, pero puede ser más cercano ideológicamente que los otros dos candidatos”, dijo un jurista cercano al proceso de elección.
Lo que está en juego
Esta elección llega en un momento del periodo de Gustavo Petro en el que las relaciones del poder Ejecutivo con el Judicial están tensas, por decir lo menos. Hace pocos días, el recién electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano pidió, y la ley lo contempla, que su posesión no fuera ante el presidente Petro. “Su decisión fue una especie de protesta para reivindicar la independencia de las cortes”, le dijo a este diario una fuente de ese alto tribunal. Hace poco más de un mes, los magistrados de la Corte Suprema tampoco fueron a la posesión de una magistrada de la Judicatura y rechazaron otras invitaciones de Palacio para “afirmar su autonomía”. En un polémico discurso desde Chocó, el presidente Petro dijo que el presidente de esa Corte era un “negro conservador”.
Y si por los lados de la Suprema no deja de llover, en la Constitucional no escampa. A principios de este año, José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, desmintió al presidente Petro sobre el asedio que sufrieron los magistrados de la Suprema que sesionaron para elegir a la nueva fiscal general. “Los magistrados no pudieron salir y entrar”, dijo Reyes en ese momento. Pero en septiembre de este año, ese mismo magistrado salió a los medios de comunicación a decir que el repetido “golpe blando” que el jefe de Estado reclama por parte de varios sectores, incluyendo las cortes, no existe: “Ni siquiera sé qué es eso del golpe blando”.
Con la elección del nuevo asiento en la Corte Constitucional están en juego varios proyectos y apuestas del Gobierno como la revisión de la reforma pensional, el impuesto al patrimonio y el Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque esas decisiones se tomen en derecho y las altas cortes se integren de reputados juristas, lo cierto es que llegan a ese cargo por decisiones políticas —como quedó demostrado con Trump en Estados Unidos y la Corte Suprema— pues los elige el Senado. En este caso, todo parece indicar, que el Legislativo no apoyará la ficha de Petro que sería Polo, sino que Dangond y Tobar tienen más posibilidades.
¿Qué hace la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional, además de garantizar la supremacía de los derechos y normas constitucionales, juega un rol clave para el ordenamiento jurídico del país. Decide sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, lo que implica en esencia un contrapeso al Ejecutivo, pues revisa su contenido y vicios de procedimiento.
Además, la Corte revisa las demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos contra las leyes. Las sentencias de este alto tribunal son obligatorias para los jueces.
Aterrizado a cada Gobierno de turno, la Corte Constitucional revisa leyes clave para su agenda. En el caso de Petro, la reforma pensional, el impuesto al patrimonio y el Plan Nacional de Desarrollo.