En información relevante al mercado en España, Telefónica informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en un laudo arbitral del 12 de noviembre, condenó al Estado colombiano a pagar 379,8 millones de dólares (unos 357,6 millones de euros), porque Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica.La historia se remonta a la década pasada, cuando el Estado colombiano argumentó que los contratos iniciales para la prestación del servicio de telefonía celular en 1994, en ese momento con cerca de seis operadores, tenían una duración de diez años, prorrogables otros diez y que terminarían en 2014, y los activos revertirían al Estado.A principios de 1998 se expidió la ley 422 que determinó que, en los contratos de concesión de telefonía móvil celular, solamente se revertirían al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, es decir el espectro.Esto generó una disputa entre el Estado colombiano y Movistar (Telefónica) y Claro (en su momento, Comcel). En febrero de 2017, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) convocó a un tribunal de arbitramento en Colombia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica).El fallo, en esa oportunidad, fue a favor del Estado colombiano y dejó en firme una condena de pago de alrededor de $4,7 billones a Telefónica y Claro por reversión de activos. Esto llevó a que las dos empresas tuvieran que pagar 4,7 billones de pesos (de los cuales a Claro le correspondería a pagar $3,1 billones) a la Nación.De acuerdo con la publicación de Telefónica en España, el 2 de febrero de 2018, Telefónica S.A. inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de la República de Colombia ante el CIADI. En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado que afectaron las inversiones de Telefónica en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), en donde Telefónica tiene participación mayoritaria. Cabe recordar que en Coltel el Estado colombiano tiene una participación de 32,5%.“La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica se vio forzada a pagar al Estado la cantidad de US$ 379.804.275.55 en 2017. Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo por parte de la Corte Constitucional colombiana y otras entidades, fueron implementadas en violación del APPRI. Para resolver la disputa, se constituyó un tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros”, señala la comunicación.Agrega la información relevante que después de agotarse todo el procedimiento arbitral, el día 12 de noviembre de 2024, el CIADI notificó a Telefónica el laudo del Tribunal relativo a esta disputa.“El Tribunal ha considerado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica de acuerdo con el Articulo 2(3) del APPRI, y le ha condenado a pagar la cantidad de US$ 379.804.275,55 (aproximadamente 357.631.302 euros al tipo de cambio de 12 de noviembre de 2024) más intereses compuestos a una tasa del 5% por concepto de compensación por los daños ocasionados, es decir, la totalidad del monto principal y de intereses reclamados por la empresa. Además, el Tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados utilizados por Telefónica durante el procedimiento arbitral, junto con los intereses correspondientes”, concluye la información.Noticia en desarrollo...
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