El asesinato del productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido como Dr. Velásquez, y su pareja, Astrid Sofía, en la madrugada del pasado 8 de junio en la parcelación de casafincas Acuarela, en Envigado, a manos de su entonces mayordomo Julián Alberto Quintero con un arma de fuego enfrenta ahora un giro clave en el proceso judicial.
El confeso asesino, señalado del doble homicidio, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y porte ilegal de armas de fuego, a cambio de una pena reducida de 24 años de cárcel.
Este acuerdo ha sido rechazado por los familiares de las víctimas y sus representantes legales, quienes denuncian que la negociación se hizo sin su participación y consideran que la pena de 24 años es insuficiente.
El abogado Santiago Tobón, representante de las víctimas, expresó su malestar en entrevista con EL COLOMBIANO, señalando que la Fiscalía envió un correo informativo sobre los términos del preacuerdo el 18 de octubre, pero sin permitir la participación de las víctimas en la negociación.
“Ese preacuerdo se negoció de espaldas a las víctimas y a la jurisprudencia constitucional”, afirmó Tobón, e hizo énfasis en que la ley obliga a que las víctimas sean escuchadas durante estos procesos. Tobón explicó que, aunque no tienen la facultad de vetar el acuerdo, sí deben ser consultadas y sus puntos deben ser considerados.
Por su parte, la abogada Manuela Toro, quien representa a Quintero, también habló con EL COLOMBIANO y aseguró que la Fiscalía cumplió con informar a las víctimas y que su defensor conocía del acuerdo desde octubre.
“Ambos defensores de las víctimas sabían de este preacuerdo y esperaron hasta noviembre para decir que no se les había hecho partícipes. La Fiscalía y los representantes de las víctimas son un equipo de trabajo, y si no hay acercamiento de su parte, es difícil que puedan ser parte de la elaboración del preacuerdo”, señaló Toro.
El juez perteneciente al Juzgado Primero del Circuito de Itagüí, tras escuchar las quejas de las víctimas en la audiencia programada inicialmente como preparatoria para el juicio, determinó que la Fiscalía deberá socializar el acuerdo con ellas en una reunión y reprogramar la audiencia para discutirlo.
Dicha reunión se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre para escuchar a todas las partes implicadas, incluidos los familiares y representantes de las víctimas, Santiago Tobón y John Bedoya; la representante de Quintero, Manuela Bedoya; y Quintero, quien estará bajo custodia del CTI en el búnker de la Fiscalía, según afirmaron los representantes de ambas partes a este medio.
Y aunque la Fiscalía sostiene que la rebaja de pena fue del 43% y no alcanzó el máximo permitido por ley del 50%, el abogado Tobón cuestionó esta afirmación y señaló que “partiendo de un cálculo jurisprudencial la reducción fue hasta del 60% de la pena imponible”.
“El juez debe decidir si avala o no ese preacuerdo en la audiencia del 12 de diciembre, y nosotros vamos a seguir oponiéndonos porque la pena es demasiado baja. Estamos hablando de dos víctimas fatales y un porte ilegal de armas, tres delitos en total para que sean 24 años”, insistió Tobón.
Sin embargo, la abogada Toro apoderada de Quintero, defendió la legalidad del proceso y afirmó que el objetivo del preacuerdo era “terminar anticipadamente el proceso”. Ahora, todo dependerá del próximo encuentro y de la decisión final del juez en diciembre, donde se sabrá si este acuerdo es ratificado o rechazado.