En la tarde de este sábado, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, se manifestó en contra del proyecto que la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, presentó a la Asamblea para cobrar una sobretasa en la factura de servicios públicos en los hogares y las empresas de estratos 4, 5 y 6 para financiar proyectos de seguridad en el departamento.
“Desde Fenalco Antioquia queremos expresar nuestra profunda preocupación con respecto al proyecto de ordenanza radicado por la Gobernación de Antioquia esta semana en la Asamblea Departamental. No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas. Aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento”, dijo María José Bernal, la directora ejecutiva del gremio en el departamento.
Hay que recordar que con esta iniciativa la Gobernación pretender recaudar cerca de $1,2 billones entre 2025 y 2027, no solo para aumentar la fuerza pública sino para mejorar la tecnología y la infraestructura para combatir a los grupos armados ilegales que no han parado de fortalecerse y expandirse por todo el territorio durante los últimos años.
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Si bien para una familia de estrato 4 el impuesto podría representar un incremento de menos de $20.000 en su factura mensual, para las empresas el golpe puede ser mucho mayor, pues además está la posibilidad de que los servicios aumenten significativamente el próximo año ante una eventual escasez de gas.
En días pasados, desde Intergremial, otra asociación de empresarios, ya habían anunciado que no le caminaban al proyecto, pues consideraban, entre otras cosas, que no había sido socializado oportunamente.
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“La presentación del impuesto de seguridad y convivencia ciudadana nuevamente careció de una profunda socialización con empresarios y ciudadanos, que son los que se verían directamente afectados. Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el DANE, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro departamento. Por lo cual un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos”, dijo hace una semana Nicolás Posada López, presidente de la agremiación.
Por otro lado, esta semana se conoció que la propuesta del gobernador Rendón tampoco había caído bien en la Alcaldía de Federico Gutiérrez ni en su movimiento político Creemos, que tiene cinco de los 26 asientos de la Asamblea.
Y es que ni la Alcaldía ni EPM fueron tenidos en cuenta en la discusión del proyecto que se presentó esta semana, a pesar que el impacto recaería principalmente sobre los habitantes de la capital antioqueña.
Según pudo conocer este diario, el razonamiento al interior de la administración distrital y la compañía de servicios públicos es que imponer un tributo de este tipo que impacte precisamente en el valor de la energía, no sería conveniente considerando el riesgo de que haya un déficit de energía el próximo año y las tarifas suban.
Sin el apoyo de la Alcaldía de Medellín, EPM y los empresarios es probable que el proyecto de la Gobernación se tropiece otra vez en su paso por la Asamblea, pues hay que recordar que esta es la segunda vez que Rendón propone la iniciativa.
De allí que desde diferentes sectores, entre ellos el empresarial, le proponen a la Gobernación estudiar alternativas y soluciones urgentes que no impliquen pagar un nuevo impuesto, pues reconocen que la situación de seguridad por la que atraviesa el departamento es crítica y actualmente no cuenta con los recursos propios ni con el apoyo del Gobierno Nacional para hacerle frente.
De acuerdo con Antioquia Cómo Vamos y la Fundación Pares (Paz y Reconciliación), para este año el Clan del Golfo ya tiene presencia en por lo menos 66 de los 125 municipios de Antioquia, lo que equivale a un dominio del 52% del territorio.
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Dicho porcentaje se corresponde con una expansión que también ha ocurrido por fuera de Antioquia, ya que mientras en 2016 se calculaba que el Clan tenía un pie de fuerza de 5.960 integrantes y estaba en 248 municipios del país, para 2024 ese contingente ya era de entre 9.000 y 14.000 hombres armados, con presencia en 316 municipios colombianos.
Mientras el ELN ha extendido su poder por 33 municipios (equivalentes al 26% de Antioquia), principalmente del Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte y el Magdalena Medio; las disidencias de las Farc, que en el departamento se conocen como Estado Mayor Central (EMC), han infestado por lo menos por lo menos 19 municipios (15%), en las mismas subregiones del ELN.
En el occidente del Antioquia, los casos de extorsión han crecido en un 185%. En Urabá y el Suroeste los aumentos han sido del 48% y 42%, respectivamente, mientras que en el Oriente los casos de extorsión se han incrementado en un 50%. Aunque las cifras generales de los homicidios en el departamento han tenido una leve caída (2,4%) en el último año, esta disminución ha estado jalonada principalmente por Medellín y el Área Metropolitana, pues en subregiones como el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, los asesinatos han subido en dos dígitos.
Mientras tanto, en los últimos 15 años, el número de policías en el departamento se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando de 9.000 uniformados en 2009 a menos de 5.000 en la actualidad, siendo las más afectadas las regiones rurales y apartadas, donde la escasez de pie de fuerza y de policía se traduce en estaciones policiales deterioradas y decadentes.
Además de la falta de personal, Antioquia enfrenta un déficit en infraestructura y tecnología que limita la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Mientras Medellín ha avanzado en la implementación de redes de cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo, muchos municipios vecinos aún carecen de herramientas básicas para rastrear actividades delictivas.
Ante este panorama, la pregunta que queda es si podrán los políticos, empresarios y ciudadanos encontrar una alternativa rápida que no implique apretarse (aún más) el cinturón.