Falta menos de año y medio para las elecciones presidenciales de 2026 y desde distintos sectores del país hay preocupación por los ataques, algunos de ellos sutiles y otros directos, que ha recibido la Registraduría Nacional.
Se trata ni más ni menos del organismo que puede garantizar unas elecciones limpias y justas en 2026. Un órgano fundamental del sistema democrático. Sin embargo, recientes movidas, parecen intentar socavar su independencia y la confianza del país sobre ella.
El propio presidente Gustavo Petro lanzó el manto de duda hace pocas semanas en su cuenta de X: “la toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro para la democracia colombiana”. Una acusación que carece de sustento porque esa firma ha estado en las últimas décadas participando en las elecciones, y muchas de ellas Petro las ha ganado.
Además de intentar provocar desconfianza, el grado de preocupación ha aumentado con la polémica actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) –un ente adscrito al Gobierno– que le imputó cargos a funcionarios de la Registraduría porque supuestamente no le dieron toda la información solicitada en un procedimiento de inspección.
EL COLOMBIANO habló con el registrador Hernán Penagos, quien ratificó que esas actuaciones “rompen la estructura del Estado”, enfatiza que “un órganos del gobierno no puede estar investigando entes autónomos” y advierte extrañeza porque, según el, la Superintendencia no podría seguir con el proceso teniendo en cuenta que está siendo investigada por la Procuraduría por extralimitación de funciones.
Hay quienes interpretan la investigación de la SIC como un atentado a la independencia de la Registraduría ¿Piensa usted lo mismo?
“En marzo, la SIC visitó las instalaciones de la Registraduría. Los recibimos con toda la cortesía. Durante esa visita, que fue por cerca de una semana, empezaron a indagar acerca de la información contractual”.
¿Es normal que la Superintendencia haga esta visita?
“No, no es normal. Es inédito, es la primera vez que ocurre”.
En teoría estaban investigando el caso de Thomas Greg & Sons, que trabaja con la Registraduría en elecciones hace varias décadas...
“Ellos han trabajado con la Registraduría 25 o 30 años. La SIC quería revisar los procesos y los funcionarios entregaron toda la información. Me refiero a procesos contractuales, precontractuales, actas, pagos, inclusive hojas de vida de funcionarios que estuvieron al frente de esos procesos.
Pero la Superintendencia quería acceder a los correos de los funcionarios, llevarse los celulares privados de algunos o ver la información del censo electoral que es información es sensible. Y cuando solicitaron los funcionarios dijeron que era información sensible y por ello llamaron a la Procuraduría para que acompañara la visita”.
¿Pero la SIC sí podía llevarse los celulares de los funcionarios o eso es un abuso de autoridad?
“Claro que no pueden, pero quisieron hacerlo. De hecho, solicitaban cuanta información se les ocurría sin un documento claro, por ejemplo, las pruebas a decretar o cómo las iban a practicar. Son cosas inéditas en lo que yo conozco de investigaciones administrativas o disciplinarias.
Luego de pedirle a la Procuraduría que acompañara, al tercero o cuarto día acudieron y la misma Procuraduría evidenció irregularidades, al punto que días después se abrió investigación contra esos funcionarios de la SIC porque encuentran irregularidades. Ahora, hace pocos días, la SIC les anuncia a los empleados de la Registraduría que les abre un proceso y que los puede sancionar hasta por $2.000 millones”. ¿Es razonable que la Superintendencia quiera sancionar a los funcionarios de la Registraduría cuando hay una investigación contra ellos por la visita que hicieron en marzo?
¿Pero es cierto que pidieron registros civiles?
“Piense, por ejemplo, en la intención de acceder a todos los correos. En ellos se cruza información de falsas identidades, de suplantaciones, de registros civiles o información de censo electoral, toda esa es información sensible. Pero mire este punto que es importante: Yo no entiendo como la Superintendencia quiera sancionar a los funcionarios de la Registraduría cuando existe en la Procuraduría una investigación sobre los funcionarios de la Superintendencia por “irregularidades” en esa visita a la Registraduría. ¿Es eso jurídicamente razonable? No.
¿Sintió vulnerada la independencia?
“La Registraduría es un órgano autónomo independiente. No lo digo yo. Lo dice la Constitución. ¿Eso quiere decir que la SIC puede investigar a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Registraduría, a la Fiscalía o a las cortes? Claro que no, porque la SIC es un órgano del Gobierno. Un ente del Gobierno no puede estar investigando a órganos autónomos. No es razonable jurídicamente. Rompe la estructura del Estado”
Que la SIC sea una figura designada por el presidente se interpreta como si él pudiera investigar o tomar posesión sobre órganos independientes...
“La SIC, desde lo funcional, está adscrita al Ministerio de Comercio y actúa por funciones delegadas del presidente. Este, como cualquier gobierno, tiene opiniones políticas. Por esto, no pareciera razonable desde lo jurídico”.
¿Siente que detrás puede haber alguna intención de que el Gobierno quiera ejercer algún tipo de poder sobre la Registraduría para efectos electorales?
“No sabría decirlo. Lo que creo es que hay un poco de desconocimiento de cómo funciona la estructura del Estado y cuáles son los órganos autónomos.
Venimos trabajando en miles de tareas para garantizar la integridad del proceso de 2026. Estas circunstancias inquietan, porque se trata de un órgano adscrito al Gobierno”.
¿Cree que, así como lo hacen los allegados del Gobierno, esto podría dar para una demanda ante la CIDH?
“Estamos viendo. Vamos a evaluar jurídicamente”.
¿Ha hablado con la superintendente Cielo Rusinque?
“No. No la conozco”.
¿Y con el presidente?
“Tampoco”.
El otro tema que preocupa es la denuncia contra su elección en el Consejo de Estado. ¿Cómo la interpreta?
“Tengo toda la tranquilidad jurídica frente al proceso y el Consejo de Estado es un órgano muy independiente. No tengo nada que decir”.
La demanda es por que usted no habría renunciado un año antes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para aspirar al cargo...
“La situación mía es exacta a la del anterior registrador, que pasó de ser magistrado del CNE a registrador”.
Y él también tuvo una demanda y el fallo fue a su favor...
“A mí lo que me inquieta es el futuro del país y la democracia. El tema personal es lo de menos. Hay que ser cuidadosos en la defensa de una entidad como la Registraduría, que ha sido soporte de la democracia por décadas.
Los votos en Colombia no los cuenta la Registraduría, los cuentan los ciudadanos: 600.000 que son jurados y que luego de manera manual diligencian las actas E14. Luego esas actas se van al escrutinio. Eso tampoco lo hace la Registraduría, lo hacen miles de jueces. Ellos cogen esas actas, las evalúan, las revisan y declaran los resultados.
El presidente ha sido crítico del sistema electoral y cuestiona el software . ¿Qué le responde?
“El software de escrutinio o electoral es uno de los eslabones de toda una cadena del proceso electoral. El software lo que hace es sumar las actas que previamente diligenciaron los 600.000 jurados de votación de acuerdo con el conteo que ellos hicieron y que fueron revisadas por los jueces de la República. Pensar en que desde el software se puede manipular los resultados de unas elecciones es una falacia”.
También hubo polémica por el presupuesto que el Gobierno le otorgó a la Registraduría. ¿Cómo leyó usted la controversia?
“El Presupuesto no lo aprobó el Congreso. Fue aprobado por decreto. La norma dice que cuando se aprueba por decreto debe adoptarse el inicialmente presentado al Congreso. El año entrante tenemos que ir al Ministerio de Hacienda para que autorice la ejecución de ese recurso y son ellos los que aprueban. Allá iremos a pedir la autorización. Esperemos que ocurra. Yo en lo particular no tengo preocupación por eso”.
Es decir, ¿cree que va a contar con el presupuesto necesario para contratar las elecciones y hacer los contratos de logística para 2025?
“No tendría por qué preocuparme porque el decreto de Presupuesto será el inicialmente presentado. Ahí se aprobó la suma que nosotros solicitamos y no veo por qué el Ministerio de Hacienda pueda negarse autorizar la ejecución de sus recursos. Tengo toda la tranquilidad”.