La Fiscalía imputó del delito de peculado por apropiación a Juan Carlos Vargas Suárez, un exdepositario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que estaría implicado en la desaparición de 10 lingotes dorados y 69 relojes que pertenecerían al señalado narcotraficante Carlos Felipe Toro Sánchez, más conocido como “Pipe Montoya”.
La investigación de la Fiscalía da cuenta de que entre febrero de 2021 y abril de 2022, la SAE designó a Vargas Suárez para que administrara varios bienes que habían sido afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
Entre esos bienes estaban 10 lingotes que parecían de oro, pero que de acuerdo con el dictamen de peritos certificados corresponderían a listones metálicos con baño dorado; y una colección de relojes, varios de estos de gama alta, estaban valorados en total en $1.302’873.969.
En su momento, los elementos fueron guardados en una caja fuerte que estaba instalada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca), pero al ser buscados para entregarlos a un nuevo depositario no fueron encontrados, el 8 de abril de 2022.
“Vargas Suárez no entregó explicaciones sobre el paradero de los bienes extraviados, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le atribuye haber fallado en su deber de cuidado”, explicó la Fiscalía, que lo imputó por el delito de peculado por apropiación.
Tal cual había reportado EL COLOMBIANO en su momento, el dueño original de la mercancía, Carlos Felipe Toro Sánchez (“Pipe Montoya”), fue jefe de sicarios de su primo Diego Montoya Sánchez (“don Diego”), capo del cartel del Norte del Valle; en 2003 fue capturado y posteriormente extraditado a EE.UU., donde recibió una sentencia de 19 años de cárcel por narcotráfico.
Gracias a delaciones y cooperación con la justicia extranjera, apenas estuvo preso nueve años y regresó a Colombia en 2012.
Con la fortuna que logró conservar, construyó en 2015 el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., cuya sede principal está en Tenjo (Cundinamarca), el cual llegó a ser uno de los más importantes del país.
Según el expediente de la Fiscalía, junto a su esposa María Fernanda Ángel Muñoz (“Nana”) regentaba una lucrativa red de lavado de activos.
Fue por eso que el ente acusador y la Dijín de la Policía los capturaron en diciembre de 2019 y les allanaron todas sus propiedades. La diligencia incluyó el embargo de 68 inmuebles, con valor cercano a los $1.2 billones de pesos.
El informe oficial consignó que entre esos bienes habían 48 caballos de genética superior, 69 relojes de colección y 10 placas de metal con baño dorado.
Los bienes quedaron a disposición de la SAE, mientras continuaba el proceso de extinción de dominio, pero tres años después los embargados denunciaron que los relojes y las placas se embolataron en poder del Estado.
Además de la Fiscalía, el incidente también está bajo investigación de la Contraloría.
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