Por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, hombres del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron este lunes a David Emilio Mosquera Valencia, quien ejercía su último día como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó. El exdirectivo venía arrastrando varias investigaciones en la Procuraduría y en el Ministerio de Educación por cuenta de malos manejos de la institución educativa.
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Los hechos por lo que ahora es investigado penalmente se relacionan con supuestas irregularidades en el direccionamiento de contratos que tenían como objeto fortalecer los salones de clases de la universidad. El exrector espera ser presentado ante un juez con función de control de garantías para ser judicializado y decidir si lo envían a detención preventiva o enfrenta su proceso en libertad.
Los hechos que enredan a Mosquera Valencia se remontan a 2021 cuando esa institución celebró un contrato por $1.550 millones para fortalecer las aulas con tecnología didáctica. Sin embargo, el proceso estuvo lleno de irregularidades legales y falta de transparencia, al parecer, porque se estaba favoreciendo a un oferente.
A raíz de esto, se halló un entramado de corrupción que terminó en un desfalco de $38.000 millones, que desencadenaron en hasta en un paro estudiantil, docente y de directivos en 2023. En febrero de ese año, de hecho, la Fiscalía judicializó a nueve personas —entre las que había funcionarios, exfuncionarios y contratistas de esa universidad— que estarían involucrados en ese desfalco.
Este claustro universitario ha estado envuelto en distintas problemáticas por sus manejos y por su inestabilidad institucional. Tanto así, que el 11 de julio pasado, uno de los últimos actos como ministra de Educación, Aurora Vergara, apartó por un año a David Emilio Mosquera Valencia del cargo de rector y de representante legal de la institución. Ese año de suspensión tenía como objeto que, durante ese tiempo, se corrigieran las irregularidades que se habían detectado.
Tras esta decisión, como contó el Ministerio de Educación, “grupos ajenos a la universidad organizaron bloqueos violentos, impidiendo el acceso y la continuidad del servicio educativo. La situación afectó directamente a los estudiantes y comunidad académica”. En octubre de este año, esa entidad denunció que conoció información sobre amenazas contra la vida de estudiantes y docentes que participan en la Asamblea Triestamentaria de la Universidad Tecnológica del Chocó–Diego Luis Córdoba.
Así mismo, la cartera de educación halló irregularidades en aspecto como bonificaciones a docentes, pólizas de órdenes de servicio, imprecisiones en la política institucional, contratistas sin experiencia, falta de firmas en certificados, contratos con garantías extemporáneas, documentos desordenados y no foliados, pagos superiores a beneficiarios de créditos, pago a contratistas sin pruebas de ejecución, pagos de honorarios sin informes de ejecución, falta de soportes en contratos, así como posibles inconsistencias en informes financieros, en conciliaciones bancarias, en cuentas por cobrar, en cartera de estampillas.
Esos hechos fueron puestos en conocimiento, por medio de una alerta temprana, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de otros entes de control competentes para que se activen rutas que permitan, en el marco de sus competencias, atender esta situación y salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas que han sido amenazadas.
A pesar de la suspensión por parte del Mineducación, David Mosquera demandó la determinación de esa entidad ante el Juzgado Primero Administrativo Oral de Chocó y pidió que lo reintegraran al cargo en la universidad. Ese juzgado, finalmente, determinó suspender la resolución que suspendió al hoy detenido exrector y, por lo tanto, reintegrarlo a sus funciones.
Mosquera Valencia será investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Entre tanto, avanza en la Procuraduría otra investigación contra el exrector por presuntas irregularidades en ese contrato, en el que habría habido falsificación de una firma y un indebido destino de recursos del Sistema General de Regalías.
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