Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera está inhabilitado para ocupar su curul como representante a la Cámara por el Chocó y, aun así, sigue sesionado en el Congreso. El hombre fue gobernador de Chocó y en su contra pesan sanciones de la Contraloría y la Procuraduría.
Los hechos fueron denunciados por la W Radio. Contra el congresista hay un fallo –ratificado por la Contraloría– en el que le impusieron sanciones por 18.333 millones de pesos desde el año pasado.
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La sanción contra el exgobernador de Chocó tiene que ver con la aparente irregularidad en la ejecución de un contrato por 24.418 millones de pesos con el que se pretendía construir el sistema de gas natural para los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto en Chocó.
Pese a la millonaria suma, en ese municipio siguen sin poder acceder al servicio público en cuestión.
Contra el representante también hay otra investigación por aparentes irregularidades en la ejecución de un contrato por 13.192 millones de pesos. Con ese dinero pretendían mejorar y rehabilitar cuatro kilómetros de vía entre Riosucio-Belén de Bajirá- Caucheras en Chocó.
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El representante está inhabilitado para ejercer cargos desde el año pasado por un fallo de los órganos de control. La sanción rige hasta 2028 y, además de ocupar cargos públicos, también le impide contratar con el Estado.
“El fallo en mi contra emitido por la Contraloría, presenta serias inconsistencias que están siendo analizadas por mi equipo jurídico. Confiamos en que, mediante el uso de los mecanismos legales establecidos, se garantizará el respeto a mi derecho a la defensa y al debido proceso”, dijo el congresista del partido Liberal en un comunicado.
El congresista aseguró que los pagos de los que se le señalan fueron desembolsados justo antes de que él asumiera la Gobernación del Chocó en 2016.
“No es posible que se me haga responsable de hechos o pagos ocurridos antes del primero de enero de 2016, fecha en la cual asumí como gobernador del Chocó. Mi responsabilidad se limita estrictamente al periodo de mi gestión. Hacerlo de otra manera violenta flagrantemente la Ley 610 de 2000 y la Constitución de 1991”, añadió el exgobernador.