“Buenas tardes, para cobrar los $2.000 de la seguridad”. Con esta falsa promesa algunas estructuras delincuenciales se encargan de pedirles plata a viviendas y establecimientos comerciales de Medellín, disfrazando supuestos servicios de vigilancia, los cuales unos pagan con gusto y otros con miedo, aunque pocos se aventuran a denunciar. Según estudios de las universidades Eafit y Chicago, más de 150.000 viviendas y negocios viven este problema, pero las autoridades solo contabilizan este año 759 denuncias.
Así lo han reconocido las propias autoridades de Medellín. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que hay un subregistro importante porque dentro de las comunidades existe una normalización de este fenómeno.
“Nosotros como autoridad somos críticos y también reconocemos que el fenómeno de la extorsión es más complejo y que tenemos que ir un poco más allá de las cifras porque lo que hay detrás de la extorsión también es un problema cultural donde muchas veces hay quienes están siendo extorsionados y por X o Y motivos no son conscientes de que están siendo extorsionados”, aseguró. Dijo que hay comunidades en las que se acepta el cobro de este dinero, generando una falsa sensación de seguridad, mientras que otras personas se sienten intimidadas porque al no hacer estos pagos, sus bienes o su propia integridad se puede ver afectada por los criminales. “Hemos tenido conocimiento de personas que se han negado a pagar estas rentas criminales y como reacción nos hemos encontrado con que los terminan obligando a pagar mediante intimidaciones o agresiones”, señalaron fuentes judiciales.
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En algunos casos se cobra vigilancia en general y en otros por brindar vigilancia a los establecimientos comerciales cuando sus dueños deciden cerrarlos tras un día de trabajo o también se llega a prestar por el cuidado de vehículos que ante la falta de un parqueadero propio o cercano, son dejados en la calle.
“Nadie tiene por qué pagar para tener un negocio o para parquear el carro al frente de su vivienda. Encontramos muchos casos donde la gente no denuncia y algunos donde eventualmente la gente le da miedo”, indicó Villa.
El estimado de los 150.000 hogares y negocios afectados por esta modalidad extorsiva, que en su mayoría no es denunciada, surge con base en un estudio realizado conjuntamente por la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago y la ONG Innovatios fo Poverty Actions, en el que se encuestan comunidades para determinar este fenómeno.
Uno de los que realizó este análisis fue el profesor e investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, Santiago Tobón, quien aseguró que muchas veces se terminan legitimizando estos cobros, en gran parte, por pérdida de confianza en la Policía y demás autoridades. “En muchos barrios de Medellín son los combos los que se encargan de prestar esta seguridad, cuando están haciendo el cobro de un impuesto semipúblico y el cual pagan semanalmente las comunidades”, explicó el docente.
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Además indicó que los montos de estas extorsiones son variables, dependiendo de si se hacen a establecimientos comerciales o a viviendas, aunque en estas últimas no solo lo hacen algunas estructuras, teniendo en cuenta que no es una acción muy aceptada por los residentes.
De acuerdo con los estudios realizado por estas universidades, el cobro para una zona residencial puede estar entre los $2.000 y los $5.000 a la semana, mientras que para los establecimientos comerciales pasa entre los $15.000 y los $100.000, de acuerdo con las dimensiones y estimado de ventas, según lo defina la estructura criminal.
Desde la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana piden a las comunidades que denuncien y no normalicen estos cobros, argumentando que estos lo único que hacen es fortalecer a las estructuras criminales.
“Venimos insistiendo para que la gente cada vez confíe más en la institucionalidad, confíe en el Gaula, que es una de las especialidades que tiene una eficiencia por encima del 90%. Casi que el caso que llega al Gaula es caso que se resuelve de manera positiva”, aseguró el secretario Villa.
Para lograr esta efectividad se tienen habilitadas las líneas 147 y 165 en las que las personas pueden hacer las denuncias, de manera anónima, en caso de ser víctima de las extorsiones, no importa sus modalidades.
De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han denunciado 759 casos de extorsión, 44 menos que el año pasado, situación que es bien vista por las autoridades, aunque los expertos hacen crítica a estas cifras, argumentando que en la mayoría de casos tendría que ver con la modalidad carcelaria o mediante medios informáticos.
“Muchas veces las autoridades hablan de la llamada carcelaria y demás, lo cual también es importante pero eso es más visible en las denuncias. Pero la situación más preocupante siempre se presenta con la extorsión en la calle, los negocios, que es la que nadie denuncia”, concluyó el investigador Santiago Tobón.