El Comité Intergremial de Antioquia publicó un fuerte comunicado en el que señaló que detrás del inusual freno a las obras del primer puerto que se construye en Urabá hay “intereses políticos” que ponen en riesgo la operación de uno de los proyectos estratégicos nacionales.
EL COLOMBIANO publicó este lunes un extenso informe sobre la extraña disputa de tierras que dejó sin permiso a Puerto Antioquia para instalar la línea de energía que requiere para operar en el primer semestre de 2025.
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En una decisión que ha levantado múltiples dudas, y que algunos se atreven a calificar como un “sabotaje”, Corpourabá suspendió hace más de dos semanas una licencia ambiental que tenía el puerto desde 2021 para construir una línea de transmisión de 5,1 kilómetros.
Lo particular del caso es que dicha suspensión no tiene nada que ver con problemas ambientales, sino con una reclamación de tierras encabezada por un grupo de ocupantes que en el pasado ya se ha opuesto al proceso de restitución de tierras que avanza en esa región y que ha rendido testimonio en favor de empresarios que también se oponen, tal como consta en el expediente del caso de restitución.
Sin importar que dichos ocupantes han sido desautorizados por el mismo Consejo Comunitario de Puerto Girón –que sí figura como reclamante y que en medio de la pelea tuvo que salir a aclarar que estos no son parte de esa comunidad– Corporuabá no solo suspendió la licencia, sino que le pidió a la Policía impedir que Puerto Antioquia se metiese a la zona para terminar de instalar las 16 torres que llevarán el fluido eléctrico al puerto.
Al lío se han sumado además todo tipo de suspicacias por el papel de la Alcaldía de Turbo, que le metió reversa a una decisión de una inspección de Policía que permitiría la reactivación de las obras y en menos de una semana pasó a respaldar a los cuestionados ocupantes.
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“Desde el Intergremial Antioquia hemos venido alertando sobre un grupo de políticos que buscan apoderarse de gran parte de la institucionalidad de nuestro departamento, para obedecer a sus intereses contratistas. Estos, solicitan el favor del gobierno para confabular una red de corrupción, para realizar unas tomas hostiles y destruir cualquier opción de progreso y desarrollo en las diferentes subregiones de Antioquia”, criticó la entidad.
Añadió que la “oscura estrategia de paralizar a Puerto Antioquia” frenaría el avance de la región y podría convertirse “en una de las grandes catástrofes sociales” de Antioquia y del país.
“Es por esto que los antioqueños debemos estar unidos, rechazando y condenando a este tipo de sabotajes de carácter politiquero, que destruyen el esfuerzo y dedicación de todos”, acotó.
Puerto Antioquia va a mover inversiones anuales para Urabá cercanas a los 20 millones de dólares, además, se estima que su operación permitirá la creación de 17.000 nuevos empleos formales y el registro de 800 nuevas empresas en toda la región.
“Intergremial Antioquia hace un llamado a todas las autoridades para proteger este proyecto estratégico del país”, concluyó.