El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Olmedo López, acaba de lograr su preacuerdo con la Fiscalía que lo acusaba de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en el caso que es el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro. El acuerdo con el ente acusador tiene un paso más que es el aval de un juez. Significa que López acepta los delitos y no va a juicio para conseguir una condena anticipada. Pero en el camino falta el principio de oportunidad con el que se consolidan otros beneficios penales a cambio de la relevancia de la información que ha entregado sobre otros responsables.
La diferencia entre el preacuerdo y el principio en derecho penal es clave. Con el preacuerdo se logra que el implicado acepte los cargos sin enfrentarse a un juicio largo con el aparato judicial y por su aceptación se le reducen los años de cárcel. En el principio de oportunidad se consiguen otros beneficios penales como cárcel domiciliaria, pero el implicado tiene que entregar información y evidencias hacia arriba, es decir de personas superiores que tuvieron un rol en los hechos criminales, para que la Fiscalía pueda acusarlos y llevarlos también ante los jueces.
Tanto López como el exsubdirector Sneyder Pinilla están en la búsqueda de un principio para lograr los mayores beneficios penales posibles. Ambos han dicho que están comprometidos con la verdad del caso y han entregado declaraciones que tienen en la cuerda a floja a ministros y exministros y que hasta ahora ha cobrado tres cabezas relevantes del Gobierno: Sandra Ortiz, la ex consejera presidencial para las regiones, Carlos Ramón González, ex cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, y César Augusto Manrique, exdirector de Función Pública que se fue hace solo unos días. Pero también salió de su cargo el exministro Luis Fernando Velasco.
La última actualización de la investigación fue el anuncio que hizo la Fiscalía de que va a imputar cargos a Sandra Ortiz y pediría cárcel en las audiencias. Pero quien ha avanzado más es la Corte Suprema que ya llamó a indagatoria a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle y abrió investigación formal contra otros seis parlamentarios.
Estos avances al final del año señalan que el 2025 será el tiempo de las revelaciones y las conclusiones del caso en el proceso judicial porque las audiencias, que tendrán que ser públicas, van a ser escenarios en donde se expongan los resultados de la investigación y con esto las evidencias, los detalles de los testimonios y el cara a cara entre los implicados y los salpicados.
Hasta ahora había varias críticas al papel de la Fiscalía porque no se conocían conclusiones del caso. De hecho, sobre los funcionarios del Gobierno que han sido acusados por López y Pinilla todavía no hay ninguna decisión puntual. El ente acusador tiene que investigar el papel del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Palacio, junto al de la ex asesora de Bonilla María Alejandra Benavides. Los tres aparecen en unos comprometedores chats en los que hablaban de agilizar contratos específicos de la UNGRD para tres municipios por más de 92.000 millones con el fin de que se aprobaran créditos de la nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Por ahora no se conocen más detalles del preacuerdo. Falta que un juez lo apruebe igual que el principio de oportunidad. Ambos testigos han pasado las últimas semanas en el búnker declarando ante los fiscales del caso.