El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante el Congreso una reforma constitucional que ha sido calificada como un nuevo intento dictatorial. El plan propone ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y formaliza el rol de su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, como “copresidenta”.
Según el texto presentado, Ortega y Murillo no solo compartirán el poder ejecutivo, sino que coordinarán los órganos legislativo, judicial, electoral y de control, eliminando cualquier apariencia de independencia entre las ramas del Estado.
Ortega tiene un gran poder en su país, lo que es considerado una afrenta a la democracia. Así lo dejó ver Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y aliado de Ortega, quien señaló que esta reforma “consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses”.
Voces internacionales e independientes han sido tajantes al señalar el carácter autoritario de la propuesta. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la iniciativa y la calificó como una “aberrante forma de institucionalizar la dictadura matrimonial”.
En un comunicado, Almagro señaló que esta reforma es “una agresión definitiva al Estado de derecho democrático” y subrayó que el pueblo nicaragüense necesita elecciones auténticas y libres, no más consolidación del autoritarismo.
Organizaciones nicaragüenses en el exilio también han elevado su voz contra la reforma. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que este proyecto “destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo”.
La propuesta no solo busca perpetuar el poder de Ortega y Murillo, sino que también incluye medidas que refuerzan el control social. Por ejemplo, establece que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, una práctica que el gobierno ya ha aplicado contra 450 opositores desde las protestas de 2018.
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Además, se plantean restricciones a los medios de comunicación y a la Iglesia, prohibiéndoles responder a “intereses extranjeros” o divulgar “noticias falsas”. Lo que intensifica las acciones represivas que ya han llevado a más de 278 periodistas al exilio y a decenas de religiosos perseguidos que han huido del país.
La reforma también propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, que funcionaría como un brazo auxiliar de las fuerzas de seguridad. Medida que ha recordado a los grupos paramilitares que participaron en la represión violenta de las protestas de 2018, dejando 300 muertos, según cifras de la ONU.
Otro elemento que da cuenta del nivel de “capricho” de la reforma, es la inclusión de la bandera rojinegra, un símbolo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que ellos quieren incluir como símbolo patrio, vinculando directamente al partido gobernante con la identidad nacional.
La reforma constitucional de Ortega y Murillo profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua e intensifica la represión interna. Países como Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos ya han aumentado su presión diplomática contra el régimen.
Para muchos, el futuro de Nicaragua se torna cada vez más sombrío y se aleja de la libertad. Como señaló Almagro: “El pueblo nicaragüense necesita el fin de la dictadura”. Sin embargo, con un Congreso dominado por el oficialismo, la aprobación de la reforma parece inminente.