Mandar a la cárcel a quienes quemen el cerro Quitasol para lotearlo es la nueva iniciativa lanzada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón en contra de los criminales que destruyen uno de los principales pulmones verdes. La propuesta fue lanzada durante el consejo de seguridad con los alcaldes del norte del Valle de Aburrá que se realizó en Barbosa.
La medida de detención para quienes quemen el cerro formará parte del paquete de medidas que se tomará el este corredor natural, en el que también se implementarán controles más estrictos para el ingreso de personas al principal pulmón verde de Bello y uno de los más grandes del área metropolitana.
“Ahí hay que hacer un gran trabajo operativo y sobre todo judicial. Llevar a la cárcel a los responsables de la destrucción de este gran activo ambiental y en especial a quienes están engañando a familias humildes, vendiéndoles lotes donde no pueden construir”, aseguró el gobernador de Antioquia, añadiendo la problemática de estafa que se genera en este espacio por parte de bandas criminales.
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Cabe destacar que a comienzos de año las autoridades indicaron que hay varias estructuras que tienen implementado todo un negocio en este cerro, de 6.888 hectáreas y que desde 2020 es área protegida. Primero lo queman de manera provocada para tratar de deforestar la mayor cantidad de terreno posible para lotearlo y finalmente vendérselo a familias necesitadas de tener una vivienda propia, las cuales terminan estafadas.
Además, los alcaldes de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello pidieron que se replique en estos municipios la estrategia de la Gobernación de Antioquia de destruir las casas de vicio que hay en sus municipios, tal como ocurrió en Amagá en abril de este año, cuando 13 casas señaladas de expender estupefacientes fueron demolidas.
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Todas estas labores irán complementadas con el Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (Empas) que operará en estos cuatro municipios de cara a mejorar la seguridad en todos sus frentes, no solo en los homicidios, sino también en otros delitos que afectan a estas poblaciones como los hurtos, los secuestros y las extorsiones.
Estos grupos estarán conformados por 10 unidades del Ejército, otras 10 de la Policía, ambas con equipamiento para movilidad, principalmente en las zonas rurales.
Esto contará con el apoyo de los cuatro alcaldes, quienes se encargarán de aportar su granito de arena para fortalecer a la fuerza pública con el fin de cumplir con toda esta estrategia de seguridad.