La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcará un hito en la búsqueda de verdad y justicia al revelar este 29 de noviembre los nombres de 900 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.
La presentación, que contará con la participación simbólica de las madres de Soacha, se realizará días después de una confrontación pública entre la JEP y el uribismo. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, exigió a través de un derecho de petición la publicación de todos los nombres de las víctimas. “Seguimos esperando que revele los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402”, manifestó Cabal en su cuenta de X, cuestionando directamente al magistrado Alejandro Ramelli.
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En respuesta, Ramelli ratificó que las cifras corresponden a víctimas reales, con “nombres y cédulas” debidamente documentados. El magistrado destacó que la publicación de estos nombres busca honrar su memoria y es una muestra del compromiso de la JEP con las víctimas y sus familias. Además, aclaró que los 900 nombres corresponden a casos incluidos en los autos de imputación contra 100 comparecientes, entre ellos altos mandos militares considerados máximos responsables.
Leonardo González, director de Indepaz, subrayó la importancia de esta revelación por su simbolismo, aunque alertó sobre la necesidad de precisar que las investigaciones aún abarcan más casos. “Ponerle cara a esta situación de violencia es esencial, pero debe señalarse que existen muchas más denuncias para evitar una percepción errónea”, comentó.
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El uribismo, por su parte, continúa cuestionando los hallazgos de la JEP. A través de un comunicado, el Centro Democrático negó que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se hubiera implementado una “política de conteo de cuerpos” y defendió que las acciones militares se enfocaron en la desmovilización y neutralización legítima de estructuras armadas.
González calificó estas declaraciones como parte de una “corriente negacionista” que revictimiza a las familias y obstaculiza el reconocimiento de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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La JEP ha imputado a 85 altos mandos militares, incluidos los generales Paulino Coronado y Henry Torres Escalante, este último conocido por devolver una medalla recibida por el número de bajas como acto reparativo hacia las familias. Además, civiles y un exagente del extinto DAS han admitido su participación en estas ejecuciones extrajudiciales.
El listado de víctimas incluye nombres de personas asesinadas en Antioquia, Dabeiba, Apartadó, Neiva, Yopal y el Catatumbo, vinculados al colectivo de las Madres de Soacha. Este acto busca no solo visibilizar la magnitud del crimen, sino también reafirmar el compromiso de la JEP con la verdad y la justicia en uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano.