El sistema de salud colombiano hace agua. Las papas queman en el sector y, si bien las alertas se concentran en las finanzas de las entidades promotoras de salud (EPS), lo cierto es que las clínicas y los hospitales también están sintiendo el sablazo de que la plata no alcanza, con todo lo que esto implica y que se resume en que la atención médica de los pacientes quede en el limbo.
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Si bien el debate sobre el manejo del sistema de salud en lo que va del gobierno de Gustavo Petro se ha centrado en las EPS —fruto de su intento por darle un cambio de 180 grados y por la animadversión contra estas—, la crisis financiera en el sector también la viven las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son los lugares en donde a un paciente le brindan servicios médicos: desde una urgencia, pasando por una cita, una radiografía o un examen de sangre, hasta una intervención quirúrgica.
De ahí que el buen estado de las IPS sea fundamental para la prestación del derecho a la salud.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el fundador del Movimiento Colombia Salud en Acción y también presidente de la IPS Sies Salud, Álvaro Puerto Valencia, expresó su preocupación por la realidad que viven los prestadores que los tiene, según sus cálculos, ad portas de enfrentarse a un hueco de financiamiento por valor de $9,5 billones en 2024.
¿Por qué cree que el debate sobre la salud se ha centrado tanto en las EPS y no en las IPS?
“Pienso que se la había dado poca validez a los informes que han presentado durante años la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales y los de la Asociación Colombiana (ACHC) de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi). Y ha sido así porque, infortundamente, las cifras no están conciliadas entre las EPS y las IPS. También, en la medida que se han ido liquidando las EPS, van apareciendo estos pasivos que dejaron sin reconocer”.
Usted hizo una alerta de que las IPS no tienen cómo continuar. ¿A qué se debe eso?
“Fue por un estudio que se radicó en la Corte Constitucional el pasado 9 de octubre. Se tomó la información de pasivos total que reporta la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y el Ministerio de Salud. Se habla de cerca de $15 billones que se tienen de pasivos desde 2023, de los cuales $2 billones en teoría deberían ser pagados este año, que corresponden a presupuestos máximos. Esto haría que el déficit al 2023 fuera de cerca de $13 billones.
Sin embargo, cuando cogemos las proyecciones de los presupuestos de las EPS este año y se calcula cómo viene creciendo la siniestralidad en el país, sumado a los ajustes en proyecciones de tarifas, nos damos cuenta de que este año vamos a perder cerca de $9,5 billones, lo que va a poner al país en cerca de $23 billones de déficit que se le adeudan a las clínicas públicas y privadas del país, a los operadores logísticos y que, en conclusión, terminan siendo pasivos que tienen con los trabajadores, que deterioran su patrimonio y les deja deudas impagables a la industria farmacéutica”.
¿Cómo está afectando o podría llegar a afectar a los pacientes esa situación que describe?
“Hay formas de evidenciarlo. Por ejemplo, si revisamos, este año llegamos a cifras históricas de PQRDS (peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes). En promedio estamos hablando de 142 mil al mes; nunca antes se había visto un crecimiento así. En cuanto a tutelas, el año pasado, según la Defensoría del Pueblo, al sistema de salud se le pusieron cerca de 197 mil, solo en los primeros cuatro meses de este año.
Por otro lado, estamos viendo saturados los servicios de urgencias, que están colapsados, porque la gente no está accediendo oportunamente a sus citas y a sus medicamentos, entonces la última ruta que encuentran de atención es entrar por urgencias a una clínica o un hospital. Muchas personas por deterioro en la enfermedad.
Otro factor de esto es el informe que genera la Cuenta de Alto Costo, en donde se observa cómo viene creciendo el cáncer en el país. Allí referencia que en este momento esa enfermedad, con respecto al año pasado, se ha incrementado en un 54 %. Esto quiere decir que a las personas no las estamos atendiendo de manera oportuna, diagnosticando a tiempo y entrando a tiempo a las rutas de atención. Sigue creciendo también el número de pacientes hipertensos y diabéticos, pero el problema no es solo que crezcan, sino que los estamos diagnosticando en urgencias, cuando es más difícil salvar la vida y los tratamientos son mucho más costosos”.
¿Esa situación cómo impactaría al sistema de salud?
“Estamos avanzando a una situación de una crisis cada vez mayor, que va a terminar en una crisis humanitaria, porque a eso súmele que se han ido cerrando servicios en algunas instituciones y que hay profesionales que se están yendo del país para ir a trabajar en países de Centroamérica o Europa donde hay mejor oferta y déficit de profesionales de la salud. Cada vez va a ser peor”.
¿Qué responsabilidad le cabe a este gobierno en esa crisis?
“Esta no es una crisis solamente de este gobierno, es una situación acumulada que cada gobierno, año tras año, se fue acumulando hasta que llega a un punto en el que es absolutamente insostenible”.
Este gobierno ha privilegiado el giro directo a las IPS para que no pasen por las EPS. Si es así, ¿entonces por qué están sin plata hospitales y clínicas?
“El giro directo es un mecanismo positivo desde el punto de vista de transparencia porque podemos ver a quién le están girando los recursos. Eso hay que reconocerlo. Lo malo de eso es si pasan dos cosas: la primera, que se deja autonomía para que se postulen los pagos donde diga la EPS. Así, es el interventor el que define a quién se le paga y a quién no. Nos ha sorprendido porque hemos visto instituciones recibiendo altos pagos y otras que no reciben el pago suficiente. Entonces, como no existe una directriz de cómo se deben dar esos pagos, esa autonomía hace que algunos interventores lo hayan hecho mal y no sabemos privilegiando a quiénes ni con qué intereses”.
¿Las EPS intervenidas por el Gobierno están pagando a tiempo a las IPS?
“Las EPS nos han dicho, como en el caso de la Nueva EPS (intervenida) y otras, que la plata que reciben es insuficiente para pagar el mes. O sea, que la UPC (unidad de pago por capitación) no les alcanza. Cuando le hemos dicho esto al Gobierno, como hace poco en el Senado de la República, el ministro de Salud (Guillermo Jaramillo) dijo que la UPC sí era suficiente y que la Adres la giraba de manera anticipada. Entonces, si es suficiente y la giran anticipadamente, ¿por qué los interventores (de las EPS) dicen que no les alcanza para cubrir el corriente?, que son los servicios que van a recibir, ni siquiera los pasivos viejos. Estamos en una pelea en la que el Gobierno dice que la plata sí alcanza, pero desde las EPS que están bajo manejo de la Superintendencia de Salud, que son el 55 %, dicen que no les alcanza”.
¿Qué llamado le hace al Gobierno sobre esta alerta?
“Se resume en una pregunta: ¿Qué vamos a hacer con el dinero para que llegue a las IPS y a los operadores logísticos para que puedan seguir prestando los servicios a los pacientes? Es urgente. Le estamos pidiendo al Ministerio del Interior que intervenga. En la última semana preguntamos por los giros y lo que nos dijeron desde esas aseguradoras es que los interventores que llegaron congelaron los pagos. Eso nos pone en una crisis todavía más crítica a los hospitales y clínicas. Esto se va a traducir en pérdida de vidas y en personas más enfermas”.
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