María Alejandra Benavides tiene miedo. No es para menos, pues acaba de convertirse en otra de las puntas del triángulo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Benavides era la asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando en diciembre de 2023 empezó a hacer una labor apresurada para lograr que en la Unidad aprobaran un presupuesto de casi 100.000 millones de pesos dirigidos a las obras de tres municipios de manera puntual: Cotorra, Saravena y El Carmen. Esos contratos eran supuestamente para obras de prevención que los municipios necesitaban con urgencia ante los fenómenos climáticos que vendrían en 2024.
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Pero en realidad era una excusa para beneficiar a varios congresistas que tenían en sus manos darle el visto bueno al Gobierno para aprobar un cupo de endeudamiento que tenía que pasar por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con tres representantes y tres senadores que a su vez pertenecen a las comisiones terceras de cada cámara, en donde se tratan los temas de Hacienda. Es decir: una manera de corrupción y mermelada.
La historia involucra a cuatro nombres. Los de Benavides y Bonilla, quienes terminaron hablando por WhatsaApp con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, en un tono de presión e insistencia para que esos recursos se giraran y así obtener el visto bueno en el Congreso, y los de Jaime Ramírez, asesor de Presidencia y enlace con el Congreso, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien con sus declaraciones ha llevado al borde de la cárcel a poderosos funcionarios del primer nivel del Gobierno Petro. La última semana fue imputada Sandra Ortiz por los mismos hechos.
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En un principio, Benavides había decidido mantenerse en silencio en sus asistencias a la Fiscalía. Cuando salió del búnker en el primer interrogatorio no le dijo nada a la prensa, pero se le vio afectada e inexperta ante una situación como esa. Estaba siendo abordada por una decena de periodistas que le preguntaban todos al tiempo si era responsable del capítulo de corrupción más grande de la administración.
Pero con el paso de los meses, la posición de la exasesora de Bonilla cambió y esto se debió a que a los celulares de su mamá, su abogado y otro familiar llegó una temeraria amenaza de muerte. “Rin Rin Renacuajo... María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hpta del abogado, ban a entender que hablar no paga, brille para ellos la lus perpetua. Hptas” (sic), decía la amenaza.
EL COLOMBIANO conoció los detalles de esa intimidación que hizo que Benavides cambiara de estrategia de defensa y empezara a acercarse a la Fiscalía.
“El mensaje que contiene la amenaza de muerte en contra de nosotros dejó claro que se produce por la información que María Alejandra Benavides puede tener con respecto a la investigación que se adelanta dentro del caso conocido como ‘Caso de Corrupción de la UNGRD’, en donde María Alejandra Benavides está siendo investigada por su posible participación cuando se desempeñó como asesora de la oficina de enlace del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, dijo a este diario el abogado defensor, Jaime López.
Y entonces vino el punto de giro. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló el viernes pasado un apartado de la declaración de María Alejandra a la fiscal que lleva el caso.
“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo la exfuncionaria, y le explicó en detalle a la investigadora que los nombres de los contratistas de los tres municipios que iban a quedarse con los recursos para las obras de prevención habían sido entregados por los congresistas de la Comisión.
Fiscal: “¿El ministro sabía que Sneyder, o más bien que los congresistas, le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?”.
María Alejandra Benavides (MA): “Sí señora, él lo sabía”. Esa sola declaración tendrá consecuencias para Bonilla, porque la corroboración de los hechos es incontrovertible.
Este diario había revelado en julio los nexos del contratista sugerido por Benavides a Pinilla en el municipio de Cotorra para un contrato de 50.000 millones de pesos.
Entérese: ¿Quién es Alejandra Benavides, la asesora del Ministerio de Hacienda que fue mencionada por Olmedo López en escándalo de la UNGRD?
Se trata de Harry Bejarano, un ingeniero que trabajó con la Alcaldía anterior de ese municipio y que borró su cuenta de Instagram tan pronto su nombre fue mencionado públicamente en el escándalo.
Bejarano está casado con Vanessa Hodeg, quien es la actual secretaria general de gobernador del departamento, Erasmo Zuleta, y ha sido cercana tradicionalmente a la casa Besaile.
Aquí las conexiones se hacen importantes. Aunque Erasmo Zuleta fue elegido en octubre pasado por La U y otros movimientos políticos locales, uno de sus mayores líderes de apoyo en la campaña fue el representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien hizo campaña de manera importante en el municipio de Cotorra y también fue mencionado por López y Pinilla a las autoridades.
Los nombres de los contratistas que Benavides entregó a Pinilla para que la UNGRD desembolsara 92.000 millones en esas tres regiones eran cercanos o amigos a políticos de la región y a los congresistas de la Comisión.
Según Benavides, Bonilla lo sabía y así participó en el esquema de manera directa y con su aprobación.
Dos fuentes consultadas aseguraron que la Fiscalía tiene toda la intención de que el caso sea a fondo contra el ministro. El jefe del Ministerio no contestó los mensajes de este periódico que lo buscó de manera directa para solicitar su versión, pero publicó en sus redes una fotografía que lo muestra de plano medio con un mensaje en el que dice que demostrará que no cometió delitos.
Ese propósito será extraordinariamente difícil para cualquier abogado luego de la confesión de quien hasta hace algunos meses era su secretaria privada en la Cartera de Hacienda.
A Bonilla lo defiende la oficina de Mauricio Pava, que tiene otros casos importantes en Palacio y es cercana a Laura Sarabia.El presidente Gustavo Petro ha defendido al ministro y ha buscado que toda la responsabilidad del caso quede únicamente en la cabeza de Olmedo López, pero conforme avanza la investigación va quedando claro que no solo se trataba de López, sino de un complejo esquema de corrupción por el que ya han salido del Gobierno Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, César Manrique, Luis Fernando Velasco y, falta ver, si también saldrá el ministro de Hacienda que tiene en sus manos una reforma tributaria próxima y la autoridad en las empresas estatales más grandes e importantes del país