Resta solo un debate para que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) sea ley de la República. Si bien se trata de una iniciativa ideada para darles más recursos a las regiones desde el Gobierno central y avanzar en la descentralización, persisten los cuestionamientos y dudas frente a su viabilidad.
El temor es latente: se estima que hoy la Nación le transfiere a departamentos y municipios alrededor del 20 % de sus ingresos corrientes.
Ahora, con este proyecto se busca que esos entes territoriales reciban el 39,5 %. Y aunque suena conveniente y oportuno, hay peros frente a cómo se financiará el Estado central y en qué condiciones seguirá operando ante semejante apretón.
La discusión adquiere connotaciones superiores si se tiene en cuenta que ya el Gobierno Nacional definió en $28,4 billones el recorte del Presupuesto, mientras persiste el temor por cómo las regiones administrarán el nuevo flujo de recursos sin caer en la corrupción.
EL COLOMBIANO habló con el principal impulsor del proyecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien defendió que la reforma le apuesta a “adelgazar un Estado central que es obeso”. Señaló además que hay un “complejo de superioridad intelectual y ética de una élite centralista en el país que se resiste a ceder el poder”.
También habló del trámite de otras reformas y su trabajo con quien será su nuevo coequipero en el Congreso: el exembajador Armando Benedetti.
“Ese informe está un poco desactualizado con respecto al texto del proyecto. Fue publicado hace varias semanas y tiene desde el punto de vista técnico una falencia bastante grande y grave. Simplemente calcula el aumento de los recursos que tendrían que ir hacia el SGP a los departamentos y municipios, pero olvida el pequeño detalle de restar las transferencias de competencias a esos departamentos y municipios, que están contempladas en la norma constitucional y que se tendrán que desarrollar y precisar en una ley de competencias que tendría que tramitar el Congreso en los próximos dos años.
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Es una condición sine qua non que trae la norma constitucional para que pueda entrar en en vigencia. Esa ley de competencias es de iniciativa exclusiva del Gobierno y, por ello, debe contar con el aval fiscal del propio Ministerio de Hacienda. Pero ese informe está un poco desactualizado”.
“Es que el tema no es cuánto puede costar, porque los recursos siguen siendo los mismos, el tema es el rediseño del Estado para que se vayan transfiriendo recursos y competencias de manera simultánea, proporcional y equivalente.
Hay gente que se está quedando simplemente en hacer proyecciones y calcular cifras que a veces se salen del contexto. Lo importante es que en la ponencia que va para octavo debate se establece con toda claridad que la norma constitucional solo entrará en vigencia en 2027, siempre y cuando se expida una ley de competencias de iniciativa del Gobierno.
Esa ley tendrá que estar enmarcada dentro de la sostenibilidad fiscal y cumplir con la regla fiscal del país.
Además, se establece que en la Ley de Presupuesto anual a partir de 2027 cada año se tendrá que transparentar qué competencias deja de cumplir el Gobierno Nacional y le traslada a los departamentos y municipios del país gradualmente.
Se trata de adelgazar un Estado central que es obeso donde menos se necesita, que es en los grandes centros urbanos del país y fortalecer un Estado descentralizado y territorial que es raquítico hoy. Allí es donde los ciudadanos necesitan más la acción del Estado para transformar los territorios del país que han estado afectados históricamente por la violencia, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Ese es el propósito en el mediano y largo plazo y por eso se trata de la reforma constitucional tal vez más importante que se haya discutido en el país. Esperamos que sea aprobada en el octavo debate por la Cámara. La discusión fundamental es qué tanta autonomía territorial queremos y si como sociedad y como Estado tenemos la decisión de avanzar en autonomía territorial con hechos concretos y no con el discurso repetitivo y el lugar común de muchos dirigentes y economistas que dicen estar de acuerdo con la descentralización del país y han hecho todo lo posible en las últimas décadas por mantener un Estado centralista, que ya fracasó”.
“Están las proyecciones año a año desde 2027 a 2038, pero vuelvo y le digo: el Estado central seguirá recibiendo los mismos recursos dependiendo de las proyecciones y el crecimiento de la economía. Lo que va a aumentar es el porcentaje de recursos que recibe la Nación y que tiene que transferir gradualmente también año a año a los departamentos y municipios de Colombia.Solo se girarán esos recursos en la medida en que se transfieran simultáneamente competencias. Por ejemplo, en vías terciarias, en vías urbanas, en la educación preescolar de 0 a 3 años, en la educación técnica superior, entre otras. Son funciones y competencias que hoy cumple de manera deficiente y precaria el Estado central desde unas oficinas en Bogotá que no conocen el territorio”.
“Las regiones empezaron a recibir 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación desde 1991. Aquí no hay nada nuevo. Lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución, incluso de manera insuficiente porque se está bajando el giro de recursos al 39,5. El argumento de la corrupción es falaz. Pareciera ser que algunos piensan que la corrupción se da solo en los niveles departamentales y municipales, como si los grandes escándalos de corrupción del país no se hubieran dado en las últimas décadas precisamente en los gobiernos centrales.
Esa es otra discusión que está pendiente de dar la sociedad y la clase dirigente: cómo vamos a hacer para enfrentar a los bandidos, a los corruptos que entran a saquear el erario de la Nación, de los departamentos y municipios, y que están en todos los niveles de la administración pública.
La norma constitucional incluye una serie de incentivos para los controles sociales y para fortalecer la tarea de la Contraloría, pero más allá de eso esta reforma debe ir de la mano también de una reforma del sistema político colombiano para cambiar la forma cómo se accede al poder público en el país, en el Congreso, en gobernaciones, en la alcaldías, concejos y asambleas. Por eso estamos tramitando paralelamente esa reforma al sistema político”.
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“Lo que hay que decir es que esta reforma es una especie de paraguas de una serie de leyes que se tendrán que expedir en los próximos años para transformar el Estado colombiano. Ese es el propósito y el fin último de esta reforma. Tendremos que empezar a discutir cómo se van a fortalecer los tributos locales y departamentales, cómo se impulsa una mayor capacidad fiscal propia de los departamentos y municipios para que no sigan dependiendo únicamente del SGP.
Tendremos que empezar a estudiar reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial para fortalecer los sistemas de asociatividad territorial.
Esta ley de competencias tendrá que establecer gradualidad en la transferencia de recursos, porque no todos los departamentos y municipios tienen hoy la capacidad institucional para recibir los recursos e invertirlos bien.
Todas las dudas y todos los cuestionamientos que se hacen al proyecto son por temor a unos cambios profundos que tenemos que hacer, porque lo peor es quedarnos con lo que tenemos hoy que no está funcionando y no está resolviendo los problemas de la gente.
“Esta ley de competencias será una gran oportunidad de diálogo nacional con gobernadores, alcaldes, la academia, economistas y exministros para ponernos. Ese sí será el gran acuerdo nacional de hacia dónde van las competencias y los recursos del Estado y cómo podemos construir un Estado mucho más eficiente que realmente permita superar especialmente la violencia que está viendo el país. Todos los días decimos que hay que tener Estado en los territorios y nunca lo hacemos”.
“A la resistencia al cambio y el centralismo de 138 años en Colombia. Aquí hay muchos colombianos y muchos dirigentes que todavía añoran a Rafael Núñez y a la Constitución de 1886. Hay una especie de complejo de superioridad intelectual y ética de una élite centralista en el país que se resiste a ceder el poder y aquí lo que lo que está quedando claro es que ese centralismo no ha funcionado.Siguen existiendo unas enormes brechas territoriales.
La inversión del Estado se concentra en unas pocas regiones y excluye a gran parte del país. Eso no es sostenible en el tiempo. Estas brechas territoriales incentivan la violencia y la aparición de grupos criminales. Mientras no transformemos los territorios y mientras no avancemos –de verdad, no en el discurso de hace 40 años– en tener presencia institucional no solo de la Fuerza Pública en todo el territorio, no vamos a tener paz.Estas son las resistencias naturales que hemos tenido en Colombia a cualquier cambio.
Seguir en lo mismo sería una gran irresponsabilidad porque no ha funcionado lo que tenemos hoy. Seguimos teniendo los mismos problemas.Quienes siguen defendiendo que sigamos como estamos hoy pareciera que no conocen lo que está sucediendo en las regiones del país”
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“Sigue en debate y en discusión el tema. Se están mirando alternativas distintas. Lo que es cierto es que el sistema de elección tiene que cambiar. Hay opciones de una elección compleja en donde las cortes postulen mediante convocatoria y el Congreso elija. Se están discutiendo distintas alternativas, pero además de eso ampliar el periodo de los consejeros electorales para que tengan una verdadera autonomía en el ejercicio de sus funciones.
A ello se suma darle más funciones a la autoridad electoral para que tenga dientes para combatir la corrupción electoral y política, así como establecer un fuerte régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Es un catálogo fundamental de decisiones para tener una autoridad electoral independiente y creíble en Colombia, además de fortalecer los partidos y darle mayor transparencia a la financiación de las campañas que es el trípode de la reforma política que ha propuesto el Gobierno”.
“Hasta el momento el Gobierno no ha participado en esa discusión. Es una reforma de iniciativa parlamentaria que ha venido generando consensos en la Cámara y en el Senado. Nosotros no lo hemos planteado en la reforma del Gobierno, ni hemos propuesto el tema del transfuguismo o de flexibilizar la posibilidad de cambio de partido.
Yo creo que lo importante es que si estas dos reformas cumplen el trámite, como esperamos que sea en su primera vuelta, lo que ha planteado el Gobierno es que en enero y febrero, antes del nuevo periodo de sesiones, vamos a convocar una gran cumbre internacional, académica y política para evaluar la reforma política.La idea es buscar los mayores consensos posibles y evaluar no solo el contenido de la reforma, sino qué regímenes de transición se definen para que haya total tranquilidad en todos los sectores políticos de que es una reforma pensada en el mediano y largo plazo y no simplemente una reforma de coyuntura para las elecciones del 2026.
Si queremos realmente ser eficaces en el combate a la corrupción en Colombia tenemos que cambiar el sistema político del fondo o si no vamos a seguir asistiendo año tras año, período de gobierno tras periodo de gobierno, a los escándalos de corrupción que hemos presenciado los colombianos”.
“Los decretos de sesiones extras no se preparan con tanta antelación. Hay que evaluar el avance de la agenda. Esperamos esta semana avanzar con la reforma política en el Senado, avanzar en las comisiones primeras conjuntas con la Jurisdicción Agraria que es una de las prioridades del Gobierno y también prioridad de la comunidad internacional.
Nos comprometimos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la implementación legislativa del Acuerdo de Paz.Esperamos comenzar la discusión de la reforma a la salud y de la reforma laboral también en la Comisión Séptima del Senado. Evaluaremos la próxima semana cómo vamos en la agenda y la necesidad de convocar extras después del 16 de diciembre.
Lo que pienso es que definitivamente sí van a ser necesarias, además por el tema de la ley de financiamiento que no ha iniciado su trámite todavía en las comisiones económicas”.
“No, no las conozco. Es un tema del Palacio de Nariño. Me imagino que estarán en esa evaluación de asignarle funciones específicas”.
“Claro, ya he conversado. Todos los gobiernos siempre han contado con asesores políticos en la Presidencia. Eso tampoco es ninguna novedad”.
“Yo estoy dedicado a mi trabajo y no me pongo a generarme miedo ni temores”.