El equipo de defensa legal del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia una reunión para poder evaluar y conocer cuál es la situación jurídica del alto funcionario, quien está con los reflectores encima por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Y aún más, luego de conocerse la filtración de la declaración que dio a la Fiscalía su exasesora en el Ministerio, María Alejandra Benavides, quien sostuvo que Bonilla estuvo al tanto de todo lo que ocurrió con la presunta compra de congresistas con los dineros de esa entidad.
En contexto: Nuevos audios de exasesora de Hacienda hablan de reunión clave en la que Ricardo Bonilla habría acordado la compra de congresistas.
La defensa del ministro también espera “repasar la valoración integral de los elementos del proceso”, que actualmente tiene bajo sospecha su actuar. Por otro lado, insistió en que tiene pruebas que podrían cambiar el camino de la investigación y que demostraría que no se giraron recursos por $92.000 millones para tres contratos, como le habría pedido el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, a Bonilla en diciembre de 2024.
Así mismo, los abogados sostuvieron que se demostró que “los trámites cuestionados no involucraban contratos ni pérdidas de recursos públicos porque se trataba de proyectos en etapa preliminar y nunca se desembolsó la suma de $92.000 millones mencionada en los señalamientos”.
En el mismo sentido, manifestaron que la declaración de Benavides a la Fiscalía —conocida por una publicación de Noticias Caracol— “es contraria a lo expuesto en las audiencias de búsqueda de pruebas realizadas por la defensa y autorizadas por el Tribunal Superior de Bogotá”.
Vale recordar que en ese material revelado por el noticiero se escucha que la exasesora del ministro habla de una operación que se habría dado en diciembre del año pasado con el fin de aprobar de forma rápida unos millonarios créditos que necesitaba el Gobierno Nacional.
Por otra parte, María Alejandra Benavides mencionó un supuesto acuerdo entre el ministro Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. Según la exasesora, buscaban destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación sobornando a los congresistas necesarios.
El relato de la mujer coincide con el del Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, pues aseguró que para lograr esos créditos, Bonilla, Velasco y Ramírez destinaron contratos de la UNGRD por $92.000 millones para sobornarlos.
Al respecto, Benavides le contó a la Fiscalía que, en su momento, ella contactó a los congresistas para brindar los contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Y reconoció que llamó Karen Manrique, congresista por las curules por la paz, porque estaba interesara en un contrato en Arauca.
Ante estas declaraciones, el ministro Bonilla expresó en sus redes sociales que “puedo cometer errores, pero no delitos”, que enfrentará las responsabilidades “que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro” y que “nunca he jugado a esquivar la ley comprando silencios y nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa”.
Finalmente, enfatizó en que el presidente Gustavo Petro “cuenta con mi compromiso al frente de las finanzas públicas y no serán expuestas en ningún momento por estos avatares”.
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